El ministro Ibañez expuso a legisladores los alcances del proyecto de reforma Constitucional

En el auditorio Ángel Bustelo, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, brindó detalles del proyecto ante las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras. Además, hizo un repaso histórico al respecto y dijo que es el puntapié necesario para avanzar en reformas institucionales.

En el marco del debate por la reforma constitucional en la provincia, las comisiones que presiden el senador Marcelo Rubio (UCR) y el diputado Jorge Difonso (UP-FR), escucharon la explicación del ministro Ibañez quien abordó el tema desde lo histórico y lo conceptual, previo a detallar los principales ejes del proyecto.  Del encuentro participaron también, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, el vicegobernador Mario Abed, el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, y el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, además de otros legisladores.

Ibañez, dijo que “cuando hablamos de la Constitución hablamos de algo trascendental y cuando hablamos de reforma también hablamos de un momento trascendente de la vida institucional” y subrayó que este tema, “se debate en el ámbito que la propia Constitución establece”. Aseguró asimismo que no se trata de una simple norma jurídica, sino que va más allá: “La reforma de la Constitución no es la reforma a la Ley de Tránsito”, resaltó.

“Toda reforma implica que una sociedad está haciendo un balance entre estabilidad y cambio, teniendo en cuenta el avance que se produce en toda sociedad”,  sostuvo, y reiteró que “esto no es una Ley, acá (los legisladores) no ejercen función Legislativa sino una función preconstituyente”, que es “sumamente importante” porque es el paso previo a que el pueblo vote por el sí o por el no. “Superada esa instancia, se convoca a los convencionales”, de allí “el error” de pensar “que con el proyecto, el Ejecutivo va a cambiar la Constitución”.

En esa línea, recordó que la Constitución de Mendoza es la más antigua de las provincias argentinas y que su última reforma importante se dio en 1916. Después de 105 años “esa Constitución vigente es una Constitución para una provincia muy distinta a la que tenemos hoy. Era una provincia con 250.000 habitantes, un 30% de padrón extranjero, donde las mujeres no votaban. Es de avanzada jurídicamente para su época, pero sufre los cambios de una sociedad” que avanzó. “Era otra provincia, otro país, otro mundo”, sentenció.

La reforma constitucional, “es uno de los temas o el tema más debatido desde el regreso de la democracia”, señaló “con aportes de todos lo partidos, con muchos aspectos diferentes pero también muchos comunes”, y agregó que “no hay quien diga cuándo es momento”, pero hay que resaltar que “en el mundo se han llevado adelante en momentos de crisis, que es cuando se disparan las necesidades del cambio”.

Respecto a cuáles son los principales puntos que contiene el proyecto remitido por el Ejecutivo provincial, indicó: “Incorporamos todos los derechos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales”, dado que actualmente, por ejemplo, “no están en el texto de la Constitución, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos públicos y promoverlo en el ámbito de lo privado”. Además  destacó el equilibrio fiscal que tendrá “impacto en la economía provincial y en beneficio de las fuerzas productivas y su relación con ese Estado más cuidadoso de las cuentas públicas”, así como “la jerarquización del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, para dotarlos de un grado de autonomía diferente”.

Otro punto al que hizo referencia es el de la unicameralidad garantizando “la representación territorial”. Ambos sistemas – bicameral y unicameral -, dijo, “no son buenos ni malos, lo importante es que el debate se dé desde las ventajas y desventajas de cada uno de ellos”. Otros aspectos resaltados, fueron  la ampliación del periodo de sesiones ordinarias, la eliminación de las elecciones de medio término, la autonomía municipal y la propuesta de bajar a 70 años, la edad máxima para el ejercicio de la función de los jueces.


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