La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (FR-UP),  analizó junto a la titular de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero, una media sanción del Senado por la que se propone un procedimiento administrativo en materia de defensa de los derechos de los consumidores.

 “Se comenzó a trabajar con el cuerpo de abogados de Defensa del Consumidor un código de procedimiento para la efectiva implementación de la investigación e imposición de sanciones respecto a los derechos de los consumidores”, explicó Daniela García (UCR), una de las autoras del proyecto que plantea, entre otros puntos, el principio de gratuidad en el procedimiento y que las actuaciones serán impulsadas de oficio.

Según indicó Lucero, “la Ley de Mendoza fue pionera en el país y es muy sabia. Hemos ido avanzando con el tiempo pero nos faltaba este código de procedimiento propio para lograr mayor efectividad. Las normativas tienen que ir acordes a lo que va pasando en la sociedad. Tenemos todos los procesos digitalizados y al momento de la pandemia, pudimos implementar las audiencias online para poder seguir dándole el servicio online a los consumidores”, aspectos que deben estar contemplados en esta Ley.

Asimismo, señaló que como en la provincia se modificó el Código de Procedimiento Administrativo, esta nueva legislación debe adaptarse a lo estipulado en la 9003.

Esta media sanción, tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para la efectiva implementación en la provincia, mediante la investigación, determinación e imposición de sanciones por violaciones a los derechos de los consumidores y usuarios previstos por la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, en la provincial N° 5547, los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito previstas en la Ley Nacional N° 25.065 - de Tarjetas de Crédito, en lo que se refiera a los aspectos comerciales de la misma -, y  toda Ley que establezca que su autoridad de contralor será la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza.

Se contempla también en el articulado las notificaciones electrónicas; reglamentaciones sobre las actuaciones de oficio y por denuncia; inspecciones; la instancia conciliatoria; la audiencia de conciliación: la etapa sumarial; imputaciones, descargos  y pruebas, entre otras disposiciones.

Lucero, resaltó respecto de la instancia conciliatoria que “muchas empresas, antes de llegar a una mesa conciliadora, ya presentan una propuesta. Cuando empezamos con el Expediente Digital, apenas recibimos la denuncia se la elevamos al proveedor y se van solucionando las cosas. Hay casos que se han resuelto en el día. Debo destacar algo durante la pandemia, y es que muchas empresas están solucionando en las instancias conciliatorias, si no, se va a la instancia de conciliación y si no prospera, se pasa a la etapa sumarial”.

Por su parte, Mario Vadillo (CpM), propuso agregar al texto en estudio “que se hagan intervenciones en forma colectiva, sea a través de asociaciones de defensa al consumidor o de personas que plantean una acción colectiva. Porque las denuncias individuales muchas veces son colectivas, y arreglando el problema de uno se arregla el de miles”.

“Otro tema es el de las medidas preventivas en el proceso administrativo, para que este capítulo tenga mayores facultades. Porque en algunos casos no ha podido actuar la Dirección, como el caso de los autoplanes, y la gente ha tenido que recurrir directamente a la justicia. Es un buen momento para dar estas facultades”, apuntó.

En ese sentido, Mónica Lucero dijo que “me parece importantísimo y sería bueno incorporarlo”, mientras que desde la comisión, se acordó continuar trabajando en el tema en las próximas reuniones.