Se trata de una iniciativa de María José Sanz (UCR), que fue abordada en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales con la presencia del director del Instituto Universitario de Seguridad Pública –IUSP-, Alejandro Antón, y el titular del Registro Provincial de Huellas Genéticas, Miguel Marino.

Mediante este proyecto, se propone incorporar al Registro las huellas genéticas de todas aquellas personas que pretendan ingresar al IUSP y al Instituto de Formación Penitenciaria “siendo condición para el ingreso, el cumplimiento del presente requisito”. Además, promueve incorporar también las huellas genéticas de todas aquellas personas que inicien los trámites legales pertinentes en el Registro Provincial de Armas y el Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada. Todo ello, mediante la incorporación de dos incisos en el artículo 6° de la Ley 8611

Antón, propuso respecto de los vigiladores privados, que “habría que ingresar en el banco de datos los que ya están trabajando como vigiladores. Propongo que como la credencial se tiene que renovar cada cierto tiempo y ese curso de renovación se hace en el Instituto, que sea en ese momento en que se le tomen las huellas porque tenemos la certeza que están trabajando”

“El Instituto valida la capacitación. La credencial la entrega el REPRIV, nosotros hacemos un curso y examen para revalidar esa credencial, que es personal”, aclaró el titular del Instituto, señalando que “es un colectivo de 10 mil guardias, es un volumen importante”, con lo cual “es un aporte importante para la base de datos”.

A su turno, Marino destacó que “todo lo que mejore nuestra función es para mí un entusiasmo. En este caso en particular, no significaría mucho más de lo que hacemos habitualmente o de lo que estamos obligados de hacer. Hoy los que egresan tienen que tener su muestra. Por lo que conozco, sé que el nivel entre los que ingresan y egresan (al IUSP) es muy bueno, no hay una deserción importante por lo que estaríamos cubriendo lo que la ley nos obliga, pero antes, al momento del ingreso”.

Resaltó en tal sentido que “es muy bueno en varias facetas” el proyecto, porque “cualquier persona que está hoy cumpliendo alguna función en la Fuerza o que tienen algún tipo de preparación es factible que pueda ser un posible contaminante del lugar del hecho”.

Por otra parte, afirmó que hoy “tenemos la base de datos más importante de Latinoamérica. Gracias a los esfuerzos legislativos que se han hecho, tenemos una de las mejores leyes de base de datos que conozco, es ágil, nos ha permitido crecer, y hoy tenemos más de 50500 muestras”.

En primera instancia se cargaron las muestras de las personas privadas de la libertad, luego se procedió a la carga de datos y actualización de software,  para luego, “encargarnos de las Fuerzas de seguridad, incorporamos 10.500 policías dentro de la base de datos”. El objetivo ahora es en 2021 ampliar esa base de datos y “cargar a esas diez mil personas” de las empresas privadas de seguridad “en el momento de la renovación del carnet, que es el momento, porque uno le exige a las empresas además de renovar la credencial, tener la muestra”, destacó, al tiempo que consideró la propuesta legislativa como una “excelente idea”.

En la fundamentación del proyecto en estudio, la diputada Sanz destaca que el Registro Provincial de Huellas Genéticas digitalizado, “se sustenta en la aplicación de un programa creado por los técnicos y científicos del Federal Bureau Investigation (FBI), de los Estados Unidos. Este software, identificado como  CoDIS (Combined DNA IndexSystem), y permite la investigación criminal con base en la recopilación de datos genéticos” que ha permitido a la Justicia Provincial “la detención de delincuentes acusados de crímenes aberrantes”.

“Pero entendemos que el espíritu y la aplicación de la Ley Nº 8.611 debe extender su aplicación no solamente “al personal perteneciente a la Policía de la Provincia de Mendoza, Servicio Penitenciario de Mendoza, Policía Judicial, funcionarios y/o personal del Poder Judicial y/o del Ministerio Público que intervengan en la investigación penal, incluyendo contratados, y demás fuerzas de seguridad que operen en el territorio provincial”, sino también, y como condición irreductible, a todos aquellos potenciales ingresantes a las Fuerzas Policiales, a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública”, añade al respecto.

Es decir, “que aquellos interesados en ingresar al Instituto Superior no solamente deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos intelectuales y físicos propias del citado Ente, sino que deberán prestar su conformidad y aceptación a la identificación genética, que pasará a inscribirse en el Banco de Datos genéticos digitalizado de la Provincia”, así como también, para el caso de la vigilancia privada, subraya Sanz.