La Cámara de Diputados, en su sesión de tablas, aprobó la media sanción de Senado por la cual se prorroga por 12 meses la emergencia sanitaria, social, económica, administrativa y financiera en la provincia. Se trata de extender por un año, los alcances de la Ley 9220 en el marco del contexto de pandemia que atraviesa Mendoza y el país.

La Ley obtuvo mayoría de votos.  En tanto, el bloque Frente de Todos-PJ se abstuvo a la hora de la votación, mientras que  los bloques del FIT, Ciudadanos por Mendoza y el PD, lo hicieron negativamente.

El pedido de prórroga fue remitido a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, y contaba con media sanción de la Cámara Alta. En ella, se extiende por el término de un año la vigencia de lo dispuesto por los Decretos 359/20 y 401/20, ratificados por el Artículo 1º de la Ley Nº 9220, como así también el resto de las disposiciones contenidas en dicha Ley.

Cabe recordar que por el Decreto 359 se establecía la emergencia sanitaria por el plazo de un año y la conformación  del Comité de Vigilancia, Atención y Control, con atribuciones para diseñar, diagramar y coordinar  todas las acciones necesarias para el desarrollo de un plan preventivo y de mitigación frente a la amenaza de circulación y transmisión del coronavirus, como así también convocar a expertos en las materias vinculadas con la emergencia declarada y requerir su opinión en los casos que lo estime pertinente.

De igual forma, solicitar a los Ministros del Poder Ejecutivo, a las autoridades de las Cámaras Legislativas, a la Suprema Corte de Justicia, Municipios, Universidades Públicas y Privadas de la provincia, autoridades de los organismos descentralizados, y todo organismo que resulte pertinente,  la designación de una persona que actúe en calidad de referente, con el objeto de articular  de manera ágil y eficiente con las autoridades, toda medida que deba ser adoptada de manera urgente o progresiva.

Asimismo, en el marco de la emergencia sanitaria,  disponer la reglamentación de actividades que importen riesgos para la población y solicitar inspecciones a efectos de verificar el cumplimiento de tales medidas y en caso de no acatamiento requerir las sanciones previstas por la legislación vigente.

En tanto, el Decreto 401 ampliaba la emergencia sanitaria, basado en que el coronavirus, es un “fenómeno mundial” que “representa  un hecho de marcado dinamismo imponiendo la necesidad de adoptar gran cantidad de decisiones en un marco de crisis y emergencia”.

Todo ello, “en cumplimiento de normas de raigambre constitucional que imponen a los gobernantes el cuidado de la salud de la población”.

Durante el tratamiento en el recinto, la diputada Daniela García (UCR), indicó que "pretendemos prorrogar la emergencia que tratamos hace más de un año. Ya pensábamos en aquel entonces en una post pandemia", y agregó al respecto que "le dimos herramientas a nuestro Gobernador y a intendentes para gestionar mejor” la situación, herramientas que “implicaron un mejoramiento del sistema sanitario, para los insumos de los hospitales, para los centros de salud, para las camas críticas", además del "acompañamiento del sistema privado”. 

Indicó por otra parte, que “se publicaron todas las compras, esto requirió que todas las instituciones que actuaron en esos procesos lo hicieran con responsabilidad. Esta situación extraordinaria que se está viviendo en el mundo y de la que no está exenta Mendoza, requiere de decisiones por parte de la gestión política que son extraordinarias y tenemos la competencia para hacerlo".

En la misma línea se expresó Jorge Difonso (FR-UP), quien dijo que esta prórroga que se está solicitando, “en la calle se ha prorrogado de hecho. La segunda ola ha entrado con mucha más virulencia que la primera”, por lo que “tenemos que aprobar una herramienta legal que permita hacer frente a esta situación”.  Tras adelantar el voto afirmativo de su bloque, manifestó que “tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los espacios y obviar las diferencias en plena pandemia”.

De igual forma, el presidente del Interbloque Cambia Mendoza, Jorge López (UCR), resaltó que “la emergencia y la pandemia no está declarada por la provincia sino por otro órgano como es el gobierno nacional y la Organización Mundial de la Salud, no es algo que podamos cuestionar”, y reiteró que “la calle nos indica que no cambió nada a lo que pasaba hace dos meses atrás. Estamos frente a una pandemia con todo lo que eso significa”. Además, subrayó que “hay informes presentados en distintos momentos por el Poder Ejecutivo, detallando cuáles han sido los gastos y en materia de qué: insumos, equipamientos, las donaciones y los servicios que se han contratado, como es el recurso humano”, y agregó: “Consideramos que las autorizaciones por 12 meses han sido muy bien utilizadas y en este contexto, necesitamos que sigan vigentes, no por el bien de mi gobierno sino por el bien de todos los mendocinos”.

A su turno, Germán Gómez (FdT-PJ), expuso que “en su oportunidad apoyamos la emergencia porque entendíamos el contexto”, pero “es fundamental el control”. “Nos preocupa saber cuál es el contexto real, en qué se ha gastado, cuál ha sido el manejo de esos fondos”, con lo cual, anticipó la decisión de su bloque de abstenerse en la votación,  por considerar que requiere de más información por parte del Ejecutivo provincial.

Por su parte, Mailé Rodríguez (FIT), argumentó su voto negativo señalando, entre otros aspectos,  que “no vamos a acompañar porque a un año de la pandemia aún no tenemos total claridad de cuál es el balance que tiene el gobierno provincial respecto de las actuaciones y de la gestión de esta emergencia”.

De la misma manera, Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza), anticipó su voto negativo “no porque no creamos que el gobierno tenga que tener las herramientas para una nueva ola de COVID, sino porque entendemos que este gobierno no cumplió con lo que tenía que cumplir, que era armar la comisión bicameral para poder, específicamente, controlar cómo se iban a gastar esos recursos”. “Necesitamos documentación”, dijo.

También Mercedes Llano (PD), dijo respecto a su voto negativo, que “en ese entonces acompañamos por considerar que la pandemia azotaba al mundo y se trataba de un hecho extraordinario e imprevisible”,  pero que hoy, “ha perdido su carácter de imprevisibilidad, no se puede invocar tal carácter para sortear los controles y procedimientos regulares del accionar estatal. Es innecesario este paquete de delegación de potestades excepcionales”.