Es a raíz del caso de los turistas del país trasandino que denunciaron agresión por parte de la policía mendocina.
{mosimage} La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, firmará dos convenios en el marco del caso de los turistas chilenos que denunciaron abusos de parte de la policía mendocina.
Uno de ellos, se rubricará con la comisión de Derechos Humanos del Parlamento chileno, de manera tal de fortalecer lazos de reciprocidad en casos de esta naturaleza. El segundo, se hará con el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, para asistencia y asesoramiento de la comisión legislativa que preside Ricardo Puga (TODOS).
Así se informó en la reunión mantenida con la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del parlamento chileno, Karla Rubilar, el cónsul de Chile en Mendoza, Eduardo Bonilla, los abogados defensores de los turistas chilenos, Leonardo Pérez Videla e Ignacio de Casas, uno de los denunciantes, Marcelo Millahual y el directorio de la Inspección General de Seguridad, y de la que también participó el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.
Tanto los diputados Ricardo Puga como Néstor Piedrafita (ARI), señalaron que las irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la policía, ameritaba una reunión y un pedido público de disculpas al gobierno del país trasandino, y aseguraron que en el ámbito del Poder Legislativo existe la profunda decisión de llegar a la verdad de los hechos.
Desde la Inspección General de Seguridad, su titular, Félix Pesce, relató la actuación del organismo aunque sin ahondar en detalles por el estricto secreto de sumario.
Pesce explicó que una vez conocidos los acontecimientos, la IGS tomó contacto con un familiar de uno de los turistas y que por su intermedio y luego a través del Consulado chileno en la provincia, se les solicitó concurrir a la sede de la Inspección para exponer su versión de los hechos.
Además, dijo que se obtuvo documentación de la Seccional 3° de policía y que se pidieron informes tanto a la Unidad Fiscal Nro. 1 como a la 5° Fiscalía Correccional, sobre la situación de los policías actuantes en el episodio y la denuncia de robo formulada por las visitantes chilenos.
Por otra parte subrayó que la presencia de los cuatro directores de la Inspección “habla de la importancia que nosotros le damos al tema, y demostrar el compromiso público de este organismo de control”, y aclaró que el fin de “garantizar el debido proceso y transparencia para llegar a la verdad, nos obliga a ser criteriosos y prudentes”.
Karla Rubilar, en tanto, expresó que su presencia en la comisión de Derechos y Garantías es en representación de todo el Parlamento chileno, en función de las repercusiones que el caso ha tenido en el vecino país, fundamentalmente por los lazos que unen al pueblo chileno con el de Mendoza.
“Nuestra preocupación son los derechos humanos, porque si bien respetamos la soberanía de los pueblos, la cuestión de los derechos humanos trasciende las fronteras”.
“Queremos transmitir nuestra preocupación y nuestra intención de que estos hechos no vuelvan a repetirse”, dijo la legisladora.
En el mismo sentido, los abogados defensores de los cuatro turistas chilenos resaltaron el accionar de las instituciones mendocinas en la investigación y aclararon que la presentación realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, se debe a que este organismo internacional tiene además una función de formular recomendaciones y hacer un seguimiento en hechos de esta índole.