El plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Economía, de la Cámara de Diputados, inició el análisis del contrato de transferencia de acciones de Potasio Río Colorado a la provincia. Durante el encuentro, del que participó el ministro de Economía, Enrique Vaquié,  el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú; y el responsable legal del Ministerio, Gustavo Boullaude, se acordó conformar una Mesa de Trabajo.

Cabe recordar que este miércoles, el Ejecutivo remitió el proyecto a la Cámara Baja a la vez que hizo entrega al vicegobernador Mario Abed,  y al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, de una copia para cada legislador de este  contrato que ya cuenta con todas las aprobaciones ambientales y legales.

La revisión de la totalidad de lo establecido en este documento fue realizado por Fiscalía del Estado y Asesoría de Gobierno, en tanto que para garantizar los beneficios del traspaso accionario a la provincia de Mendoza y verificar sus términos, fue revisado también por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía.

Lombardi fue el encargado de dar inicio a este plenario - que estuvo presidido por Jorge López (UCR) -, señalando que el objetivo es “trabajar en esta primera reunión de comisión plenaria sobre el proyecto que ha ingresado el miércoles a la Cámara”. Se trata, sostuvo, de la presentación formal por parte del Ministerio  para que luego puedan despejarse todas las dudas. Además, indicó que el próximo lunes una comitiva de legisladores visitará las instalaciones de la empresa, ubicadas en el departamento de Malargüe.

Según indicó el ministro Vaquié, “es un momento trascendental para el gobierno porque estamos recuperando un activo estratégico par a la provincia, que se inmovilizó a principios de 2013, que lleva casi 8 años sin actividad y para poder concretar la transferencia de las acciones, lo que está faltando es que se apruebe por Ley”.

El funcionario hizo un repaso del origen de Potasio Río Colorado, cuando en 2010 Vale anuncia una inversión de 6500 millones de dólares para la producción de  4,2 millones de toneladas de sales de potasio por año para exportar al mercado mundial, hasta llegar a fines de 2012 y principios de 2013, en que paraliza sus actividades. “Había realizado una inversión de 2500 millones de dólares. La planta en el sur planteaba una línea férrea hasta Bahía Blanca y un puerto en Bahía blanca. En aquel momento se frenó por la caída del precio internacional del potasio, también por problemas en las condiciones macroeconómicas como los tipos de cambio múltiples, las restricciones a la repatriación de utilidades, y al mal funcionamiento del federalismo que incrementó los costos de traslado. De Mendoza a Bahía Blanca se encarecieron los costos de la vía férrea”, recordó Vaquié.

En 2017, “empieza un estudio nuevo con Vale buscando la reingeniería del proyecto y buscando un nuevo socio, y a fines de 2018, Vale vende toda su misión de potasio, ya no se dedica más al potasio y a partir de ahí pasa a ser algo absolutamente marginal para la empresa porque no tenía una sección destinada a potasio. En 2019, en el primer semestre, empieza esta negociación que estamos terminando ahora, que firma el gobernador con Vale hace un mes aproximadamente y lo que está faltando es convalidarlo para terminar con el proceso”, subrayó.

Vaquié destacó además que “se fueron cumpliendo con todos los pasos legales e institucionales que la legislación de Mendoza pide, con algo que es una novedad, que no es habitual que pase en el país, y que tiene que ver con un procedo de adquisición de compra de un activo que generalmente se hace entre privados, que es muy raro que el Estado compre a un privado, cumpliendo con todos los mecanismos de buenas prácticas y adquisiciones que se conocen”.

Un punto en el que hizo hincapié fue en la confidencialidad, aspecto que se explica porque “todavía esto es propiedad de la empresa Vale, no es propiedad del gobierno. Si ustedes no acompañasen y cuando voten, votan que no, sigue siendo de Vale y no podemos divulgar la información de la empresa que surgió de todo el proceso. Hasta que se sancione la Ley es confidencial porque estamos conociendo información de un privado. Esto es muy común en las adquisiciones privadas, aunque lo adaptamos al funcionamiento público para que todos los participantes del proceso conozcan la información para poder decidir, firmar dictámenes y votar con conocimiento”.

“Si se aprueba la Ley pasa a propiedad de gobierno y cumple con todas las reglas, salvo las partes del contrato que se lleva Vale, que no pasan al patrimonio nuestro. Esa parte sigue siendo confidencial porque sigue siendo de Vale, lo que corresponde a Mendoza, una vez aprobado, se hace público”.

No obstante, Vaquié afirmó que los estudios ambientales son públicos. “Las DIA, que se actualizan cada dos años, no están en las cláusulas de confidencialidad.  Son públicas.  Lo confidencial es lo interno a la empresa Vale que sigue siendo propiedad de ellos.  El contrato, los anexos y la información de la empresa”.

Los activos que serían transferidos a la provincia tienen un valor económico de 250 millones de dólares, informó Vaquié, entre los que se cuentan 80 mil hectáreas, instalaciones para 3000 personas, con habitaciones, cocina, lavandería, naves industriales, un pequeño aeropuerto “con todas las condiciones de seguridad”, y un camión de bomberos, entre otros. “Además, hay 30 millones de dólares que cuando termine el proceso nos tienen que depositar para cubrir los costos a 5 años. Creemos que los costos van a ser menores y podemos cubrirlos por 7 años mientras encontramos socio, más allá de que el objetivo es encontrarlo en 2021”, subrayó.

Otro aspecto sobre el que se explayó fue el de la cláusula de indemnidad. Al respecto, sostuvo que “se lleva la indemnidad por todo lo que en el proceso se conoció. En el primer semestre del año pasado Mendoza contrató una consultora internacional que hizo todos los estudios para saber cómo estaba la empresa Vale, todo lo que integraba el patrimonio, que pasaron por Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno. Todas esas copias están guardadas en una Escribanía, por si hay alguna opinión distinta durante seis años, porque las cláusulas de indemnidad no son totales sino que tienen un límite, que son los temas que informó Vale”

Esto es, que “si surgiera algo que no conocíamos, no corre la indemnidad para acciones penales ni para reclamos que Vale se lleva y que no van a quedar en el patrimonio de Mendoza. y después un límite, que para hacer reclamos nuestros que no conozcamos tienen que tener un valor económico de por lo menos 10 mil dólares. Superar un límite para el reclamo, si no, están incluidos en los 30 millones de dólares y en los activos que nos estamos quedando”, explicó.

“Conceptualmente desde el Estado mendocino estamos sólidos en los conocimientos que tuvimos en los 19 meses de trabajo respecto de todos los papeles que nos entregó Vale. Si hay algo que no nos mostró y el Estado no lo conoció, para eso no hay cláusulas de indemnidad.  Si no lo trajeron, no lo conocemos y lo tienen que cubrir ellos.  Ningún reclamo nuevo ni de ellos a nosotros  ni viceversa puede ser por debajo de 10 mil dólares”.

Por otra parte, expuso sobre lo que proyecta hacer el gobierno de la provincia con Vale. Dijo al respecto que hoy el proyecto original de Potasio Río Colorado, con vía férrea y 4,2 millones de toneladas de sales de potasio “no es posible, sino que vemos un mercado que conceptualmente puede dividirse en tres partes”.

Por un lado, producción de sales de potasio en alrededor de 200 mil toneladas por año, es decir, el 5% de la propuesta original, para el mercado interno de Argentina que hoy importa ese producto, y para exportar al mercado regional, básicamente a Uruguay y Paraguay. “Esa producción se puede vender en Argentina y exportando a estos dos países”.

En segundo lugar, puede instalarse una fábrica de soda solvay “que se hace con el desperdicio de las sales”. “Para esas magnitudes, se puede hacer una planta, y  más la calcita, podemos producirla y es el insumo o la materia prima para vidrios. Hoy se trae de Chubut una parte y se importa la otra. Se va a producir la misma cantidad. Solamente Mendoza consume 30 mil toneladas año de soda solvay”.

El tercer punto, es que se puede potenciar la infraestructura haciendo un polo logístico de servicios petroleros, complementándolo con Pata Mora, para atraer la instalación de estos servicios. “Tenemos cuatro empresas interesadas en instalarse ahí, incluido YPF que quiere instalar una fábrica de polímeros”.

“Esas son las tres áreas para que se trabaje en Mendoza, la más rápida para generarle ingresos es el alquiler a las empresas”, indicó, y agregó que “queremos que Mendoza vuelva a tomar el control de Potasio, es importante, estratégico para el sur de Mendoza y para toda la provincia, porque  podemos generar empleos, puede ser un motor para el crecimiento del sur de Mendoza que para crecer necesita un lugar para empezar y allí tiene una función que cumplir el Estado”.

“Después de estudiarlo, es una transacción muy positiva para el Estado mendocino y sobre todo para las posibilidades que nos abre para el sur de la provincia, con el objetivo de generar empleo privado, que el desempleo baje y que los mendocinos tengan una calidad de vida mejor”, sintetizó.

Al término de su exposición, los legisladores formularon preguntas relacionados principalmente a los costos actuales de la empresa Vale, la cláusula de confidencialidad, la de indemnidad y las proyecciones respecto a la generación de empleo que tiene el Ejecutivo.

En tal sentido, tanto Vaquié como Guiñazú y Boullaude, indicaron que el costo para la provincia de esta transacción “es cero” y que “hay un depósito de dólares en una cuenta si se aprueba la Ley. Si se concreta esta transacción, vamos a tener 30 millones de dólares para solventar todos los gastos que tenga Potasio Río Colorado, a lo que hay que sumar los ingresos extra que tengamos por el alquiler de los servicios petroleros. Va a permitir que tengamos flujos positivos además de los gastos que tiene el mantenimiento”.

En cuanto a la generación de empleo, se estima que para la escala prevista, en la etapa de construcción de la mina de potasio se emplearán alrededor de 1000 personas, y cuando se termine la construcción para comenzar con la etapa de producción y comercialización, “250 personas trabajando ahí de manera directa, a los que hay que sumar los empleos indirectos y el  empleo por servicios petroleros que se irá viendo a medida que se vayan instalando las empresas”.

Vaquié, remarcó asimismo que “nos estamos quedando con las acciones de Potasio Mendoza. En otras provincias o países no tenemos nada que ver. Si la empresa tiene reclamos fuera de la provincia, son problemas de Vale, no van a ser problemas ni de la provincia ni de Potasio Río Colorado Mendoza”.

Finalmente, a propuesta del diputado Germán Gómez (fdT-PJ), se acordó conformar una Mesa de Trabajo para despejar todas aquellas dudas técnicas que pudieran surgir en el proceso de estudio por parte de los legisladores.