La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de Ley que incorpora una “ficha limpia” para el personal docente y no docente que se desempeñe en el ámbito educativo, a través de la modificación del Estatuto que los rige. 

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que tenía media sanción del Senado, establece entre los requisitos para el ingreso al sistema, “no encontrarse condenados penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia sea en primera instancia y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos comprendidos en los Capítulo II al V del Título III, Capítulo II del Título IV y Capítulo I del Título V, del Libro Segundo del Código Penal", que hacen referencia a delitos contra la integridad sexual; supresión y suposición del estado civil y de la Identidad, y delitos contra la libertad individual. Tal disposición, aplica también a docentes suplentes, celadores titulares y suplentes, y personal administrativo.

Por otra parte, incorpora la exoneración e inhabilitación permanente para el ejercicio de la docencia por condena por estos delitos y dispone como elemento de juicio para los concursos de antecedentes y méritos a cargo de la Mesa Calificadora, no estar condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título XI, del Libro Segundo del Código Penal, esto es, malversación de caudales públicos.

Además de establecer el procedimiento para las sanciones, detalla que la cesantía implica la inhabilitación especial por el término de tres años; la exoneración, por diez años salvo para el caso de los delitos antes mencionados en que la inhabilitación especial será permanente.

Las instituciones educativas de gestión pública o privada, deberán garantizar que aquellos docentes inhabilitados de forma permanente no ingresen al sistema de acuerdo a la reglamentación.

De la misma manera, prevé la creación en el ámbito de la Dirección General de Escuelas el Registro único de sumarios, sanciones e inhabilitaciones (RUSSI) para docentes y celadores, titulares y suplentes, y personal administrativo.

Debate

La diputada Claudia Salas (UCR), informó al Cuerpo sobre el proyecto. Manifestó que “el proyecto busca modificar la Ley nº 4.934 (Estatuto del Docente), que regula los derechos y las obligaciones de los docentes en el ámbito educativo”. Remarcó que se introduce “el concepto de “ficha limpia” en el ámbito educativo, en consonancia con los avances que nuestra provincia ha logrado al aplicar el mismo principio para quienes acceden a cargos públicos y son candidatos a cargos electivos. Esta iniciativa responde a una necesidad urgente y fundamental: prevenir y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier amenaza que pueda comprometer su seguridad y su bienestar en las instituciones educativas”.

Salas añadió que “ningún profesional con condenas por delitos graves, tales como aquellos que atenten contra la integridad física, sexual o la identidad, podrá acceder a cargos en el sistema educativo de nuestra provincia, aplicándose para docentes, no docentes, celadores y personal administrativo, tanto sean del ámbito público como del ámbito privado”, y que se “incluye a quienes hayan sido condenados por malversación de fondos públicos”.

Al finalizar, ponderó la legisladora la creación del RUSI (Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones), el cual se constituirá en “una herramienta fundamental para garantizar que personas con antecedentes penales graves no permanezcan en nuestras instituciones educativas”. A su vez, el Registro “será una herramienta de consulta obligatoria para los concursos en cargos de las instituciones educativas. Creo que como legisladores tenemos la responsabilidad de siempre priorizar la integridad y los derechos de los estudiantes”. Y reflexionó: “El futuro de Mendoza se construye en las aulas y es nuestra obligación asegurar que este sea un espacio donde se fomente el aprendizaje y el desarrollo personal en un entorno seguro”.

Laura Ballsells Miró (PRO), adelantó el voto positivo de su interbloque considerando que “la verdad que es un proyecto positivo, lo vemos muy bueno porque no es un simple hecho administrativo lo que tiene que hacer el docente, sino que realmente es una herramienta que preserva, resguarda y cuida el bienestar y la integridad de cada uno de los alumnos, preserva los derechos de los niños y niñas y  adolescentes, y se sustenta realmente en lo que hace al interés superior del niño. Debemos preservar su bienestar psicofísico y creo que con esta herramienta, que es una herramienta más, se pueden prevenir hechos que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

José Luis Ramón (CxC), expresó que “empieza a tomar cuerpo aquello que nosotros venimos propugnando de que en cuestiones de educación, en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad, necesitamos tener políticas de Estado en las que  todas las fuerzas políticas nos podamos poner de acuerdo, aún con las disidencias, para poder sacar leyes de esta Legislatura que vayan en línea con favorecer aquellos intereses para los cuales están dictadas las leyes”.

Además destacó que “el ejercicio de la docencia es un acto que tiene que tener dos aspectos y dos conceptos claros. El primero es el del compromiso del docente. Y con compromiso podemos encontrar que existan personas como lo que en este proyecto pretendemos regular, es que estén condenadas por haber cometido delitos graves que hacen que el segundo elemento relacionado con la docencia y con la educación, y la confianza”.

“Y tiene que ver, también el  principio de la idea de lo que debe inspirar como principio la educación, que es que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes son especialmente vulnerables, no solo en nuestra Argentina y en nuestra Mendoza, sino en todos los países que han suscripto los tratados internacionales. Entonces, no se trata esto de prejuzgar o de estigmatizar a una persona que cometió un delito y que pagó con una Ley. Se trata de la prestación de un servicio público de educación, que tiene que tener este contenido, de personas, porque nuestras niñas, niños y adolescentes, son personas, antes de nada, que las estamos poniendo en condición de formación. Y quien vaya a producir la formación, necesita tener este contenido de confiabilidad por parte del sistema”.

En tanto, el diputado Gustavo Cairo (LLA) manifestó que “voy a apoyar este proyecto”. Rememoró algunos hechos de violencia contra las docentes, maestras fundamentalmente, quienes en ciertas oportunidades han sido violentadas por familiares de alumnos. En este sentido, mencionó que “hay que apoyar a nuestros docentes. Ninguno de acá quiere que un violador se presente a un concurso y siga dando clases, por eso está muy bueno este Registro”.