El Seminario Gestión de la Administración Legislativa, que forma parte del plan de estudio de la carrera de Posgrado “Especialización en Gobierno y Gestión Pública”, desarrolló hoy su tercera jornada con las exposiciones de referentes de distintas áreas de la Cámara de Diputados.
Esta carrera, elaborada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, fue declarada de interés de la Cámara Baja y tiene como objetivo “formar profesionales de la región de Cuyo, Argentina, en la adquisición de conocimientos y técnicas de gestión pública, orientados a un mejor desempeño profesional y capaces de proporcionar las mejores respuestas a las demandas de la sociedad, de acuerdo a los principios de transparencia, participación ciudadana y respeto de los derechos humanos, de manera rigurosa e innovadora, combinando abordajes teóricos, metodológicos y prácticos”.
En esta oportunidad, las charlas versaron sobre el “Enfoque de la Teoría Legislativa”, para lo cual las Magister Lilia García de la Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa de Diputados, expuso sobre “La legislación y su complejidad. Aplicabilidad. Contradicciones. Desviaciones. Inflación legislativa. Vacíos”.
Por su parte, el director de Contaduría y ex director de Informática de este Cuerpo, Carlos Picighelli, hizo referencia a las “Tecnologías de la información en el proceso legislativo”.
Exposiciones
Lilia García, expresó que el sistema normativo debe “lograr un equilibrio entre el conjunto de sus reglas para poder anticiparse a las demandas sociales”. Pero además, debe tener “claridad expresiva para la certeza del derecho, para que pueda ser cumplido y aplicado y para que pueda ser integrado al ordenamiento jurídico. Eso hace a la democratización de la información”.
En esa línea, subrayó que las leyes “lejos de ser productos independientes o aislados, forman parte de un corpus legislativo que, además de coherente, debe ser claro, eficaz y fácilmente comprensible por todos los ciudadanos”. De allí, la importancia de incorporar al texto legislativo el lenguaje claro, manifestó.
Dijo además que el legislador tiene también como funciones las de canalizar las problemáticas, las situaciones que no están resueltas, satisfacer las necesidades de la ciudadanía, “y eso se hace a través de la Ley”.
García, calificó al proceso de producción de una ley como una actividad “artesanal”, por su complejidad y porque en sí misma implica un arte.
La técnica legislativa es, precisamente, “el arte de hacer bien las leyes”, “la producción legislativa es una actividad artesanal, compleja, porque tiene un impacto en la sociedad. Una Ley mal hecha, puede generar consecuencias negativas en la sociedad, costos altos, nos repercute a todos. Legislar es un arte del que hay que tomar conciencia y por eso se habla de técnica legislativa”, afirmó.
“Cuando hablamos del arte de hacer las leyes, hablamos de que legislar es un proceso de formación en el que la técnica legislativa es fundamental para obtener un producto de calidad”, expuso, a lo que agregó que “una vez alcanzada la ley, que es el producto, debe integrarse a un ordenamiento, de allí la importancia de la simplificación y sistematización legislativa”.
Por otra parte, abundó que “la Ley tiene un procedimiento de construcción que se debe nutrir con normas de manejo y aplicación de reglas pero que al mismo tiempo, deben resolverse las contradicciones y los vicios que pudieran llegar a existir”.
Por ello, la Ley debe ser “única”, porque todos los ciudadanos, por igual, tienen que estar sometidos a las mismas leyes; no debe ser secreta sino que por el contrario debe ser conocida por todos, y para ello, debe estar redactada en un lenguaje claro, tiene que ser concluyente, fácil de entender, abstracta y general, “porque sólo puede ser justa cuando la materia que se regula es general al igual que la voluntad que la establece”.
Cuando se complejiza la Ley, cuando hay contradicciones o desviaciones, dijo, afecta no sólo al ciudadano común sino a todas las esferas del Estado. Al ciudadano, porque le dificulta “el entendimiento simple y claro de las normas que lo rigen”; a la Administración, “porque es la encargada de gestionar los asuntos públicos de manera correcta”; al Legislativo, “para un coherente desarrollo de su actividad”, y a la Justicia, “porque tiene que impartirla de forma certera”.
Por otra parte, sostuvo cuando se complejiza una Ley, se vuelve “reglamentarista, o deviene en una Ley que por no ser viable se empieza a regular con resoluciones ministeriales”.
En esa línea citó varios ejemplos de leyes vigentes que, o han quedado obsoletas o desfasadas con la actualidad, o ambiguas. “Esto genera que haya contaminación”, manifestó.
Cuando el sistema normativo presenta contradicciones, nos encontramos con legislación que tiene “falta de precisión en el lenguaje, contaminación e inflación legislativa, deficiencias legislativas o ausencias, y efectos jurídicos, que son los errores”.
Al respecto, sintetizó: “la imprecisión del lenguaje, confunde; tener muchas leyes puede provocar contaminación del sistema, y las leyes que no son necesarias, contribuyen a la inflación legislativa”. “Hay que evitar la ambigüedad”. .
A su turno, Carlos Picighelli se explayó sobre las Tecnologías de la información en el proceso legislativo, para lo cual, contó la experiencia en ese sentido, en la Cámara de Diputados.
Hizo un repaso desde las primeras incursiones tecnológicas que involucraron a la Cámara hasta llegar a hoy, con el sistema de Gestión Documental Electrónica y la firma digital.
“Haciendo un poco de historia, fue en 1986 cuando el centro de cómputos – de Diputados – a través de las autoridades legislativas de aquella época, adquirió un equipo WAN, que tenía un mega de RAM. En un inicio contábamos con lenguajes orientados a procesos y lo que habíamos generado, lo primero que se hizo, fue generar un archivo muy básico donde se registraban los proyectos que se presentaban”, dijo.
Luego, en los 90, “nos mudamos a UNIX, compramos una base de datos, y empezamos a orientarnos por el lado de los lenguajes que se basan en sistemas que administran los sistemas de datos”, hasta que posteriormente, “adquirimos otro sistema donde seguimos cargando proyectos, con sus aprobaciones, pero siempre con una administración de tipo centralizada en el centro de cómputos”.
Hacia el año 2000 “nos mudamos a una base más moderna e incorporamos un sistema en el que trasladamos la operatividad a un servidor de aplicaciones y nos conectábamos a través de distintas PC, que emulaban una terminal del servidor y empezamos a tener consultas del sistema legislativo, de manera distribuida”, expresó, resaltando desde los 80, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza fue la primera en el país en tener un sistema de gestión parlamentaria..
“Fuimos el primer organismo legislativo en tener un sistema de gestión parlamentaria, centralizado, pero fue la primera vez que un organismo así se introducía en estos temas, incluso por delante del Congreso Nacional”, puntualizó.
Con el tiempo, “llegamos a un sistema de información parlamentaria, con sistemas de consultas, seguimiento de expedientes, con consultas web hacia el exterior que permitían saber de manera certera, la localización de los distintos expedientes que tramitaban en la Cámara”, pero “el problema que teníamos era que este sistema se compartía con el modo papel”, explicó.
Es decir, “el proyecto se presentaba de manera digital pero también con el soporte papel, lo cual requería que todo el trámite se realizara con todas las dificultades que implicaba trasladar un expediente de mano en mano. Lo digital sólo registraba ese paso a paso, por lo que el gran desafío era mudarnos a un sistema que permitiera la eliminación del papel, y si bien existían sistemas de gestión documental, ninguno nos otorgaba la seguridad que luego vino con el GDE”, a través del Ministerio de Modernización de la Nación, argumentó.
Así, “lo que hicimos fue sostener el seguimiento legislativo pero montamos un sistema de gestión documental, que es una plataforma que permite registrar los movimientos y genera los traslados de documentos electrónicos sin necesidad de movernos con el papel bajo el brazo”.
A ello, se incorporó un ingrediente más “que es la gran ventaja: la firma digital, que es lo que permite que esos documentos electrónicos se muevan dentro del sistema dándole la misma integridad, certeza, equivalencia en materia probatoria, que tiene un papel con su respectiva firma. Y esa es nuestra actualidad”, ponderó.
Picighelli, resaltó al respecto estas tres patas: el Sistema de seguimiento de expediente, el sistema documental y la firma digital, al tiempo que explicó todo el circuito y el proceso legislativo desde la presentación de un proyecto y todos sus procesos y recorridos a través de este sistema.
La firma digital, manifestó, es “una solución tecnológica que permite autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un mensaje, de manera tal que ambas características sean demostrables ante terceros”, mientras que el GDE, es “un Sistema de Gestión Documental Electrónico que consiste en una plataforma que permite modelar y digitalizar todos los procesos de nuestra institución, tanto administrativos como legislativos, compuesto por diferentes módulos en una forma de trabajo alineada con el modelo de Gobierno Electrónico”.
Esto permite “trabajar con una eficiencia mucho mayor, con una transparencia mayor, y poder avanzar sobre esto que otrora parecía algo imposible, que es desplegar un trámite completo sin tocar un sólo papel. Estos procesos representan tendencias y no siempre son instantáneas en su implementación”.
“Aún queda resolver el vínculo con el exterior que sigue circulando con el papel o no tiene firma digital”, expresó, pero “puertas adentro si lo hacemos, porque todo se digitaliza”.