La comisión de Desarrollo Social, que preside Marcela Fernández (UCR), otorgó despacho favorable a una iniciativa de Sandra Astudillo (UCR) por la que se establece que la provincia de Mendoza adhiera a la Ley 27.452 -“Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes”- y a su Decreto Reglamentario N° 871/18; más conocida como la “Ley Brisa”.
Explica el articulado que “la Dirección de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en coordinación con la Dirección de Género y Diversidad, serán las encargadas de gestionar las acciones pertinentes para el efectivo cumplimiento de la Ley, difusión del beneficio y articular mecanismos de colaboración y acompañamiento en el proceso de obtención del beneficio”. Asimismo, se invita a los municipios a adherir la presente ley.
Quienes estuvieron presentes en la reunión coincidieron en la importancia de una legislación de estas características y dialogaron sobre iniciativas en el mismo sentido. A su vez, remarcaron los orígenes de esta normativa nacional que surge a partir de la posibilidad de crear un “Régimen de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales de Femicidio”, tal como se expresa.
Así, la iniciativa se considera a raíz del caso de “Femicidio de Daiana de los Ángeles Barrionuevo, mamá de gemelos de 7 años y Brisa de 2 quienes tras su asesinato fueron acogidos por su tía y su marido, quienes ya tenían tres hijos” indica Astudillo en la fundamentación del proyecto local, y agrega que “en el año 2018, se aprueba la ley 27.452” la cual establece “una reparación económica equivalente a una jubilación mínima para aquellos menores de 21 años, hijos e hijas de madres víctimas de femicidios, cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio. En caso de que los beneficiarios de esta reparación sean discapacitados, la reparación será vitalicia”, sostiene la norma entre otros beneficios para los menores.
A su vez, en los fundamentos la legisladora indica que “conforme a dicha ley (nº 27.452) y su reglamentación, la autoridad de aplicación es la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (SENNAF) y preside la Comisión Permanente de Seguimiento (CoPeSe), formada además por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la gestión 2020 administrativa está a cargo de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que monitorea y controla el Régimen de Reparación Económica”.
Por todo ello, concluye: “Se trata de un beneficio cuyo origen y financiamiento es del gobierno nacional, sin embargo en Mendoza es menester no sólo darlo a conocer, sino gestionar los mecanismos para que efectivamente pueda llegar a los menores que tienen derecho a recibirlo”.