La titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri, explicó los alcances del Presupuesto 2021 previsto para el organismo así como los principales proyectos a desarrollar el próximo año. Lo hizo ante las comisiones de Hacienda de Diputados y Senado, que presiden Jorge López (UCR) y Diego Costarelli (UCR), respectivamente.
La funcionaria, señaló que el Ministerio Público de la Defensa es la “puerta de acceso a la justicia de las personas vulnerables”, porque “las personas que no tienen dinero para acceder a un abogado privado, acceden a obtener sus derechos de la mano de los defensores públicos y de los asesores de niños y niñas”, con lo cual, “tenemos muchas necesidades” por la cantidad de fueros que involucra, desde lo familiar a lo penal. En ese sentido, sostuvo que en comparación con la Corte y el Ministerio Público Fiscal, “somos la institución de justicia más pequeña”, contando a la actualidad con 292 personas en toda la provincia.
“Hay falencias de personal”, subrayó, agregando que “nosotros, así como el MPF tiene facultades de investigación y necesita elementos para la investigación como el Cuerpo Médico Forense, peritos para los casos de abuso sexual, médicos criminalistas expertos, nosotros no tenemos nada. Cuando se habla de paridad de armas en un juicio, quiere decir que las dos partes en conflicto tienen que tener los mismos elementos o por lo menos el acceso a elementos. Nosotros no contamos con sistemas informáticos, estamos dependiendo de la información que el Ministerio Público Fiscal o que la Corte nos pueda brindar, para que nuestros defensores puedan desarrollar la tarea de la mejor manera posible”.
Silvestri, destacó al respecto que “la defensa dentro del esquema del procedimiento acusatorio de la parte penal, debe tener facultades investigativas y para ello, necesitaría mínimamente de cuerpos auxiliares de personas. No tenemos cuerpo de peritos, tampoco peritos que puedan contrarrestar la opinión de otros peritos de la parte, que son los del Cuerpo Médico Forense. Cuando por ejemplo, se hace una cámara Gesell por un abuso sexual infantil, los peritos oficiales son los peritos del MPF y es una parte del conflicto, es la parte que investiga, y no hay posibilidades en la defensa pública de poner un perito de control”.
“Otro punto en el que estamos en deuda, es el Órgano de Revisión en materia de salud mental. La Ley de Salud Mental nacional, predica una modalidad nueva de tratar a las personas con padecimientos mentales. Es no dejarlas eternamente internadas en los hospitales monovalentes, predica una transformación de esos hospitales, predica una manera mucho más horizontal de tratar estas patologías. Para ello, hay organismos de control que existen en casi todas las provincias, que hacen un seguimiento de las internaciones. En Mendoza, necesitamos ese Órgano, integrados administrativamente en la Defensa Pública, para lo cual se necesita un mínimo equipo interdisciplinario de personas expertas, psicólogos, psiquiatras, un abogado experto en salud mental”, destacó.
Por otro lado, hizo mención a las transformaciones en materia penal, pero también en familia, con la implementación de la oralidad. “La oralidad significa inmediación y transparencia, pero también significa tiempo y dedicación de gente, por ello se requieren más cargos, porque la agenda de audiencias se ve dañada por la falta de personal, particularmente en el caso de asesoras de niños y niñas, que son magistrados que están presentes en todos los juicios donde son vulnerados derechos de niños, sean laborales, penales, de familia, civiles. Concentran la mayor actividad en casos de familia, pero la materia penal les está llevando muchísimo tiempo porque hay un gran número de abusos sexuales infantiles y las asesoras de menores tienen que estar presentes tanto en la toma de la testimonial por Cámara Gesell, como en los juicios. Y precisamente, el staff de asesoras de menores es muy competente, pero cuentan solamente con la asesora y dos administrativos. Es decir, no hay un abogado auxiliar (co-asesor), que no pasan por el Consejo de la Magistratura pero sí por concurso. Es una necesidad imperiosa”, puntualizó.
En esa línea, afirmó que este 2020 “ha sido el año de la vulneración de derechos, porque ha habido incrementos de maltratos intrafamiliares, abusos sexuales, todo derivado del encierro. Y además, esta gran crisis económica, va a llevar a la multiplicación de conflictos y a que esa gente que tiene conflictos no pueda pagar un abogado con lo cual, habrán más demanda a los defensores públicos de la que ya hay”.
Silvestri, expresó que el presupuesto operativo del Ministerio “se compone del 5% de lo que se recaude de tasa de justicia, que es lo que tributa la gente para litigar. Depende de lo que se pueda recaudar en tasa de justicia. Eso nos sirve para los gastos operativos”.
Con esos recursos, dijo, “compramos computadoras pero con la pandemia tuvimos que salir a comprar cámaras y equipos de audio para que pudieran trabajar de manera remota. Es decir, venimos trabajando en forma prolija pero sin posibilidades de crecimiento”.
Señaló respecto a la pauta presupuestaria, que con personal, el presupuesto es de 1.338 millones de pesos, de los cuales 910 millones son para sueldos. Además, indicó que han solicitado para la parte funcional operativa, 37 millones de refuerzo, y 25 millones para reclamos salariales.