Los y las integrantes de la comisión de Salud, continuaron con el análisis  el proyecto de Ley de  Eduardo Martínez (PI) que establece normas que regulen el funcionamiento de “casas de medio camino” en la provincia de Mendoza, como dispositivos residenciales en salud mental comunitaria, las cuales estarán destinadas albergar y rehabilitar de manera integral a personas con padecimientos mentales.

Según el proyecto se encuentran incluidos dentro de los alcances del mismo todos los establecimientos prestadores de servicios de salud de atención general o diferenciada, con o sin intervención y sea de origen privado, mutual u obra social o público.

Se menciona en los fundamentos de la iniciativa que existen hoy “nuevos modelos de tratamiento con la expectativa de ofrecer a los pacientes en su comunidad un ambiente terapéutico de mayor beneficio tal como las Casas de Medio Camino, las cuales son casas que le brindan a los pacientes un paso intermedio entre el hospital y la comunidad”.

Las Casas de Medio Camino pretenden cubrir las necesidades de las personas con trastornos mentales crónicos no solo sanitarias, sino también de vivienda, ocupación, desarrollo personal y sobre todo de integración social y consecuentemente mejorar su calidad de vida conforme lo plantea la OMS.

En los fundamentos de la iniciativa se remarca además, que la  normativa propuesta “es un punto de inflexión histórico para instalar una transformación progresiva en el sistema de salud mental sobre la base de considerar que no hay salud mental sin concreción de derechos humanos.” Desde esa perspectiva “jerarquizamos el rol protagónico de la comunidad en la que se inscriben todos los ciudadanos e instituciones sociales en las que tiene lugar el devenir cotidiano de las personas”, se indica en los considerandos.

La comisión decidió que se invitará para la próxima reunión al responsable del Hospital Pereyra, que ya tiene en marcha estas “casas de medio camino” para que profundice en su  funcionamiento, a la vez que se solicitará al Ministerio de Salud de la provincia que, por vía escrita, manifieste su opinión sobre la factibilidad del proyecto.