El ministro de Infraestructura, Mario Isgro, y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontanilla, presentaron en la Cámara Baja la iniciativa del Ejecutivo que busca regularizar la titularidad de las viviendas otorgadas o financiadas  por el Instituto, a los fines de  su escrituración, y determinar un  régimen especial de cancelación  anticipada de los créditos de soluciones  habitacionales del IPV.

Los funcionarios fueron recibidos por el presidente de Diputados, Andrés Lombardi (UCR), el vicegobernador Mario Abed y el integrante de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, Emiliano Campos (UCR), antes de realizar el ingreso formal del proyecto por Mesa de Entradas.

Según lo explicado por el Ministro, “se trata de un proyecto que pretende ayudar a los adjudicatarios de viviendas que ya son poseedores de las  mismas a que puedan tener la regularización dominial, eso quiere decir la escritura, y también poder sanear sus deudas en el caso de que las tuvieran”.

Según el funcionario, “con esto buscamos dos cosas: principalmente que la familia tenga su bien, que el título sea de ellos y por otro lado que dejen de estar a nombre del Estado provocando un gasto mensual y anual. Eso significa un ahorro que nos permite proyectar más viviendas para mendocinos”.

Mario Isgro hizo también referencia a que “dentro de la política que priorizó el gobernador (Rodolfo) Suarez en cuanto a la obra pública está la vivienda, y justamente lo que nosotros necesitamos es hacer eficiente el uso del recurso público y esto de poder ayudar a las familias a que regularicen sus deudas nos permite, por un lado, que el Estado disponga más recursos para construir casas para quienes hoy no la tienen; como así también dejar de afrontar gastos que esas viviendas ocasionan por estar a nombre del Estado”.

Finalmente, en relación al avance de la iniciativa opinó que “es importante esperar que la ley tenga su proceso, su tratamiento, su aprobación y ahí si comunicar a los beneficiarios y al resto de la población qué nuevas políticas de vivienda pueden sumarse a las tres que este año se agregaron en agosto”. 

De la misma manera, la titular del IPV, María Marta Ontanilla, coincidió que “la ley tiene dos grandes partes: una tiene que ver con la mora que pueden llegar a tener los adjudicatarios. Tiene varios beneficios para que, aquellas familias que tengan deuda, puedan cancelar sus viviendas con quitas en el capital e intereses, que sin la ley no podríamos llevar a cabo”.

“Lo que nos va a permitir esta ley es que las familias puedan escriturar con deuda. Históricamente todas las viviendas que no han sido escrituradas, la deuda recae sobre el Estado, sobre el IPV puntualmente; entonces esta ley va a permitir que las familias puedan regularizar su situación y escriturar a nombre del poseedor de la vivienda”, continuó Ontamilla.

De esta manera, según explicó la representante del IPV, “aquellas personas que son poseedoras, que demuestren su posesión pacífica van a poder regularizar su situación”.

El IPV tiene actualmente una cartera de 60 mil créditos y esta ley apunta a beneficiar casi al 70 por ciento de esa cartera, según explicó la funcionaria. 

Según el texto del proyecto, el destino de los fondos que se obtengan por esta ley, será la financiación de construcción de soluciones habitacionales y el otorgamiento de créditos para vivienda, por parte del Instituto.

“Se ha establecido en este proyecto una disposición común que regula la posibilidad de escriturar las viviendas entregadas por el IPV, trátese de viviendas canceladas o no, aunque existan deudas impositivas o de servicios respecto de las mismas. Esto último obedece a la necesidad de superar el escollo histórico que representa, a los fines de la escrituración, la existencia de deudas de dichos inmuebles”, destaca la fundamentación.

El proyecto además, “invita a las Municipalidades a adherirse a sus disposiciones, como legítimos acreedores de las tasas y servicios por ellas prestadas. Asimismo, se faculta al IPV a firmar los convenios que sean necesarios con los organismos respectivos para la aplicación de este marco normativo”, añade el texto.