La Cámara de Diputados envió en segunda revisión al Senado el proyecto  de Ley que contaba con media sanción de la Cámara Alta y al que se le acumuló uno similar de Mario Vadillo (CxM), por el cual se suspende todo trámite de ejecución de sentencias que recaigan sobre las deudas hipotecarias, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Se trata de aquellas cuyos titulares estén comprendidos por el artículo 2º de la Ley Nº 8.182, hasta el 31 de diciembre de 2.023.

“Estos deudores, no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial mientras el primero lleva adelante las labores que le encomendara la Ley Nº 8.182, ni la ausencia de ellos tomada como abuso o dilación mientras se sustancien las causas”, establece el texto que fuera impulsado por el senador Pablo Priore (PRO).

En tal sentido, dispone además suspender hasta el 31 de diciembre de 2.023, todo trámite de ejecución de sentencia hipotecaria tramitado en los tribunales ordinarios de la provincia que tengan por objeto el cobro de deudas hipotecarias UVA, aun con sentencia firme, que recaigan sobre vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Al igual que en el caso anterior, estos deudores, no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial.

Según explicó Emiliano Campos (UCR), esta mecánica se viene desarrollando desde hace unos años, primero con aquellas deudas vinculadas a los bancos de Previsión y Mendoza,  que luego se fue ampliando a otras vivienda, y en esta oportunidad, incorporando en el segundo artículo las deudas hipotecarias en UVA.

“No se suspende el proceso, pero  sí la ejecución de la sentencia”, expresó, y aclaró que “no tenemos facultad para legislar en materia federal, hay un grupo de deudores hipotecarios del grupo Nación y que sus deudas tramitan en el juzgado federal no se verán alcanzados por esta norma”.

En la fundamentación del proyecto, se destaca que “luego de la crisis de 2001, quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa, motivo por el cual se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos”.

“En Mendoza se sancionaron las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”, añade el texto.

En el año 2018, se promulga la ley 9140, “que tiene por finalidad prorrogar las disposiciones de la ley 8182, y de esta manera se continúe con la prohibición de ejecutar los créditos hipotecarios de la crisis del 2001”, relata,  agregando que en el mismo sentido, esta nueva prórroga apunta a “salvaguardar las viviendas únicas familiares que se ven afectadas por la imposibilidad de pagar las elevadas cuotas, devenidas por la hiperinflación que sufre el país”.

“Dichas viviendas se han ido rescatando de los bancos privados, y el IPV ha refinanciado los créditos de vivienda para que estas personas no pierdan su casa. Por ello con esta ley se busca llevar una solución a tantas familias mendocinas afectadas por este aumento desmedido en las cuotas a cobrar por las entidades bancarias”.

Por su parte, Jorge Difonso (FR-UP), indicó que “ayer LAC emitió un despacho por unanimidad, teniendo en cuenta la situación que se vive a nivel nacional y el impacto concretamente que tienen en nuestra provincia  los créditos UVA, que se han ido en algunos casos inalcanzables. Lo que pide esta Ley, es la suspensión en las ejecuciones judiciales hasta tanto se pueda obtener una solución de fondo, porque este tema se discute a nivel nacional. Mendoza se pone al lado de los damnificados con este proyecto”.

También Mario Vadillo (CxM), adujo que se pretende “defender a las familias que son el sector vulnerable, que cuando tomó estos créditos los tomó como una oferta que se le hizo por parte de la presidencia de la Nación, para paliar el déficit habitacional, pero no se logró parar la inflación. Muchos autoconvocados están preocupados porque las familias ponían en peligro su hogar, con una ganancia sideral por parte de los bancos. Hasta tanto el gobierno nacional no resuelva este tema hay que suspender”.

A su turno, Marisa Garnica (FdT), expresó que “creemos necesario que estas ejecuciones se detengan, en viviendas únicas, sociales y familiares”.

Desde el PRO, Cairo Gustavo sostuvo que “acompaña la detención de las ejecuciones porque la inflación ha superado todo lo que esperábamos”.