El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, presentó ante el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el vicegobernador Mario Abed, el proyecto de creación de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial en el fuero Civil (OCC), que apunta a agilizar el sistema judicial creando nuevos mecanismos que permitan evitar la judicialización de casos que pueden ser resueltos en una etapa extrajudicial.
Esta oficina estará compuesta por abogados que rendirán, ante la Subsecretaría de Justicia, un concurso para ser parte del cuerpo de conciliadores civiles. Además, se estipula que funcionará bajo el ámbito de la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales.
Según indicó el ministro Ibañez, “este proyecto se enmarca dentro de un proceso de reforma del sistema judicial que comenzó con el gobierno de Alfredo Cornejo y que hemos continuado. Hace unos días presentamos el proyecto de ampliación de juicios por jurados, después de un estudio que hizo una comisión, y en este caso, la oficina de conciliación civil, es el resultado del análisis de los beneficios que vienen de la oficina de conciliación laboral, donde se concilian previo a una instancia judicial los conflictos laborales, disminuyendo fuertemente el porcentaje de judicialización de los casos”.
Según estimaciones, se espera que el 80% de los procesos civiles pase por la etapa obligatoria de conciliación.
Este proyecto contó con la participación de la Asociación de Magistrados de Mendoza y los colegios de Abogados y Procuradores de todas las circunscripciones judiciales, dijo Ibañez, “con quienes se trabajó esta propuesta que va a funcionar en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia que depende del Ministerio de Gobierno”.
Respecto a su implementación en la práctica, explicó que “se va a llamar a concurso para hacer un Registro de Conciliadores y Conciliadoras, que son abogados que deberán cumplir ciertos requisitos. Existiendo la obligación previa de pasar por esta instancia de conciliación, antes de iniciar el juicio civil o comercial, se sortea al conciliador, las partes comparecen junto a sus profesionales y en ese ámbito se trata de llegar a un acuerdo. Hay un plazo de 30 días, prorrogable por 30 días más porque en algunos casos hay que aportar tal vez alguna prueba, pero si esto es exitoso se cierra un acta de conciliación y se finaliza el proceso”. En tanto, si no hay conciliación, se labra un acta de fracaso que será solicitada por el tribunal, al momento de interponer la demanda.
A modo de ejemplo, indicó que hay casos que se excluyen, como sucesiones, cuestiones constitucionales, pero en términos generales se abocará a casos como “daños y perjuicios, accidentes de ´transito, incumplimientos contractuales, que es un caudal importante de posibles conflictos que pueden solucionarse previamente al inicio de un proceso”.
En la actualidad, en los procesos civiles hay dos audiencias, una inicial y otra final. Según las estadísticas de la Justicia, en la audiencia inicial se resuelven el 40% de los conflictos, por lo que llevar esos casos a una etapa prejudicial liberará a los jueces y a todo el sistema de demandas que pueden resolverse antes. “Aspiramos a que con esta instancia, que es administrativa, previa a esa audiencia inicial, aumente un porcentaje importante de soluciones de conflictos sin necesidad de atravesar procesos largos”.
Esto es “beneficio para la ciudadanía”, afirmó, “al igual que lo que sucede con el juicio por jurado, el proyecto está pensado para dar un beneficio directo a la ciudadanía porque implica celeridad en la decisión de conflictos que a lo mejor llegando a una instancia judicial puede tardar años; disminución de los costos, y además, esto no detiene la instancia judicial. Es obligatoria la etapa de la conciliación previa, pero no acordar en esa etapa”.
“La mayor parte de los conflictos se pueden solucionar en ámbitos conciliatorios”, subrayó.