{mosimage} Organismos estatales y empresas afectadas por el robo de cables de energía eléctrica y telefónica se reunieron con legisladores para evaluar los resultados de los operativos tendientes a evitar estos delitos. Se comprometieron a elaborar una legislación que permita el control formal de la legalidad en la compra venta de esos materiales como así también restringir la comercialización de los mismos.
Las comisiones de Derechos y Garantías y de Usuarios y Consumidores presididas por sus titulares Ricardo Puga (TODOS) y Santiago Cazzoli (CC), respectivamente, mantuvieron un encuentro con el director de Inteligencia Criminal, Dr. Gani Venier, y representantes de EDESTE, EDEMSA, Fiscalización y Control, Aduana, AFIP y cooperativas eléctricas departamentales.
Asistieron los diputados mencionados y Daniel Ortiz (CC), Jorge Serrano (UCR) y Gabriela Sánchez (CP).
En la oportunidad se realizó una evaluación de la situación que arrancó en la "post crisis económica nacional y provincial del 2001" y su evolución hasta el presente. Consideraron que las zonas más afectadas fueron las rurales ,incrementándose los delitos luego de la finalización de la cosecha agrícola .Agregaron al perjuicio económico el daño producido en el orden público y la paz social repercutiendo estos actos vandálicos en la seguridad y tranquilidad de las personas particulares de las escuelas, de los establecimientos de seguridad, de los centros de salud, entre otros dado que los robos han mantenido esos sectores sin comunicaciones y/o energía eléctrica.
Por lo tanto convinieron en cambiar el enfoque del problema dado que no se trata de delito individual sino de asociaciones ilícitas, que no sólo ponen en pérdidas económicas a las empresas sino que atentan contra la educación, la salud y la seguridad individual y colectiva. En consecuencia, se pretende nuevas herramientas legislativas que garanticen a los usuarios los servicios públicos mencionados y lograr (como se hizo en el caso de robo de aceitunas) el control formal de legalidad en la comercialización de los materiales aludidos y la venta restringida de los mismos.
Desde el ministerio de Seguridad se remitirá una iniciativa al respecto que se someterá al análisis y debate de todos los sectores perjudicados para continuar avanzando en la lucha contra estos delitos.