Diputados aprobó el convenio suscripto entre el Gobierno y la Asociación de Magistrados
{mosimage} La Cámara de Diputados aprobó por mayoría, el convenio firmado entre el gobierno provincial y la Asociación de Magistrados, con el que se busca poner fin al conflicto con los jueces de Mendoza por la liquidación de sus retribuciones.
El resultado de la votación fue de 26 votos afirmativos contra 19 negativos. La aprobación se logró con el voto afirmativo de los bloques Justicialista –fundamentado por Carlos Bianchinelli y Luis Orbelli-, Radical y Demócrata – con la sola excepción del diputado Mario Casteler, quien pidió autorización para abstenerse-. La argumentación del bloque Demócrata estuvo a cargo de Diego Arenas, y por parte de la UCR del diputado Raúl Vicchi.

En cambio, se manifestaron contrarios a la iniciativa del Ejecutivo los bloques de la Concertación Ciudadana –por intermedio de su presidente Andrés Marín y Luis Petri-; la Concertación Plural –a través de Hugo Morales-; y los legisladores Ricardo Puga (Todos), Néstor Piedrafita (ARI) y Mirta Díaz (Fiscal).
Este convenio, rubricado por 362 magistrados, tiene como objeto "poner fin al conflicto originado hace más de un lustro, con motivo de la forma de liquidación de las retribuciones de los Magistrados del Poder Judicial de la provincia y la falta de certeza acerca del alcance de la garantía de intangibilidad plasmada en el art. 151 de la Constitución de Mendoza y en el art. 110 de la Constitución Nacional"
Pretende además, terminar con los pleitos indexatorios y las situaciones de desigualdad en lo salarial. Para ello, se promueve un incremento promedio del orden del 16% a cambio de que las partes desistan de cualquier demanda en tal sentido.
En el acuerdo elevado por el gobierno de la provincia, se señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, en casos análogos, en el sentido de que la intangibilidad no puede ser interpretada como sinónimo de actualización monetaria, en referencia a la causa "Chiara Díaz".
En el mismo escrito, se agrega que de su doctrina se desprende también que en el actual contexto fáctico y normativo la garantía de intangibilidad encuentra correlación en el concepto de "media nacional", esto es, que todos los jueces provinciales deben percibir retribuciones que observen una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes jurisdicciones provinciales y nacional.
La recomposición salarial se hará en forma progresiva, aplicándose sobre el nivel básico 100 por ciento, que estará constituido por la asignación de la clase que se fije para el cargo de Ministro de la Suprema Corte, de la siguiente forma: a partir del 1 de mayo del corriente, 9.500 pesos, y desde el 1 de enero de 2009, diez mil pesos.
Desde esa fecha en adelante, se aplicarán los incrementos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia para los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
Para el caso de los magistrados que mantienen medidas de ejecución contra la provincia, y que aceptan la equiparación de sus remuneraciones durante el período que va desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, se establece que las diferencias resultantes se pagarán en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses, que se liquidarán junto a sus salarios a partir del mes de junio.
Para aquellos que no se encuentran en litigio con la provincia, tales diferencias se pagarán en iguales términos pero en quince cuotas a partir de julio de 2008.
Este acuerdo tiene carácter "transaccional" y no implica reconocimiento de derechos. Para el resto del 2008, implicará una suma de 13 millones de pesos que en parte saldrán de los embargos a las cuentas públicas por juicios ganados por magistrados que no retiraron el dinero; de economías presupuestarias del Poder Judicial, y el resto será aportado por el Poder Ejecutivo.
Al momento de la argumentación, la oposición consideró que con esta transacción se premiaba por igual a magistrados que embargaron sueldos de la administración y a los jueces que, en cambio, esperaron una solución legal para el conflicto. Se dijo además que con este acuerdo, la Cámara de Diputados delegaba funciones que le son propias como es fijar los sueldos de todos los sectores de la administración. Se fundamentó igualmente que con la negociación se estaba vulnerando la opinión de la ciudadanía, la cual a través de un plebiscito, se había manifestado en contra de la indexación de jueces y magistrados de la Justicia.
Por su parte, desde los bloques del PJ, UCR y PD, que votaron de modo afirmativo, manifestaron que se trata de un acuerdo histórico que ponía punto final a un conflicto de larga data, y que era el comienzo de una etapa distinta; y marcará el puntapié inicial para lograr en el futuro acuerdos necesarios para lograr un mejor standard y calidad de vida de la ciudadanía mendocina. También se marcó que es necesario que se logre una armonía de los tres poderes para garantizar los derechos y deberes de todos los habitantes de Mendoza, alentando el deseo que en el futuro se pueda lograr una ley de sueldos para cada ámbito de la administración.