La Cámara de Diputados dio sanción inicial a una iniciativa de Jorge López (UCR) por la que se propone “establecer un régimen de incentivos a la construcción de vivienda social en la Provincia de Mendoza”, habida cuenta que “nuestra provincia cuenta con beneficios establecidos para la construcción de vivienda social”, pero “en todas aquellas operativas vinculadas a programas desarrollados exclusivamente por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)”. Con esta normativa se busca ampliar el espectro de quienes se abocan a la construcción de estas casas.

La media sanción entiende por vivienda social, “lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 7.706 incluyendo, además de las construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (con propiedad o garantía a su favor), las construidas ya construir como parte de operaciones financiadas por el Estado Nacional, Provincial y Municipal, realizadas con el fin de contención social en carácter de vivienda única y de uso exclusivo del grupo familiar adjudicado”.

Además modifica la referencia N°7 de la planilla analítica anexa al artículo 3° de la ley N°9.355, la que quedará redactada de la siguiente manera: “Cuando se trate de la construcción de viviendas sociales - (única, familiar y de uso exclusivo) sobre inmuebles propios y/o de terceros, financiadas a través de operatorias y programas implementados por el Estado Nacional, Provincial, Municipal y por el Instituto Provincial de la Vivienda, gozarán de Tasa Cero siempre que se cumpla lo previsto en el artículo 189º punto 22) del Código Fiscal.”

Jorge López observó que se buscó ampliamente la definición de “vivienda social” en normativa nacional y provincial y que extrañamente muy poca legislación la aborda y define, como es el caso de lo que aquí se transcribe de la Ley provincial n° 7.706. De este modo, como los beneficios se relacionan “con la exención en todo lo relativo a impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos para las distintas operaciones llevadas adelante por el IPV”, se quiere hacer extensivo a otras operaciones que pueden llevarse adelante desde el gobierno provincial por fuera del IPV y/o con otras empresas.

En términos puntuales, la propuesta presentada por Jorge López propone la modificación del artículo 2° de la ley 7.706, sobre el que se resolverá que quedará redactado de la siguiente manera: “Se declaran viviendas sociales, las construidas ya construir como parte de operaciones financiadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal y por el Instituto Provincial de la Vivienda (con propiedad o garantía a su favor), realizados con el fin de contención social en carácter de vivienda única y de uso exclusivo del grupo familiar adjudicado”. Aquí el agregado se refiere a que no sean las construidas ya construir solamente por el IPV.

Debate

Jorge López (UCR) explicó que este proyecto “está  vinculado a la construcción de la vivienda social, uno de los principales objetivos en el diseño de políticas públicas; años atrás la construcción de la vivienda social estaba solo vinculada al IPV, pero hoy se diseñan programas por fuera de este ámbito y es lo que se pretende abordar”.

Asimismo afirmó que “no existe claramente una definición de lo que es una vivienda social, por lo que el art- 1 viene a definirla que es única y de uso exclusivo de la familia adjudicataria”, subrayando que esta iniciativa abarca a programas con impacto en la provincia en relación a la construcción  de viviendas así como a aquellas empresas que construyan operatorias financiadas por los gobiernos nacional, provincial o municipal.

En cuanto a las obras de  urbanización indicó, “no es un debate cerrado y también compartimos la visión de que las obras de urbanización son fundamentales, hoy no se financia por lo que es difícil que lo encuadremos”.

“No cerramos el debate, de hecho otra de las áreas en las que se podría pensar es como disminuir la carga impositiva para la creación de empleo, los invitamos para que desde el gobierno nacional nos ayuden en este camino. Deberíamos también poner los ojos en lo que se hace fuera de Mendoza pero impacta en la provincia”, afirmó López.

Jorge Difonso consideró que es “oportuno el proyecto dada la situación actual que vive el país y por lo que hay que acondicionar lo que viene, los Estados provinciales y municipales que promueven la construcción de viviendas con distintos planes no puede estar gravando la urbanización”. “Esta eliminación de gravámenes favorecerá a este tipo de obras”, afirmó Difonso.

 Por otro lado Mario Vadillo (CxM) opinó que “tenemos que tener políticas serias para paliar la falta de viviendas”, mientras que Marisa Garnica (FdT)  expresó que  “cuando se activa la construcción de viviendas se reactiva el empleo, este proyecto de Ley no es más que generar una situación de igualdad para aquellas empresas que serán receptores de todos los programas u operatorias para viviendas sociales”, y agregó que  “es una manera de bajar la presión tributaria a las empresas constructoras de viviendas. Esto fortalecerá la construcción de viviendas en Mendoza.

Gustavo Perret, también del Frente de Todos, dijo que “es un norma superadora porque alivia carga fiscal a las empresas”, resaltando la necesidad de incluir también la urbanización. Por su parte el presidente de esa bancada, Germán Gómez, expresó que “avanzamos en estas iniciativas, que felicito al presidente del bloque oficialista, porque es buena, porque creo que son avances importantes”.

Además agregó que “vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas, porque entendemos que hay que apoyar a aquellas empresas que hacen un sacrificio enorme para tener un metro de construcción acorde para cubrir con las expectativas técnicas y estar  dentro de lo que llamamos vivienda social, pero creo que hubiese sido importante, incluir a la obra de urbanización”.  

 Desde el FIT, Maile Rodríguez, no acompañó la iniciativa, destacando que “en lugar de que el gobierno se preocupe tanto de bajar el impuesto a la Cámara de la construcción, debería preocuparse más por las familias desalojadas”

De manera negativa también votó Mercedes Llano (PD), quienes seleccionaron que Sellos e Ingresos Brutos “son impuestos distorsivos que deberían suprimirse. Este beneficio debería extenderse a la generalidad de la ciudadanía”.