En un nuevo encuentro del Voluntariado sobre Labor Legislativa, las diputadas Paula Zelaya, Marcela Fernández y Ana María Andía (UCR) dialogaron sobre diferentes temas relacionados con Accesibilidad y Ambiente, aspectos en los que las legisladoras son referentes por su trabajo en comisiones.

Esta actividad, realizada con modalidad mixta, presencial y a través de Zoom, está organizada por la Federación Universitaria de Cuyo y por la Cámara de Diputados de la Provincia. En esta tercera jornada de trabajo, se expuso sobre Accesibilidad y Ambiente.

La diputada Marcela Fernández repasó diversos proyectos que se han trabajado durante los últimos años en la Cámara Baja, de los cuales algunos alcanzaron sanción final mientras que otros continúan en estudio, haciendo hincapié en la accesibilidad para personas con discapacidad y en poner en valor el cambio cultural que se debe realizar en pos de la inclusión y garantía de cumplimiento de derechos.

“Se toma a la discapacidad como un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción de las personas con discapacidad y las “barreras” que hay en la comunidad, en la sociedad. Es decir, se saca el foco a la persona con discapacidad y se pone a la sociedad” explicó Fernández, al abrir la charla y subrayar las nuevas líneas de pensamiento sobre el tema.

“Hablar de las personas con discapacidad no tiene que ver con un aspecto propio de las personas, sino de las barreras, de lo actitudinal. Esto puso en otro eje el tema de la accesibilidad, pero no es que hoy ese tema esté cerrado, todavía hay espacios y contextos de las personas con discapacidad que continúan con barreras”, argumentó Fernández y remarcó que “se pasó de un concepto, de un manejo más medicinal, más médico de la discapacidad,  a un concepto más dinámico en donde tiene un papel más importante la sociedad y las barreras que obstaculizan un ejercicio pleno y efectivo de los derechos”.

Luego de enumerar diferentes normativas legales provinciales, nacionales e internacionales, más un repaso histórico de cómo han continuado los estudios sobre la materia, la diputada Fernández ponderó una serie de nuevas iniciativas que se han presentado para el debate. Mencionó, de este modo, la obligatoriedad del conocimiento de derechos de las personas con discapacidad en todo el ámbito público, por ejemplo, que se encuentra en análisis en comisiones  y que fuera presentado por su par de bancada, Ana María Andía.

Al hablar de accesibilidad, remarcó Fernández que se abrieron nuevos escenarios de discusión y nuevas miradas sobre otros sectores que ya no sólo se abocan a la discapacidad sino también a los grupos de personas mayores, las mujeres embarazadas, las diversidades; y todas con la meta de trabajar sobre “ciudades amigables” con ciertos parámetros que permitan la libre circulación y el reaseguro de derechos. Para el caso puso de ejemplo a la Plaza San Martín, de la Ciudad de Mendoza, la cual luego de su remodelación muestra que no hay escalones, que la luz no encandila y otros factores que permiten un desenvolvimiento lo más pleno posible.

Finalmente, la legisladora se explayó sobre otros proyectos que se encuentra en la Legislatura  tales como la normativa sobre perros guías, las cartas accesibles en restaurantes, los programas para abordar el autismo, la georreferenciacion de personas con discapacidad y hasta el diseño de facturas de cobro de servicios públicos o aquellas emitidas desde organismos estatales que sean accesibles para la comunidad.

Mencionó también la media sanción dada en Diputados a la propuesta de nuevo logo sobre discapacidad que realizó la ONU, y que se encuentra en el Senado  para su aprobación definitiva. “Esto ayudará a que se vaya acomodando la cartelería” dijo Fernández, y resumió: “la idea es que Mendoza se adapte a la normativa internacional de acuerdo a la simbología”.

Medio Ambiente

Por su parte, la diputada Ana María Andía (UCR) se refirió a la temática ambiental haciendo una breve reseña de los procesos que ha vivido la civilización “hasta llegar a estos tiempos en que esta evolución en muchos casos está contrapuesta al mundo natural”

Mencionó que “el planeta se ve afectado por el calentamiento global, por la desertificación por acción de la erosión del suelo y en paralelo la población crece desordenadamente y la brecha entre los países desarrollados y los que no lo son, es cada vez más amplia y visible”.

“En este proceso  de crecimiento poblacional  se da un fenómeno de urbanización creciente  y aparece un tema que no es menor, que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. A nivel mundial la preocupación por estos temas comenzó  hace unos 50 años, en Estocolmo”, recordó la legisladora.

“Se observa que  la situación es cada vez más crítica y que estamos agotando  en forma rápida los recursos naturales de los cuales depende la vida humana, además hay que tener en cuenta la estrecha  vinculación entre la  salud y el medio ambiente. Por ejemplo – sostuvo - hay enfermedades infecciosas que  han resurgido en las últimas décadas como consecuencia de la pobreza y  la malnutrición y es necesario que todos los países se comprometan para poder afrontar estas dificultades”, advirtió.

Indicó asimismo que “a fines del siglo XX se enunciaron algunas políticas desde las Naciones Unidas para poder generar las condiciones para el ejercicio de los llamados Derechos de Tercera Generación, que son derechos de índole supraindividual que nos afectan como comunidad  y entre ellos está el derecho de gozar de un ambiente sano  y habitable y se han generado una gran cantidad de convenios y protocolos  marco para la implementación de políticas activas a nivel internacional, vinculados a la protección ambiental y al mitigamiento del calentamiento global”.

Hizo mención además, a los distintos protocolos existentes en este sentido como por ejemplo, el Protocolo de Kioto relacionado al efecto invernadero y el Tratado  Antártico, subrayando el   firmado por UN en  2015, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sustentable y son los que rigen actualmente.

 Ana María Andía en este punto aclaró la diferencia entre los conceptos “sustentable” y “sostenible” por considerar importante el conocimiento de ambos para su aplicación adecuada. “Sostenible tiene que ver con las necesidades sociales y económicas de la población mientras que sustentable se refiere al cuidado de los recursos naturales”, dijo.

Al referirse a la agenda de 2030  indicó que “aquí aparecen los parlamentos como agentes importantes para dictar legislación que proteja el medio ambiente”. En este sentido dio a conocer a los jóvenes estudiantes las leyes con que cuenta Mendoza relacionadas a la protección del agua, al ordenamiento territorial y planificación de uso del suelo, al arbolado público, entre otras

Respecto a los objetivos de desarrollo sostenible argumentó que la provincia de Mendoza  trabaja dentro del marco de la agenda de 2030, con  integración de municipios, conocida como Unicipio.

En esta línea sostuvo que “los municipios tienen un rol central ya que  además de tener  un compromiso jurídico tienen un compromiso social y en todos ellos  se han realizado acciones para cuidar el ambiente”, enumerando  las acciones desarrolladas por los Departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz, Junín y Ciudad de Mendoza.