El titular de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, expuso ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras – presiden el diputado Jorge López (UCR) y el senador Diego Costarelli (UCR) – los principales puntos de la pauta presupuestaria prevista para el Poder Judicial en 2022.

Garay, inició su exposición dando cuenta de lo actuado en este ejercicio, destacando la inversión física y de infraestructura tecnológica de un 46%. Además, respecto a las metas propuestas para 2021, mencionó el Portal Web y Línea 160, el Portal de datos abiertos y Dashboard – que era la posibilidad de tener un buen panel de control -, como así también el refuerzo de la Oralidad y Juicio por Jurados y la construcción del Polo Judicial Penal, de igual forma, la implementación completa del expediente electrónico en los distintos fueros y circunscripciones de la provincia.

“En el expediente electrónico, logramos la aplicación del sistema IURIX, logrando implementar el portal de causas judiciales en los fueros Civil, Laboral  y Familia, y migramos los sistemas en toda la provincia” para poder unificar la base de datos, expresó.

De igual forma, indicó que se hizo un desarrollo propio, denominado LeD, que es el legajo digital en todo el fuero penal y ya se encuentra lista la prueba piloto para el sistema contravencional, “lo cual nos permitirá coordinar con la policía y los municipios para que el acta contravencional se inicie electrónicamente en esos lugares”. A ello se suma la implementación de la Gestión Electrónica Documental en GDE para toda la Administración de la Suprema Corte.

Asimismo, adelantó que el próximo mes pondrán en línea un nuevo Portal de Datos Abiertos para que la ciudadanía “pueda escrutar a los jueces, generando reportes semanales a los propios jueces sobre su propio rendimiento, para que puedan ir comparándose e incluso superándose. Es importante tener datos certeros para la toma de decisiones”.

En lo concerniente al Presupuesto previsto para el próximo año es de $10.093.190.910, punto sobre el que el titular de la Corte indicó que la participación en el presupuesto total de la provincia, es de 2,36%.

En términos de recaudación propia, “porque nosotros tenemos solamente la tasa judicial afectada, que va fuera del resto, a valor de dólar, la tasa de 2018 a 2022, ha bajado a la mitad. O sea, la recaudación propia del Poder Judicial, hoy es la mitad de la que tenía en 2018”, dijo.

En cuanto a los ejes de gestión para el año entrante, mencionó tres: la modernización y transparencia de la gestión, la planta de personal y reordenamiento de la infraestructura edilicia.

Sobre el primero de ellos, a través de la implementación de sistemas informáticos, la inversión en tecnología – como la compra de scanners para algunas aplicaciones en el Fuero de Familia “porque hay muchos expedientes que vienen en papel y vamos a digitalizar completos, como son los casos de adopciones y algunas medidas tutelares -,  y la organización de personal en dependencias mediante reordenamiento por fueros.

En el eje personal, se propone el llamado a concurso abierto provincial para ingreso con nuevos perfiles de puestos, regularizaciones de personal ad hoc, el desarrollo del programa piloto de Capacitación denominado "Sistema Integral de Gestión de las personas por competencia”, el Tribunal de Homologaciones y Ejecuciones para el Fuero Laboral de la 1era Circunscripción Judicial, un diagrama de plantas modelo y nuevos roles,  que es “restablecer los roles de cada Tribunal”, y capacitación.

Finalmente, en relación al tercer eje, se buscará la finalización de los proyectos de obras llamadas, que son refacciones en los distintos establecimientos, la obra Centro Cívico Tunuyán, el  Juzgado de Familia de Godoy Cruz, “que se va a poner a nuevo”, traslado de dependencias judiciales y administrativas al Palacio de Justicia, y  la reubicación de dependencias, mediante un reordenamiento funcional y edilicio.

Garay, destacó lo previsto en inversión física y tecnológica, que ascenderá a 54 millones de pesos; 50 millones para el expediente electrónico; 30 millones para inversión en desarrollos propios – como la firma electrónica ciudadana y agregarle al Portal la aplicación móvil para los abogados “que va a permitir interactuar con ellos, todas sus causas mediante App”; 3 millones de pesos para el Portal de Datos Abiertos y Portal Web, y 19 millones para la informatización de registros.