La comisión de Cultura y Educación, que preside Silvia Stocco (FdT), analizó durante su reunión de tablas la adhesión de la provincia a la Ley nacional 27.621, que establece Presupuestos Mínimos para la implementación de la Educación Ambiental en la República Argentina.

La propuesta está plasmada en dos proyectos, uno impulsado por Tamara Salomón (UCR) y otro por Verónica Valverde (FdT), por lo que los integrantes de la comisión, además de pedir la acumulación de ambas iniciativas, acordaron un único texto para despacho.

De esta manera, el texto dispone la adhesión a la normativa nacional, señalando que “la Ley N°27621, tiene por objeto el establecimiento de presupuestos mínimos para la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental basada en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA)”.

El propósito general “es la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41° de la Constitución Nacional  y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley General del Ambiente N° 25.675, el artículo 89° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias y en los Tratados y Acuerdos Internacionales en la materia”, agrega el texto.

A tal fin, se establece como Autoridad de Aplicación a la Dirección General de Escuelas (DGE) en coordinación con la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, quienes tendrán a su cargo la implementación de dicha Ley.

Por otra parte, dispone que la autoridad de aplicación deberá garantizar en todas las políticas, acuerdos y acciones derivadas de la presente Ley el respeto de los derechos establecidos en el marco legal creado por la Ley 25.831, de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública y que una vez sancionada por la Legislatura provincial, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los 180 días de su entrada en vigencia.

Al respecto, Salomón señala que “la Ley 27.621 otorga herramientas para una implementación articulada en todo el país del derecho a la educación ambiental. Si bien hay jurisdicciones que han avanzado en su propia normativa y programas relativos a la materia, su desarrollo es desigual, lo que implica que gran parte de la población del país aún no cuente con la oportunidad de formarse”.

Por otra parte, la Ley 27.621 “asegura un piso mínimo de actividades y contenidos en todo el territorio nacional. Nos permitirá incluir contenidos ambientales en todos los niveles educativos, lo que contribuirá a construir una sociedad crítica y con conciencia ambiental, garantizando un mejor presente y futuro”.

Mendoza reguló la prevención del daño ambiental en la Ley 5.961 “que tiene por objeto la preservación del ambiente en todo el territorio de la provincia, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, siendo sus normas de orden público”, destaca la diputada, y a su vez, “la Ley N° 5.961 prevé la educación ambiental en su artículo 43, “El Poder Ejecutivo, a través de los organismos gubernamentales competentes, incluirá la educación ambiental en los planes y programas de estudio de todos los niveles de la educación obligatoria y sistemática de la provincia de Mendoza”.

Por ello y como continuidad de la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, suscripta por nuestro país en 2015 “se postula la presente legislación”, añade Salomón.

En igual sentido se expresa Valverde en la fundamentación de su proyecto, quien señala que “en  respuesta al reclamo de los jóvenes y a los derechos de las generaciones futuras, el Congreso de la República Argentina votó por unanimidad la Ley Nacional Nº 27.621 de Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. En ese sentido, la educación ambiental significa una herramienta potente, masiva e igualitaria para cambiar el actual paradigma que nos ha llevado al desequilibrio ecosistémico y a un severo riesgo de extinción masiva”.

“Dicha Ley, tiene como propósito general la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional”, conforme a lo dispuesto en toda la legislación vigente, a lo que se suma “la ratificación del Acuerdo de Escazú y la sanción de la Ley Nº 27592 o Ley Yolanda”, lo que significa que “Argentina avanza firme en dar respuestas a la asfixiante crisis ambiental desde el conocimiento, la formación y la práctica”.