Integrantes de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, que preside Jorge López (UCR), y de Economía, Energía, Minería e Industrias, que preside Guillermo Mosso (DF); redactaron despacho en mayoría al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea el “Programa Mendoza Audiovisual”.

La iniciativa del gobierno provincial, que prevé 500 millones de pesos de fomento a las inversiones en el sector, pretende atraer el arribo de inversiones del resto del país y del mundo, promoviendo lugar para los desarrolladores locales también; para la preproducción, producción y post-producción de contenidos audiovisuales que tengan alto impacto en la creación de empleo y consolidar la imagen de la provincia como polo de desarrollo de industrias creativas.

Tal como se explicó en la reunión, el expediente ha sido analizado en sucesivos encuentros, con la participación de integrantes del sector local y al realizar visitas de las comisiones a Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza, por ejemplo; un lugar que promueve el desarrollo de estas actividades. Desde este entorno celebran el avance del proyecto de Ley, puesto que rememoran lo que ha significado Mendoza en el ámbito cinematográfico a mediados del siglo pasado cuando se denominaba a la provincia como la “California argentina”.

Aseguran al respecto, que favorecería la trasformación de estas actividades en una verdadera industria, en constante crecimiento, ya que no sólo alcanza al cine, la televisión o la publicidad, sino también al desarrollo de videojuegos.

En la presentación del proyecto ante legisladores, del que participaron funcionarios de gobierno y actores del sector audiovisual, se recalcaron bonanzas que trajo aparejada la sanción de la Ley  9058, de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, por la que se creó el Registro de Empresas Audiovisuales, Mendoza Film Commission y el Fondo de Inversión y Garantía. En aquella reunión, se señaló que hay 103 empresas registradas, lo que le da visibilidad al sector además de institucionalización.

También se indicó que en ese marco se presentaron 52 proyectos de los que fueron elegidos 17; que a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento se han financiado 4 producciones con una inversión de 20 millones de pesos, y que por otra parte, a través de Mendoza Activa III, se presentaron 44 proyectos de inversión por casi 290 millones de pesos.

Un punto sobresaliente y que es sumamente beneficioso para atraer inversiones, según la óptica de los realizadores locales, es el sistema que propone en esta oportunidad Mendoza Audiovisual ya que impulsa un mecanismo de “cash rebates” (devolución de un porcentaje de inversión) “que ha permitido en el mundo, el desarrollo de la actividad” y que tiene que ver con incentivos o reembolsos económicos, según lo señalado.

Desde el Cluster Audiovisual de Mendoza, se indicó también que se celebra la conformación público - privada, “que es una mesa donde converge un ecosistema público privado, que ha sido muy beneficioso.  Esta es una actividad que tiene un derrame económico, cultural, en blanco y que abarca no sólo al cine y TV sino también las nuevas tecnologías y las nuevas narrativas”. Agregaron en esa oportunidad que los municipios “nos han acompañado muchísimo, además del Ministerio de Economía y de Cultura” y que “Mendoza tiene la posibilidad hoy de homologarse con el resto de los países del mundo” que promueven el desarrollo de esta industria.

También Anahí Barrera, vicepresidenta del Cluster Audiovisual, remarcó que “Mendoza se está transformando en una provincia referente. Estamos en el corredor audiovisual, mostramos nuestras locaciones, nuestra capacidad instalada y además, el aspecto patrimonial de nuestros contenidos como fuente de análisis que se nutren de distintas disciplinas”, agregó.

Antes del acuerdo sobre el despacho del proyecto, durante la reunión de hoy  la comisión incorporó aportes a la iniciativa con lo cual Jorge López consideró que se ha enriquecido la letra final del texto legislativo. De acuerdo a las expresiones de López, estas incorporaciones han sido realizadas con el acuerdo del Poder Ejecutivo y diferentes referentes de la industria, siendo las más importantes las que  giran en torno a ofrecer un porcentaje adicional para las producciones que tengan mayoritariamente a mujeres entre sus integrantes para el desempeño de las labores y a asegurar un porcentaje de los fondos destinados a tal fin, para las producciones que sean netamente locales.

El proyecto

Con esta iniciativa, señala la fundamentación, “no sólo se beneficia a la industria audiovisual; tiene un efecto derrame beneficiando a empresas gastronómicas o de catering, empresas de transporte, empresas dedicadas al alojamiento u hotelería, empresas de indumentarias y textiles, ferreterías y construcción, entre otras, lo cual aumenta sus ingresos y genera nuevos puestos de trabajo”.

Según prevé el Programa Mendoza Audiovisual, se reintegrará a quienes adquieran la calidad de beneficiarios/as, hasta el 40% de la inversión efectivamente realizada, neta de IVA, para las/los responsables inscriptos, pudiendo utilizar como medios de reintegros el dinero en efectivo, la provisión de una tarjeta de consumo o billetera electrónica y el otorgamiento de un crédito fiscal.

Además, podrán acceder “a un 5% de reintegro adicional quienes adquieran la calidad de beneficiaros o beneficiarias en los programas mencionados (…) siempre que sus órganos de gobierno posean una proporción mayoritariamente femenina”; incluidos los proyectos unipersonales.

Se trata de las inversiones que realizan tanto personas humanas como jurídicas con y sin fines de lucro, en actividades como la producción de contenidos audiovisuales y la prestación de servicios de producción audiovisual de todo tipo, incluyendo las de “corto, medio y largometraje, documentales, publicitarias, televisivas, de animación, de videojuegos; cualquiera sea su sistema de registro, almacenamiento, soporte, transmisión y/o distribución, incluyendo la contratación de profesionales y técnicos para los distintos roles que la actividad demanda”.

También las adquisiciones y contrataciones destinadas a vestuario, maquillaje, utilería, escenografía, música, edición, proceso de sonido, alquiler y/o compra de equipos de cámara y luces, efectos especiales, comidas y alojamiento, según los rubros homologados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

En los dos casos mencionados en los párrafos precedentes, uno de los aportes realizados por el plenario de comisiones para la redacción final del proyecto es que “serán priorizadas aquellas propuestas con mayor participación de artistas locales”, y a su vez, en el caso de adquisiciones y contrataciones “se priorizarán aquellas producidas en la provincia de Mendoza”.

Beneficiarios

Para ser beneficiarios se deberá cumplir con una serie de requisitos, como estar inscriptos en el Registro de Empresas Audiovisuales y cumplir con el resto de las condiciones fijadas en la Ley 9058. Asimismo, deberán presentar una propuesta de desarrollo de contenidos audiovisuales cuya titularidad total o mayoritaria sea de productoras del resto del país o de terceros países, y que estén asociadas a empresas locales, ya sea en calidad de socios, coproductores o prestadores de servicios de tales producciones.

De la misma manera se pide como requisito estar inscripto como contribuyente en la Provincia de Mendoza; estar en etapa de pre producción, producción y pos producción de cualquiera de los contenidos audiovisuales antes detallados; demostrar estar asociados o haber firmado contratos de exhibición del producto final obtenido con plataformas, pantallas o empresas contratantes de reconocida trayectoria y posición en el mercado nacional e internacional y, al momento de su presentación al Programa, demostrar haber conseguido financiamiento por un mínimo del 50% de la producción total.

La etapa de evaluación de los proyectos estará sujeta a las pautas que fije la Autoridad de Aplicación en la reglamentación (Ministerio de Economía), dejando establecido que dicha evaluación deberá contar con la participación de Mendoza Film Commission creada por la Ley 9058.

Prohibiciones

No podrán ser beneficiarios de este régimen, las entidades gubernamentales (nacionales, provinciales y/o municipales y/o sociedades con participación estatal); concesionarios y contratistas del Estado, siempre que la propuesta se relacione con el cumplimiento de la obligación por la que se vinculan con el Estado Nacional, Provincial o Municipal; personas que registren deudas en el Registro de Deudores Alimentarios.

Presupuesto

Para llevar adelante este Programa, se prevé una autorización al Poder Ejecutivo a invertir la suma de $ 500.000.000, en tres años. Para ello, el Ejecutivo incorporará en el Presupuesto vigente y en los Presupuestos del Ejercicio 2022; 2023 y 2024 las partidas correspondientes.

Así, para el Presupuesto 2022, se autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar en $200.000.000, el presupuesto vigente; para 2023 se deberá prever una partida de $ 200.000.000, y para 2024, una partida de $ 100.000.000.

Por otra parte se lo autoriza a instrumentar los beneficios del Programa a través del Fideicomiso del Desarrollo de Capital Emprendedor, el cual remitirá cuatrimestralmente un informe de seguimiento y avance a la Legislatura Provincial.

Un aporte realizado al escrito final del expediente es que del total de 500 millones de pesos previstos, 400 millones “serán destinados a la producción de contenidos audiovisuales y la prestación de servicios de producción audiovisual de todo tipo”; en tanto que los 100 millones de pesos restantes serán para “adquisiciones y/o contrataciones destinadas a vestuario, maquillaje, utilería, escenografía, música, edición, proceso de sonido, alquiler y/o compra de equipos de cámara y luces, efectos especiales, comidas y alojamiento”, dando relevancia a aquellos proyectos netamente locales que puedan postularse.

Crédito fiscal

Los beneficiarios del Programa Mendoza Audiovisual que inicien las inversiones correspondientes a partir de la fecha que se establezca en el pliego de condiciones o bases de la convocatoria, podrán acceder al beneficio de un certificado de crédito fiscal por hasta el monto del 40% de la inversión total, para la cancelación de Ingresos Brutos, en la proporción y modalidades que el Poder Ejecutivo determine.

Este crédito fiscal será implementado con la entrega de certificados o el mecanismo de billetera digital u otras modalidades idóneas, y deberá contar con resolución aprobatoria refrendada por los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Economía y Energía. La utilización del certificado de crédito fiscal podrá efectuarse hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un lapso de hasta 3 años desde el vencimiento previsto en la ley.

El beneficiario original del crédito fiscal y los sucesivos cesionarios podrán transferirlo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Por otra parte, se establece un costo fiscal de 500 millones de pesos, y se dispone que las sumas otorgadas y efectivamente utilizadas del crédito fiscal de Impuesto a los Ingresos Brutos, serán deducidas previo cálculo de la masa primaria ordinaria de participación a los Municipios.