En plenario, las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales  y de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que presiden Franco Ambrosini (UCR) y Jorge López (UCR), respectivamente, recibieron  al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien presentó ante los legisladores los alcances del proyecto de disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento Mendoza (EPAS) y la transferencia de parte de sus funciones, al Departamento General de Irrigación.

El Gobierno de Mendoza envió  a la Legislatura, un proyecto de Ley que promueve  la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) y la trasferencia de  la asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas, al Departamento General de Irrigación.

El funcionario provincial recordó que en la década del 90, cuando se decidió la privatización de los servicios públicos, entre ellos el agua, se crean los entes reguladores. En tal contexto, a través de la Ley Provincial Nº 6044 dictada en 1993, se creó el Ente Provincial del Agua y de

Saneamiento, que si bien no es un ente regulador, es un ente autárquico del Estado Provincial.

Refiriéndose al EPAS, Mema explicó que este organismo “asiste a los operadores de gestión comunitaria”, indicando que antes de la privatización de Obras Sanitarias, “había una gerencia de operadores rurales que era la que se relacionaba con los operadores  municipales, uniones vecinales, cooperativas. Cuando se privatizó, se eliminó la gerencia y la atención de esos operadores fue a parar al EPAS”.

Señaló asimismo que si bien el EPAS cumple una función de control sobre calidad, servicio, atención a usuarios, “empezó a desdibujarse, aunque sigue prestando esta función de asistencia a estos pequeños operadores”.

En el proyecto también se señala que “resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.

“Hoy el  funcionamiento del EPAS esta sostenido por una tasa de mantenimiento, y por esa razón,  un proceso de congelamiento de tarifas llevó a que con el tiempo dejara de poder  sustentarse y en la actualidad requiere partidas del presupuesto para su funcionamiento”, detalló.

Al referirse a los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a trasladar las funciones de control a Irrigación, el ministro Mema dijo que “el DGI  tiene buena presencia en el territorio, personal calificado y capacidad operativa y logística para asumir la responsabilidad”.

De esta manera, se considera que la elección del DGI se fundamenta en su sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su “profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”. Además, la institución cuenta con una extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos.

En cuanto a  Aysam manifestó que “seguiría con los operadores comunitarios. Hoy tienen una relación permanente, en lo operativo puede ser más eficiente, tenemos que tener tratamiento igualitario y estos operadores tienen que tener una tasa de mantenimiento y a su vez respetando la autonomía municipal”, añadiendo que “en la ley invitamos a las comunas a adherir a los lineamientos de la nueva norma”, sobre todo de aquellos que funcionan como operadores.

Al abordar  la situación en la que quedará el personal que presta servicio en el EPAS aseguró que “el personal que allí trabaja está bajo la Ley de Contrato de Trabajo, por lo tanto, como se disuelve, estamos pidiendo a la Legislatura para trasladar a algunos de ellos, que ya se está conversando con ellos, y pidiendo que los que no sean trasladados, se les pague el 100% de indemnización, como un despido sin causa”. Además, quienes sean transferidos,  “queremos generar certidumbre y que sepan bien cuál va a  ser el procedimiento”, esto es, se respetarán derechos adquiridos como la antigüedad y salario.

El proyecto sostiene que “el Poder Ejecutivo dará pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia laboral, priorizando la situación del personal del Ente. Previa preselección del personal que se realizará antes de la fecha de su disolución, se ofrecerá a los trabajadores en relación de dependencia con el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento una alternativa definitiva de conformidad”.

Resumió Mema que a partir de esta Ley “dejamos el ente en liquidación y finalmente es una distribución de tareas, redistribuimos personal y desde lo presupuestario, buscamos que la provincia no tenga que girar recursos al EPAS para su funcionamiento”.

Subrayó que lo que se busca, es “prestar la mayor cantidad de servicios con el menor costo posible”, a lo que agregó que “aparte de Aysam, Mendoza tiene 124 operadores de gestión comunitaria que prestan el 30% del servicio de agua a la población. También tenemos a Luján, Maipú y Tupungato, que son prestadores de agua y saneamiento. Entonces en ese contexto, lo que estamos haciendo es una reorganización para poder, con un costo menor prestar mejores servicios”.

En esa línea, dijo que hoy la provincia destina más de 40 millones de pesos por mes a cubrir la diferencia entre lo que recauda el EPAS, por lo que “pagan todos los mendocinos que tienen Aysam, se paga una cuota de sostenimiento, pero esa cuota no alcanzaba para cubrir los costos de funcionamiento del organismo. Esto se viene pagando por lo menos desde hace más de 15 o 20 años. Esa diferencia ya no se va a pagar porque en esta reorganización justamente lo que se ha buscado es eficientizar”.