El Seminario Gestión de la Administración Legislativa, que forma parte del plan de estudio de la carrera de Posgrado “Especialización en Gobierno y Gestión Pública”, desarrolló hoy su cuarta jornada con las exposiciones de referentes de distintas áreas de la Cámara de Diputados.

Esta carrera, elaborada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, fue declarada de interés de la Cámara Baja y tiene como objetivo “formar profesionales de la región de Cuyo, Argentina, en la adquisición de conocimientos y técnicas de gestión pública, orientados a un mejor desempeño profesional y capaces de proporcionar las mejores respuestas a las demandas de la sociedad, de acuerdo a los principios de transparencia, participación ciudadana y respeto de los derechos humanos, de manera rigurosa e innovadora, combinando abordajes teóricos, metodológicos y prácticos”.
En esta oportunidad, las charlas a cargo de Lilia García y Nora Páez de la Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa de Diputados, versaron en una primera etapa sobre el “Evaluación, monitoreo y seguimiento de los proyectos legislativos”; y luego sobre “Etapa Legislativa, elaboración de los fundamentos y estructura normativa”.
Nora Páez comenzó su exposición refiriéndose a la gestión de la organización legislativa, indicando las características de esta organización pública. “Una característica importante es que la Constitución Provincial rige sus atribuciones, su ámbito de acción y su relación con los otros poderes del Estado”.
Asimismo indicó que “ejerce la labor legislativa, a través de la sanción y deliberación de normas, normas que tienen que ver con el bien común, con el funcionamiento de los organismos del Estado, regulando actividades de la situación de las personas, no sólo regula a través de una norma, sino también, puede establecer modificaciones a la norma”.
“Podemos decir que en el común de la gente está el concepto de la función legislativa, pero ejerce otras funciones más, como son la función de representación popular, la de control y fiscalización, y la función de mediación, esta última función está asociada en cómo articula las situaciones entre actores y otros organismos del Estado”, afirmó Páez.
Po otro lado también dijo que no tiene la celeridad del Poder Ejecutivo o de los organismos de la gestión pública vinculada al Ejecutivo, porque todas sus decisiones son deliberativas. Esto es, que están sometidas “al análisis activo, a la confrontación, la contraposición de ideas. En cierta forma, cada decisión la tiene que compartir, consensuar, tiene que haber un grado de tolerancia, ante la negociación y votación, por lo que su proceso es lento”
“La gestión legislativa se da en tres planos, en un plano político, uno parlamentario y uno administrativo. La producción se basa en el consenso, por lo que es lento el procedimiento”.
Otra característica que mencionó es que periódicamente se somete a cambio de actores y redistribución de roles. Cada dos años se renuevan legisladores, lo que implica según Páez “reajustes y ajustes”. “
Es una organización que está sometida continuamente a cambios tanto internos como externos, y digo externos porque siempre hay nuevas exigencias y demandas de la sociedad”.
El proceso legislativo consta de tres etapas una pre legislativa (iniciación del proyecto), otra legislativa, (formulación del proyecto) y una pos legislativa (interpretación de la norma por el Poder Judicial).
En la etapa legislativa, se da la gestión administrativa. En cada área por la que pasa el proyecto o iniciativa, es decir mesa de entradas, oficina legislativa, oficina de comisiones; se da “el proceso productivo de la organización legislativa que es escribir, aquí se da la redacción, la corrección, la modificación de los textos legislativos”; “esto es la etapa técnica administrativa”
Por ello destacó Páez “la importancia de saber escribir, de redactar y conocer la técnica legislativa, porque el producto final es una norma redactada”.
Asimismo se refirió a la importancia de la evaluación del trabajo legislativo, sobre lo que afirmó que es necesario “Institucionalizar los procesos de evaluación, no con el concepto de fiscalización o auditoría sino plantearlo desde el aprendizaje, cuánto se puede aprender de los resultados que obtengo de la evaluación, para poder mejorar e incorporar metas en el ámbito legislativo de producción”.
Para explicar esto, hizo mención a una experiencia de evaluación desarrollada en la Cámara de Diputados en el año 2018, en la cual se tuvieron en cuenta indicadores de evaluación que expresó “resultan importantes a la hora de la evaluación de la producción legislativa”.
Uno de ellos es tocantes a la producción, es decir cómo se evalúan los proyectos en comisiones, qué nivel de tratamiento tienen, si logran ser aprobados, si cuentan con la redacción correcta, etc.
Otro indicador es sobre a quién responde la legislación sancionada, si por demanda de algún sector de la sociedad, que busca una solución a una situación, o por cobertura; esto es cuando se percibe la necesidad de legislar sobre un asunto para dar respuesta a la sociedad, por ejemplo las expropiaciones de terreno para dar soluciones habitacionales a la población.
También un indicador importante, subrayó la expositora, tiene que ver con lo que establece la Constitución Provincial, con la retroalimentación, refleja el grado de alcance de los proyectos sancionados según las atribuciones establecidas en la Constitución Provincial, y las contribuciones del mismo a resolver directamente las necesidades de la población. Esto se asocia a resultados de carácter positivo o negativo. “Pueden ser negativos, porque están contribuyendo a generar mayor contradicción al sistema normativo”.
Por otro lado, Lilia García se refirió a la redacción y formulación de los proyectos legislativos, su fundamentación y estructura normativa.
Según explicó, estos textos “son un documento formal y deben cumplir con ciertos requisitos básicos”.
Hay una exposición de motivos o fundamentación, es decir, exponer los motivos que llevaron al legislador a presentar este proyecto, y por qué debería aprobarse, cuál es su importancia. Es la parte preliminar de una ley donde se razonan en forma doctrinal y técnica los fundamentos del texto legal”.
García enseñó que aquí en la fundamentación va el título del proyecto, que debe ser conciso y contener el objeto del proyecto y seguidamente va el encabezamiento, que es a quien se dirige el proyecto, esto es la Cámara legislativa (Diputados, Senadores). Luego va la denominación del tipo de proyecto, es decir si es un proyecto de Ley (de carácter imperativo, que establece, suspende, modifica), de Resolución (manifestaciones del Cuerpo legislativo, propuestas de seguimiento, monitoreo de acción, pedido de informe) o Declaración (manifestaciones que expresan una opinión del Cuerpo sobre un hecho de carácter público privado de alcance particular o acto determinado); la apertura y la firma del legislador.
También se refirió a la estructura normativa, cómo se estructura el cuerpo del texto, y para finalizar la exposición realizó una experiencia práctica donde los alumnos pudieron trabajar en la redacción de los proyectos.