La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción a un proyecto de Daniela García, Paula Zelaya, Andrés Lombardi y Emiliano Campos (UCR), por el cual se dan por cumplidos los cargos impuestos por la Ley  2206 al Club Jorge Newbery, del departamento de Las Heras, y permitir así atender una demanda de los barrios ubicados en sus inmediaciones para la creación de un espacio comunitario.

García, explicó durante el tratamiento en el recinto que el club Jorge Newbery fue fundado en octubre de 1921, para la realización de diversas actividades deportivas. Allí se instaló un gimnasio de box y con el tiempo, en 1922,  el club ingresa en la liga mendocina de fútbol. En el año 1953, mediante la sanción de la Ley 2206, la Provincia dona al club un terreno fiscal con cargo de construir allí su sede social y campos de deportes.

A partir de la obtención de un espacio físico para el desarrollo de sus actividades, el club crece y se consolida en varios deportes de la época. “Se construye una cancha de fútbol, salón de usos múltiples, pista de atletismo, canchas de bochas, etc. Durante varias décadas el club crece y se desarrolla, cayendo luego en decadencia”, indica en tanto la fundamentación, y agrega que “desde hace años, tal vez más de 20, la institución dejó de militar en el deporte y luego de diversas administraciones quedó sin conducción y en vías de extinción”.

El estado de abandono del lugar “fue total, produciéndose la usurpación de los terrenos y la instalación de un asentamiento. En ese momento, se instalaron 90 familias.  Como la comunidad barrial empezó a demandar a los poderes públicos una solución, el Gobierno provincial, a pedido de la Municipalidad de Las Heras, dispuso mediante Decreto Provincial 2115, del 1 de noviembre de 2017, la intervención del club y designó un interventor para regularizar la institución y recuperar los terrenos donados. En asocio con la Municipalidad de Las Heras y la Provincia, la intervención logró erradicar la población vulnerable mediante la implementación de un plan de arraigo y reubicación de las familias, liberando así el terreno de sus ocupantes”, comentó la diputada.

En el recinto, Daniela García sostuvo además que  “la actual comisión, hizo con los vecinos un proyecto de revitalización del club. El tema jurídico era un problema para tomar algún tipo de crédito por tener un cargo”, de allí la necesidad de dar por cumplidos esos cargos impuestos en la Ley de donación.

En 2021 se cumplen 100 años de su fundación, “es por eso que hoy debemos salvar su historia”, señaló García.

En las cercanías de este emblemático club, se ubican importantes barrios como los Cementista I y II, Infanta, Sargento Cabral y el Jardín Los Andes, entre otros. “En estos conglomerados se viene insistiendo, por lo menos desde hace una década, en que el ex complejo deportivo tendría que ser abierto a la comunidad, a la práctica de juegos, actividades sociales y de esparcimiento, tal como ha ocurrido en otros sitios donde se recuperaron entidades que estaban al borde de la desaparición”, destacan los fundamentos, subrayando que el objetivo de los vecinos es “generar un espacio comunitario con destino a una amplia población infantil que reside en las inmediaciones, que no tiene polideportivos o lugares de similares características”.

Por su parte, Mario Vadillo (CpM), adelantó el voto negativo “no por no dotar a la provincia de un club sino que este club no existe, no existen las instalaciones. Lleva  cien años y hoy no hay nada”. También Mailé Rodríguez (FIT), manifestó su negativa por dudas respecto “al destino de este predio”.

En igual sentido, Mercedes Llano (PD) expresó su voto negativo señalando que “la política del municipio para combatir usurpaciones es acertada. Coincidimos con la necesidad de revitalizar el predio hoy en desuso. Sin embargo, no creemos que los medios propuestos para esa revitalización sean los adecuados”, al tiempo que indicó que a su entender, se requería intervención de Fiscalía de Estado.

En tanto, Germán Gómez (FdT-PJ), también adelantó el voto negativo de su bloque al considerar que primero “hay que resolver la situación social” de algunas familias que continúan en el predio.

A su turno, Emiliano Campos (UCR), aclaró que “no estamos eliminando el cargo, sino darlo por cumplido, lo que implica darle seguridad jurídica al club”. Además, respecto a la intervención de Fiscalía de Estado, dijo que “la facultad de imponer cargo, modificarlo, donar, es exclusiva de la Legislatura. No podemos pedir autorización a Fiscalía de Estado para hacer algo que es facultad propia de la Legislatura”.