La comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que preside Verónica Valverde (FdT-PJ) continuó con el análisis de los proyectos que apuntan al tratamiento y disposición final de los residuos electrónicos y eléctricos.

El objetivo es establecer medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes, así como regular su gestión por parte de agentes privados para mejorar la protección del medio ambiente

Las iniciativas que se encuentran en el seno de la comisión son tres, impulsadas por los diputados mandato cumplido Aníbal Ríos (PD), Mariela Langa (PJ) y Daniel Llaver (UCR) y a  ellas, se suma otro proyecto presentado por Jorge Difonso (FR-UP), que apunta a la creación de un Plan de Manejo Sustentable de Aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Al respecto, tras la lectura de las observaciones realizadas por la Secretaría de  Ambiente y Ordenamiento Territorial a iniciativas similares del Senado, se determinó unir todas las propuestas y realizar un borrador de despacho que dé  marco normativo a esta problemática en la provincia.

Por lo tanto,  en adelante, el trabajo estará  orientado a incentivar y promover las buenas prácticas en lo que se refiere a este tipo de desechos teniendo en cuenta la Ley Nacional, a la que Mendoza está adherida.

En su momento la comisión de Ambiente de Diputados, llevó adelante un relevamiento territorial en los municipios respecto al tratamiento y disposición final que cada comuna hace de los residuos electrónicos y eléctricos,  datos que serán tomados en cuenta a la hora de elaborar un despacho que englobe a las distintas iniciativas presentadas en la Cámara.

Los proyectos de base en estudio establecen, en el caso de las iniciativas de Llaver y Langa, un conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en el territorio provincial, según lo preceptuado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo establecido por el Convenio de Basilea, ratificado mediante Ley Nacional 23.992 y otras leyes provinciales.

Por su parte, el de Ríos tiene por objeto establecer medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos y reducir la peligrosidad de sus componentes, así como regular su gestión por parte de agentes privados para mejorar la protección del medio ambiente.

En tanto, el de Difonso, propone un Plan de Manejo con el objeto de prevenir y minimizar los riesgos, impactos negativos significativos y daños al ambiente o la salud humana durante todas las actividades que se desarrollen en su ciclo de vida; evitar la contaminación del suelo, el agua y del aire; reducir la disposición final de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso; fomentar la reutilización, reciclaje, valorización energética y toda forma existente de valorización de los AEE's en desuso y procurar un manejo de los AEE's de forma técnica, con el menor riesgo posible al medio ambiente y que sea beneficiosa económica y socialmente.