La comisión de Desarrollo Social, que preside Marcela Fernández (UCR), dio despacho favorable a una iniciativa de Ana María Andía (UCR), a la que se le acumuló otra propuesta de Hebe Casado (PRO), mediante el cual se establecen capacitaciones obligatorias en derechos de personas con discapacidad.

En este proyecto, se reconocen las obligaciones del Estado provincial en relación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto por su dignidad inherente, su autonomía  e integración, enfatizando en su interacción con el ambiente donde vive y con el cual interactúan y atendiendo a las barreras que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad.

De esta manera, y en ese marco, se establece la capacitación obligatoria y actualizada en derechos de las personas con discapacidad y en la eliminación de barreras que vulneran su ejercicio, para todas/os los agentes que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado provincial. Tal capacitación se realizará en la forma que establezcan los respectivos organismos en donde se desempeñan.

La Autoridad de Aplicación será el Consejo de Discapacidad de la provincia de Mendoza u organismo que en un futuro lo reemplace, quien será a su vez el responsable de la implementación de las capacitaciones, los contenidos y su actualización, así como del desarrollo de las actividades, debiendo encuadrarse en las normativas internacionales, nacionales y provinciales vigentes vinculadas a la temática de discapacidad.

Plantea además, que será el encargado de certificar la calidad y contenido de las capacitaciones que se desarrollen en cada organismo, cuya propuesta concreta deberá ser enviada al Consejo dentro de los seis meses siguientes de la entrada en vigencia de la Ley.

De igual forma, dispone que las  personas que se negasen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas, serán intimadas en forma fehaciente por la Autoridad de Aplicación y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente.

Según señalaron desde la comisión, uno de los elementos que se agregan al texto, es la invitación a organizaciones y a personas con discapacidad para que se sumen al Consejo y establecer, por otra parte, el carácter público de esta normativa.