Se trata de un proyecto de Sandra Astudillo (UCR), que comenzó a ser analizado en la comisión de Desarrollo Social. Plantea la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional 27.452, de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes que sean “víctimas colaterales de femicidio”.

“En el año 2018, se aprueba la Ley 27.452 “Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes”. Esta ley establece una reparación económica equivalente a una jubilación mínima para aquellos menores de 21 años, hijos e hijas de madres víctimas de femicidios, cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio. En caso de que los beneficiarios de esta reparación sean discapacitados, la reparación será vitalicia. Otorga además a los beneficiarios, cobertura de salud y atención integral”, cuenta la diputada respecto a esta Ley que fue reglamentada mediante el Decreto 871/18.

Dicha normativa, “surge a partir del femicidio de Daiana de los Ángeles Barrionuevo, mamá de gemelos de 7 años y Brisa, de 2”, de allí que a esta Ley se la conozca como Ley Brisa.

En el proyecto de Astudillo, se establece que la Dirección de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con la Dirección de Género y Diversidad, serán las encargadas de gestionar las acciones pertinentes para el efectivo cumplimiento de la Ley, difusión del beneficio y articular mecanismos de colaboración y acompañamiento en el proceso de obtención del beneficio”, invitando además a los municipios a adherir.

“Se trata de un beneficio cuyo origen y financiamiento es del gobierno nacional, sin embargo en Mendoza es menester no sólo darlo a conocer, sino gestionar los mecanismos para que efectivamente pueda llegar a los menores que tienen derecho a recibirlo”, dice Astudillo en la fundamentación.

En esa línea, agrega que “las estadísticas informan que 7 de cada 10 femicidios se cometen por la pareja o ex pareja de las víctimas, que suelen ser los padres de los hijos e hijas que quedan huérfanos al mismo tiempo: madres muertas, padres encarcelados. Algunos se suicidan, otros se fugan, lo cierto es que ese padre también está perdido, y de hecho la Justicia les quita los derechos sobre ellos. La mayoría de los hijos e hijas de las mujeres que han sido asesinadas van a vivir con familiares que asumen la responsabilidad de criarlos y mantenerlos. La tía de Brisa, por ejemplo, tenía tres hijos, y desde el asesinato de su hermana, cría y mantiene a seis”.

“Es nuestra responsabilidad no sólo difundir la existencia de este derecho, sino también colaborar con la gestión en su obtención porque en nuestra provincia existen niños, niñas y familiares que lo desconocen. Como así también acompañar a los potenciales titulares, para que puedan acceder a la documentación necesaria para el trámite, el cual es completamente gratuito”, puntualiza la legisladora.