La comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que preside Marcela Fernández (UCR) profundizó sobre algunos aspectos del proyecto de Ley de la diputada  Marisa Garnica (FdT-PJ) que tiene como objetivo reconocer, fomentar, promover, propagar, divulgar, informar y difundir los derechos de los adultos mayores.

Se pretende mediante esta iniciativa, asegurar la vigencia efectiva de buenas prácticas de atención y trato, el derecho a la información y a una comunicación inclusiva y principio de buena fe hacia los adultos mayores, considerándolas así a las personas mayores de 65 años.

Para escuchar los aportes de la Dirección de Defensa del Consumidor sobre el tema, fue invitado el asesor letrado del organismo, Mariano Allende, quien en términos generales dijo que desde esa dependencia del Estado “consideran que el proyecto es muy bueno y necesario”.

No obstante señaló que “a veces pasa que ciertas normas son de difícil aplicación pero  nosotros estamos interesados en que  se aplique de la mejor manera posible”, manifestando además que “compartimos la premisa de que los adultos mayores necesitan de una atención especial para los formatos tecnológicos ya que muchos sectores quedan afuera de esta posibilidad  por no saber utilizarlos o por temor a su utilización”.

En cuanto a la información que recibe este grupo etario remarcó que “es relevante que se entienda cabalmente, ya que no comprender lo que están haciendo  los pone en situaciones de vulnerabilidad”.

Indicó que desde Defensa del Consumidor “se trabaja en este sentido”, mencionando que se  requiere para la atención de los adultos mayores “personal capacitado, hay que explicar claramente para que se sepa qué servicio se está contratando, por ejemplo en términos de entidades financieras, préstamos y otros sistemas más complejos”.

Si bien reiteró que “comulgamos con el avance de  este proyecto”, en lo atinente a su aplicación formuló algunas observaciones que fueron considerados por los integrantes de la comisión.

Allende informó que las instituciones públicas y privadas con las que más se relacionan los adultos mayores son PAMI, ANSES, entidades financieras, entre otros organismos, “aunque lo hacen de manera preferentemente presencial, como así cuando se trata de compras de productos o servicios”.

Por lo expuesto, consideró que “hay que poner especial acento en precisar qué organismos, entidades, comercios, etc., habría que controlar según la ley presentada ya que de otro modo sería de poco probable cumplimiento, por el gran universo del que se estaría hablando”.

El letrado expresó también, que “estamos de acuerdo en hacer una campaña para que los adultos mayores conozcan sus derechos como consumidores y puedan ejercerlos. La comunicación, la información, es clave”, aseguró.

Asimismo estuvo de acuerdo el asesor de DDC, tal lo establece el proyecto presentado, en “No obligar a los adultos mayores  a que todo el consumo sea a través del sistema web” y en esta línea, se refirió al requisito bancario de constituir domicilio electrónico a través de un mail al decir que las denuncias que llegan al organismo que asesora “no son por la constitución del domicilio electrónico sino las consecuencias que ello acarrea”.

“Es decir -  agregó -, muchas veces no tienen correo electrónico y dan el de un hijo o hija o de un pariente o amigo que luego no miran ese correo y el beneficiario no se entera de las notificaciones”, por lo que destacó la posibilidad de “notificarlo de manera más amigable por otras vías conocidas”.

“Nosotros siempre miramos al consumidor, es el lugar adonde el ciudadano puede recibir información clara”, indicó para señalar que “con las entidades financieras tenemos un problema de competencias ya que las regulaciones son del Banco Central, aunque en lo relacionado al consumo se puede intervenir”, dando como ejemplo los bancos con sucursales en nuestra provincia que tienen que “cumplir con las normas provinciales vigentes”.

 “Al adulto mayor, como a  otros grupos vulnerables estamos obligados a darles una atención especial, para esto quien atiende al público tiene que tener cualidades personales específicas, preparada desde lo técnico, que tenga un lenguaje simple, calidez, paciencia, empatía” para que “el asesoramiento  y la atención sean efectivos”, explicó.

En el tramo referido a las sanciones que percibirían quienes no acaten las disposiciones establecidas en el proyecto, se acordó trabajar en este aspecto unos días más, para lo cual la diputada Garnica mantendrá reuniones de trabajo con directivos de Defensa del Consumidor.