Gabriel Balsells Miró, fue el encargado de cerrar la ronda de presentaciones del Presupuesto 2021, al exponer las proyecciones para la Oficina de Ética Pública ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.

Señaló que la Ley 8993 regula la conducta de los funcionarios en el ámbito de la Administración Pública y que en ese sentido, “el ámbito de aplicación es muy amplia, porque son sujetos obligados todos los entes públicos de Mendoza, incluyendo los tres Poderes del Estado, las sociedades del Estado, las empresas contratistas, agentes públicos que son representantes de gremios en la Administración Pública, y los municipios”.

Explicó que “actuamos dentro del ámbito de la Unidad Legislativa pero con autonomía, es un órgano técnico, hace su propio presupuesto y tenemos a nuestro cargo los Registros y las investigaciones administrativas”.

Por otra parte, la Ley 9070 de Acceso a la Información Pública, “nos determinó a crear un área nueva, con lo cual tenemos tres: Investigaciones Administrativas, el área de Registro y el área de Acceso a la Información Pública”, indicó.

En tal sentido, dijo que cuentan con personal en comisión que pertenecen  4 a Fiscalía de Estado,  8 al Senado y uno al EPRE, con lo cual “necesitamos no crear cargos nuevos sino que se nos transfieran los créditos para tener personal propio. El año pasado el único cargo que se cargó en el Presupuesto fue el del auditor, esperamos tener cargados esos créditos como las cuatro personas de Fiscalía de Estado”, el año entrante.

En esa línea de funcionamiento, sostuvo que “a diferencia del año pasado, hemos resuelto nuestro problema edilicio gracias a las autoridades del Senado”, y manifestó que les falta actualización tecnológica “porque trabajamos mucho con ello, por ejemplo, con lo relacionado al Acceso a la Información Pública. Hemos puesto un sistema en primera línea  para los pedidos, donde no solo actuamos sobre los incumplimiento sino que también realizamos un monitoreo permanente para prevenir  precisamente los incumplimientos”.

Mencionó al respecto que han ingresado al 19 de octubre, 755 pedidos de acceso a la Información Pública, de los cuales 724 fueron contestados y se encuentran en proceso de respuesta, 27. Esto ha permitido tener una “buena calificación del Banco Mundial, como provincia, un buen concepto de lo que institucionalmente es la provincia de Mendoza”.

“También hacemos un monitoreo de lo que es Transparencia Activa”, es decir, se monitorean 60 sitios web de la provincia, en cuanto a claridad de la información que se publica, el diseño, accesibilidad a datos, y “actuamos frente a recursos por incumplimientos, que afortunadamente, frente al total de 755  pedidos ingresados, sólo 23 casos se han dado incumplimientos, que a veces son parciales, en 18 por preguntas incompletas y el resto porque se hicieron por vías que no correspondían o porque no tenían el sistema ticket”.

Balsells Miró, indicó que a la actualidad 13 municipios han adherido a la Ley de Acceso a la Información Pública, “antes eran 8”, lo que es “importante pero redobla el esfuerzo del equipo de trabajo de la Oficina,  porque hay municipios que no tienen GDE –Gestión Documental Electrónica- , expediente electrónico,  lo que nos lleva a hacer capacitaciones, a notificar con el sistema anterior”. En total, sostuvo, son “casi 60 los organismos controlados”.

“Esto es muy importante porque el Acceso a la Información Pública nos ha permitido hacer una prevención y que el ciudadano esté informado”, subrayó, y agregó que lo que sí necesitan es una “adecuación del sistema informático. Hablamos de un sistema ticket que se extienda a todos los municipios, para que en cualquier punto de la provincia se pueda hacer un pedido”.

No obstante, reiteró que se ha avanzado mucho “con el tema de Gobierno Abierto y Transparencia Activa”.

Desde que la Oficina comenzó a funcionar, “tenemos 380 dictámenes, todos subidos a nuestra página Web para quien los quieran consultar y estamos tramitando 524 expedientes, por lo que hemos trabajado arduamente, aún en pandemia”, destacó.

En cuanto al área de Registro de Declaraciones Juradas, dijo que “ha sido muy importante, y me animaría a decir que en proporción a la cantidad de funcionarios, es el más grande del país. Tenemos  hoy 12 766 declaraciones juradas en el sistema, abarcamos municipios, los tres Poderes, empresas del Estado. Necesitamos un servidor propio. Hoy estamos con el servidor oficial que es el de la provincia, pero necesitamos de uno propio que requiere de una adecuación tecnológica. Si bien la información es segura, es mucho más ordenado depender de nuestro propio servidor”.

Como ventajas del sistema, resaltó que la información “puede ser consultada por cualquier ciudadano. En la Nación, la Oficina Anticorrupción, pide DNI, nombre y para qué se realiza el pedido. Nosotros no pedimos ningún dato a nadie para que cualquier ciudadano lo consulte”.

Detalló asimismo, que “también hacemos la carga de los sancionados, hemos hecho las capacitaciones a quienes han  designado para cargar sumarios administrativos y  aquellos que estén cesanteados. También para saber si hay sumarios abiertos, qué tiempo permanecen abiertos. Es decir, cuántos hay y qué demoras tienen”.

Al respecto, indicó que “nos gustaría que la oficina de sumarios pasara a nuestra oficina, reformando un artículo de la Ley, porque es más específica nuestra función”.

También tienen la carga de objetos o viajes que ha donado alguna fundación o empresa, los proveedores y concesionarios del Estado, y las declaraciones juradas de quienes son los dirigentes sindicales. “La única ley del país que está en avanzada en este sentido”, sostuvo. A ello, se agregan las actualizaciones al 30 de junio.  “Este año se han realizado más de 1500 actualizaciones más las que se producen cada vez que hay cambios de autoridades”.

Finalmente, dijo que el presupuesto para su área es de 10.993.478,97 pesos.