La comisión de Desarrollo Social, que preside Marcela Fernández (UCR), analizó diversos proyectos relacionados con discapacidad en el marco del mes de la inclusión. Entre ellos, dos iniciativas vinculadas con capacitaciones en derechos, impulsadas por Hebe Casado (PRO) y Ana María Andía (UCR).

Para hablar de la temática fue invitada Mónica Bascuñán, representante de colectivos de personas con discapacidad, quien en líneas generales vio con buenos ojos los proyectos en análisis.

Tanto la propuesta de Casado como la de  Andía, apuntan a capacitar en derechos de las personas con discapacidad al personal de la Administración Pública, con el objetivo de eliminar las barreras que vulneran su ejercicio.

En la fundamentación, señala Andía que se “busca capacitar y sensibilizar personas que se desempeñan en la función pública en nuestra provincia, en conceptos, disposiciones, normativas, excepciones y regulaciones competentes -así como promover la cabal comprensión de las mismas- que rigen sobre los derechos de las personas con discapacidad, de manera que puedan participar en forma proactiva en la eliminación de barreras que dan origen a la vulneración de sus derechos”.

“El Estado es un actor central en el desafío que implica la eliminación de esas barreras actitudinales construyendo espacios de diálogo, visibilizando los derechos de las personas con discapacidad, identificando la variedad de obstáculos a los que se enfrentan de manera cotidiana y evitando cualquier forma de vulneración de derechos”, añade.

Establece como autoridad de aplicación al Consejo de Discapacidad de la provincia, quien certificará la calidad y contenido de las capacitaciones que se desarrollen en cada organismo, e invita a los municipios a adherir.

Según señaló Bascuñán, la “capacitación en perspectiva de discapacidad está muy bueno, y además es bueno que se establezcan como obligatorias para que nadie pueda negarse. Algo parecido a la Ley Micaela”, dijo, agregando que “es de suma importancia también que quienes vayan a dar estas capacitaciones tengan una mirada que vaya más allá de lo técnico, porque  vemos cotidianamente que gente que técnicamente está muy preparada luego no puede trasladar ese conocimiento a la práctica por la misma cotidianidad de las personas con discapacidad. Se necesita de sensibilidad y empatía”.

Otro de los temas abordados es un proyecto de Pablo Priore (PRO) que propone adherir a la Ley Nacional 26.858, cuyo objeto es asegurar el derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.

También se hizo referencia  a una iniciativa de Eduardo Martínez (PI), por la que se promueve instalar placas identificatorias en código  de lectoescritura Sistema Braille, en el ingreso de todos los edificios de la Administración Pública Provincial.

“Celebramos todas estas iniciativas, nos parecen bien, esto es un constante aprendizaje. Esto hace a la inclusión y lograr la autonomía es imprescindible”, apuntó Bascuñán, quien ponderó esta última iniciativa teniendo en cuenta que “en estos edificios públicos es donde generalmente se hacen tramites”.