La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidida por Jorge Difonso (UP-FR), inició el estudio de un proyecto de Marcela Fernández (UCR), por el cual se propone establecer un Protocolo de Actuación para prevenir casos de trabajo infantil.

“Se pretende hacer hincapié en la importancia que implica disponer en nuestra provincia de políticas públicas encauzadas hacia la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente”, dice al respecto la autora de la iniciativa, quien explica que “este proyecto aporta una herramienta concreta y necesaria para la intervención de los diferentes efectores en el momento de la detección de una situación de trabajo infantil”.

El objetivo, es “establecer un procedimiento de intervención en una temática tan sensible, que en muchas ocasiones por mitos sociales y/o culturales se naturaliza y se convierte en una práctica más frecuente de lo que suponemos”.

Fernández, subraya al respecto que “el arduo trabajo de concientización que realiza la Subsecretaria de Trabajo y Empleo mediante la Comisión Provincial para la Erradicación del

Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente (CoPrETI) ha permitido grandes avances en materia de abordaje e intervención tanto del sector público como del sector privado”, por lo que la idea es promover este Protocolo, como una herramienta más de abordaje de esta problemática.

A pesar de la legislación vigente, “en nuestra provincia se detectan casos de trabajo infantil en las inspecciones que realiza la Subsecretaria de Trabajo lo cual permite analizar diferentes aspectos, tanto en las modalidades más frecuentes en nuestra provincia y sus respectivas consecuencias físicas, sociales y educativas”, añade al respecto.

Durante el encuentro de comisión, la diputada indicó que en los casos de detección temprana del trabajo infantil, “en los dispositivos que hay sobre enfermedades bronquiales o físicas, como desviaciones de columna en quienes trabajan en hornos de ladrillo, los centros de salud pueden llegar a tener indicadores de detección de estos parámetros. Hay algunos indicadores que dentro del Ministerio de Salud, se pueden establecer”.

Además, expuso que el proyecto no plantea una “acción punitiva sino hacer derivaciones ante organismos correspondientes”.

Fernández, dijo que “en 2020, hubo 8 denuncias por trabajo infantil” ante la justicia. “Es el dato que se tiene de denuncias efectivas, porque efectivamente llegan pocas denuncias a las fiscalías”, y en ese sentido, “pongo a disposición el estudio de este proyecto, teniendo en cuenta las diversas realidades porque sabemos que muchas  familias en zonas rurales optan por llevar a los chicos porque no tienen donde dejarlos, pero a veces son lugares de riesgo”.

“Esto tiene de alguna manera que poder preverse. Desde los empresarios, propietarios, saber que hay condiciones en que los niños pequeños no pueden estar en los lugares de trabajo, ni tampoco niños y adolescentes estar trabajando. Es un tema que nos atraviesa a todos”, subrayó.

“Tiene que ver con parámetros de prevención, no punitivos”, reiteró.

De acuerdo al articulado, la autoridad de aplicación sería la Subsecretaria de Trabajo y Empleo dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, entendiendo por trabajo infantil "toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo", y por trabajo adolescente, aquél “realizado por personas de 16 y 17 años”.

Por otra parte, especifica que los organismos del Estado relacionados con la temática de niñez y adolescencia tendrán como función realizar el abordaje ante la situación constatada de trabajo infantil, de acuerdo a las competencias de cada efector interviniente.

El tema continuará en estudio de la comisión.