La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (FR-UP), recibió a autoridades del Colegio de Agrimensores de la provincia, quienes plantearon algunas inquietudes respecto al proyecto de Ley de Impositiva 2021 que se encuentra en estudio en la Cámara Baja.

Los profesionales hicieron referencia al artículo 42 de dicho proyecto, que establece instruir a la Administración Tributaria Mendoza para adaptar la normativa vigente al cumplimiento de la Ley Nacional de Catastro N° 26.209.

“No sabemos la letra fina del proyecto, no conocemos el detalle, y además, es una incorporación en una Ley no vinculada al catastro”, indicaron.

En su momento, cuando se presentaron las leyes de Avalúo e Impositiva, el titular de ATM, Alejandro Donati, explicaba a las comisiones de Hacienda que la Ley Nacional data de 2007 y “deja en manos de las provincias lo que tiene que ver con el poder de policía y toda una reglamentación”. En el caso de Mendoza, desde que se creó ATM en 2013, “tenemos todas las facultades otorgadas para poder aplicar todo lo que exige la Ley Nacional”.

La Ley nacional, comentaba en aquella oportunidad, pide dos certificados: un certificado catastral que es el que tramitan los escribanos y que desde 2017 “lo trabajamos vía web”, y exige además el certificado de verificación de subsistencia de estado parcelario, “que es como la verificación vehicular que se solicita cuando se transfiere un vehículo”.

“Acá no se aplica pero hay más de 12 jurisdicciones en el país en donde sí está implementada”, dijo y aclaró que “en todo registro, en transferencia de derechos reales, intervienen cuatro actores, los agrimensores, los escribanos, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección Provincial de Catastro. La verificación de subsistencia está directamente vinculado con los agrimensores y el catastro provincial. En ese sentido, subrayó, van a seguir trabajando los agrimensores, no se elimina su participación en esa verificación”.

“Lo que cambia es que hoy los planos de mensura tradicionales, actualmente no tienen una vigencia, quiere decir que cada vez que se va a hacer una transferencia de un inmueble hay que tramitar un plano de mensura. En ese sentido, lo que pide la Ley Nacional, es implementar esta verificación que consiste en que se da una vigencia a los planos de mensura”, comentó.

Donati, señaló que en otras jurisdicciones lo que se previó es una vigencia de planos de mensura de 2 años para terrenos baldíos; de 5 para propiedades urbanas o suburbanas, y de 10 años para  propiedades rurales. “Si la vigencia es menor a dos años, no va a haber que hacer un plano de mensura nuevo sino hacer un plano conforme a la verificación de subsistencia, que es constatar  que el plano que le está exhibiendo la Dirección de Catastro coincide con lo que se está transfiriendo”.

Durante el encuentro mantenido hoy en la comisión de LAC, Tirso Andía, titular del Colegio de Agrimensores, señaló que “hemos visto lineamientos generales, no conocemos precisiones, detalles. Como Colegio queremos emanar algún tipo de opinión que contribuya al proyecto. La Ley Nacional de Catastro es una Ley de presupuestos mínimos que en la provincia contempla muchos de esos aspectos”.

“Lo que más nos inquieta no es la adaptación a la Ley nacional, sino que no conocemos la instrumentación, a través de qué sistema se haría. Nos preocupa el tema técnico. Esas son las dudas que se nos generan”, expresó.

Roberto Bär, vicepresidente de la Institución, sugirió en esa línea “eliminar ese artículo” y que se de tratamiento en una ley aparte “garantizando mecanismos de participación. Que la discusión se dé en una ley específica o que arbitre los medios para trabajar en un proyecto de complementación”.

Por su parte, el diputado Emiliano Campos (UCR), destacó la importancia de la labor que realizan los agrimensores e indicó que con esta incorporación, se da “más agilidad y en algunos casos resulta menos oneroso. Muchas veces las operaciones se caen porque las transferencias son sumamente onerosas”.