El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, en la última jornada de exposiciones en torno al Presupuesto 2021, expuso ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras la pauta prevista para el Poder Judicial, e hizo un repaso de lo actuado durante este año “atípico”, por el contexto de pandemia.

En ese sentido, dijo que tras la primera quincena del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, “se empezó a trabajar dentro de la normalidad que implica la pandemia”. Como ejemplo, mencionó que en la Primera Circunscripción Judicial, tomando todos los fueros, el total de causas ingresadas el año pasado fue de 69.375, mientras que este año, “a esta fecha”, ingresaron 39.948.

Si se suma el foro tributario, el Poder Judicial “ha atendido el año pasado a más de 280 mil personas, “personas que han venido con algún conflicto a intentar que el Poder Judicial se lo resuelva”, dijo.  A esta altura del año, “han sido 154.896”, y en cuanto a la cantidad de audiencias, el año pasado se realizaron 45.400 audiencias, y este año estamos en las 23.900. “Si se mira en términos porcentuales, esto es cantidad de audiencias versus cantidad de causas ingresadas, vemos que a esta altura del año tenemos casi el mismo porcentaje de audiencias del año pasado en base a causas ingresadas. Esto implica que en pandemia, el Poder Judicial ha podido reinventarse, hemos trabajado en aplicación de nuevas tecnologías que nos ha posibilitado que dentro de esta nueva normalidad, se puedan haber hecho esa cantidad de audiencias”.

En el Fuero Laboral, la cantidad de sentencias que se han emitido en lo que va del año, “implica casi el 85% de las sentencias que se dictaron el año pasado, y este fuero ha librado cheques por más de 600 millones de pesos”, detalló.

En otro orden, dijo que “de los montos de libre disponibilidad que tiene el Poder Judicial, los que no están dirigidos a los gastos mínimos, hemos cambiado la lógica y se ha invertido el 42% en tecnología, como el desarrollo de la Mesa de Entrada Virtual, “que nos ha permitido reemplazar el ingreso de documentos escritos en papel por Mesa de Entrada física, a un sistema totalmente  virtual, con el equipamiento masivo de salas de oralidad y con todo lo que implica este sistema nuevo de gestión del Poder Judicial. Hemos subido la aplicación de tecnología en relación a bienes y servicios y gastos de funcionamiento normal del Poder Judicial”.

El sistema de VPN, esto es, la cantidad de personas que están trabajando desde sus casas, suman  2700 habilitaciones en lo que va del año. “Esto implica que hemos pasado de un sistema de pura presencialidad, con gestión física documental de los expedientes, a en menos de un año, un sistema de semipresencialidad y gestión electrónica en documentación”, con equipos de trabajo que funcionan 14 x 14.

En relación al Presupuesto elevado para 2021, destacó que se han pedido 8.244 millones de pesos, de los cuales el 89% va para gastos de funcionamiento y 11% para programas que el Poder Judicial tiene previsto desarrollar. Garay, remarcó al respecto que el impacto en el Presupuesto de la provincia, ha rondado en los últimos años entre el  3 y el 3.10% del presupuesto provincial. No obstante, señaló que en el Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo, la pauta para justicia ronda el 2,65% respecto del total y que por lo tanto, han solicitado el 3,1% del total de recursos que prevé la Ley de Leyes para el próximo año.

Dentro de los ejes de gestión previstos para el Poder Judicial, el magistrado mencionó el mejoramiento de acceso a la justicia y de los canales de comunicación, “lo que implica obra pública, porque hay tribunales que tienen que ser adaptados, especialmente Familia, así como la infraestructura tecnológica”. También se prevé la puesta en línea del nuevo Portal Web y de la línea 160, y dentro del Portal Web, “prevemos un portal de datos abiertos, que va a permitir que el Poder Judicial empiece a compartir por un sistema de panel de control, todos los datos que tiene de su funcionamiento, por Tribunal, por juez, tasa de apelabilidad, cantidad de demandas incorporadas, etc”.

Asimismo, planteó como meta la implementación “íntegramente del Expediente Electrónico en todos los fueros e instancias y la aplicación de políticas públicas asociadas. “Esto permitirá no sólo la presentación de escritos dentro de cada expediente, sino también que el expediente electrónico pueda ser completamente visible para cualquier particular o los abogados”.

En cuanto a las políticas públicas asociadas, mencionó que son todas aquellas vinculadas a reformas procesales que implican el expediente electrónico, como las notificaciones electrónicas o el domicilio real electrónico.

“Se pretende la puesta en funcionamiento del sistema ADF, FLEX y IURIX”, dijo, y agregó que todo ello implicará para el próximo año una “reestructuración de roles en juzgados con revisión de estructuras, justamente para la implementación de estos sistemas de manera efectiva. Se requiere una nueva estructura que responda a los nuevos requerimientos”.

“El Presupuesto 2021 que hemos remitido, logra un equilibrio entre gastos corrientes y los bienes de inversión física y tecnológica”. Se prevé que de esta forma, “vamos a invertir más en tecnología y en bienes físicos que en gastos corrientes”, subrayó.

Por otra parte, afirmó que “no podemos pensar en un proceso de mejora de acceso a la justicia sin inversión en tecnología”, por eso, “nuestro plan de inversión es de $550.528.887 para tecnología y oralidad”, enumerando en tal sentido, la implementación del portal web, inversión en software, línea 160 para consultas y sistemas de turnos, inversión en servidores y nube, plataforma de videoconferencia, renovación de equipos, y la creación de una aplicación móvil que le dará a los matriculados las notificaciones, acceso a los escritos y estará vinculada al sistema IURIX.

En cuanto a la oralidad, “es una imposición que comparto de la propia Legislatura, la inmediatez requiere a la oralidad, estamos trabajando con un gestor nuevo, con el BETA 4, que nos permitirá tener un sistema online de la gestión del recurso humano, que le permitirá al empleado realizar cualquier tipo de acción”, puntualizó.

En lo concerniente a Obra Pública, se prevé una inversión de $335.268.386330 “con una mirada federal”, mencionando la renovación del palacio de justicia, el Juzgado de Familia de Lavalle, el edificio Judicial de General Alvear, la refuncionalización del palacio de justicia de San Rafael, mejoras para los juzgados de Godoy Cruz y Rodeo de la Cruz, refuncionalizar la ex Bodega Giol, donde funciona el Archivo Judicial; el polo judicial, es decir, todas las circunscripciones de la provincia. “Una mejora en la calidad de atención al ciudadano, también requiere de una infraestructura óptima”, expresó.

En otro orden, hizo alusión a los programas que deberán implementarse vinculados con Leyes aprobadas en la Legislatura, para lo cual se necesita personal,  como el Fuero Penal Colegiado (Ley 9040) para lo que se requieren más funcionarios por la oralidad, el Fuero Civil (Ley 9101); el Cuerpo de Peritos Médicos Laborales (Ley 9109); jueces de familia, cuerpo de mediadores y descentralización del RUA (Ley 9120); la creación e implementación del Juzgado de Familia en Lavalle (Ley 8755); el programa Puntos de Encuentro (Ley 8647), y la extensión del servicio de justicia de Género y Diversidad (Ley 26.485).

Garay, insistió en la necesidad de contar con tecnología porque permite acortar los tiempos y brindar “mayor transparencia. Al tener todos los datos públicos, ponemos foco en el ciudadano”. “Tenemos que adecuarnos” y para ello, “se debe trabajar en una política de protección de datos, para permitir que los datos sensibles sean protegidos”.

Finalmente, con respecto a la Ley Micaela, informó que se firmó un convenio para la realización de la capacitación virtual, que el programa fue conforme a la Ley, y que en lo que del año, “ya llevamos 296 personas que han aprobado el curso”.