En una nueva reunión de la comisión Bicameral de Seguridad, se abordaron diversos pedidos de informe y se propuso analizar dos proyectos de Ley del diputado Néstor Márquez (FdT), relacionados por un lado, con una modificación a la Ley 6721/99 que regula las bases Jurídicas, Políticas e Institucionales del Sistema Provincial de Seguridad Pública y, por otro, con la posibilidad de que establecimientos privados de grandes dimensiones, instalen cámaras de seguridad en la vía pública.

El encuentro se realizó vía Zoom, tal como se dispuso tras las últimas decisiones adoptadas por los gobiernos nacional y provincial en torno a las medidas de prevención por el Covid-19. Estuvo presidida por Rafael Moyano (FdT), el vicepresidente José Orts (UCR) y secretario Eduardo Martínez (PI).

Una de las iniciativas propone agregar el artículo 34 bis a la Ley 6.721, para que el Ministro de Seguridad asista a la Comisión Bicameral al iniciar sus funciones, para presentar el plan de seguridad pública, también por requerimiento de este órgano legislativo ante un caso de emergencia y, periódicamente, con el fin de informar los avances de la implementación del plan.

“Tanto en éste como en el otro proyecto, la idea es que quienes integramos la Bicameral analicemos estas iniciativas y se emita una opinión al respecto. Estudiarlo y hacer aportes en la comisión”, dijo el diputado Márquez.

El segundo proyecto, propone la obligatoriedad para los establecimientos privados de grandes dimensiones, de colocar cámaras de video vigilancia en la vía pública, que serían monitoreadas por el CEO del Ministerio de Seguridad.

Se incluyen en el texto, bancos, híper y supermercados, galerías comerciales, shoppings o establecimientos de más de 1000 m2 que tengan fines comerciales, entre otros.

Por otra parte, los integrantes de la comisión abordaron una serie de expedientes ingresados en la Cámara de Senadores, mayoritariamente vinculados con pedidos de informes respecto a escuelas que han sufrido vandalismo, cantidad de móviles policiales en la zona sur de la provincia, la situación de las video cámaras instaladas en Mendoza, y la situación de la población privada de la libertad en relación a las medidas dispuestas en el marco de la pandemia.