Se trata de una propuesta que beneficiaría a unas 25 mil personas, contribuyendo al desarrollo local y la generación de trabajo genuino.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, la directora de Economía Social y Asociatividad, Lorena Meschini, junto a distintas organizaciones de la economía social,  fueron recibidos por el vicegobernador Mario Abed, el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, y la diputada Sandra Astudillo (UCR), como presidenta de la comisión de Desarrollo Social, a quien hicieron entrega de una propuesta de actualización de la Ley 8435, a diez años de su sanción.

Dicha Ley, de promoción de la Economía Social y Solidaria, fue pionera en su momento al fomentar el apoyo del Estado a proyectos productivos mediante capacitación y ayuda económica, pero “han transcurrido diez años y dado que las condiciones sociales, económicas y culturales han variado considerablemente, es menester proceder a la actualización de la misma”, señala un fragmento del texto.

“Estamos presentando las modificaciones a la Ley de Economía Social, este es un proceso que se dio durante los últimos meses en el cual todos los sectores que integran la economía social, solidaria y popular, fuimos trabajando para adecuar la Ley a la realidad”, dijo Meschini.

La funcionaria, destacó que se promueve “introducir dentro de esta futura normativa, nuevos aspectos como por ejemplo el tema de hacer efectiva la compra del 10% a la economía social, incluir la economía popular dentro de la regulación provincial, hacer adaptaciones dentro de la Ley de Administración Financiera, porque todo esto va a contribuir a que hayan mayores posibilidades de compra al sector de la economía solidaria, social y popular”, añadió.

En esa línea, sostuvo que “uno de los principales cambios propuestos es en el caso de las compras del sector público en cualquiera de sus niveles, la posibilidad de que se realicen pagos por adelantado. Muchas veces los pequeños productores lo que nos plantean es que cuando quieren presentarse a diferentes convocatorias, se dificulta porque no tienen el capital inicial para poder realizar la producción en cantidad. Entonces proponemos que se implemente un sistema similar al de la Universidad Nacional de Cuyo en el cual se hace un pago por adelantado de hasta un 50% y una vez que se entrega el producto al final, se cobra el resto”.

Meschini, sostuvo que “en esta oportunidad se presentó por la comisión de Desarrollo Social de Diputados y esperamos que en el próximo presupuesto estén incorporadas estas modificaciones”.

Respecto a cuántas personas se verían beneficiadas, indicó que “en el Registro de Unidades de la Economía Social tenemos 6400 unidades aproximadamente, que pueden ser grupales, asociativas, cooperativas, mutuales, empresas recuperadas. Nosotros creemos que son más de 25 mil las personas que se podrían  ver beneficiadas una vez que se aplique la Ley porque esto se empieza a multiplicar en la cadena y creemos que contribuye al desarrollo local y genera trabajo genuino”.

Durante el encuentro, los representantes de las organizaciones presentes señalaron que la Ley que se busca modificar, fue pionera en su momento a nivel nacional y tomada como referencia por muchas provincias. “A lo largo del tiempo ha habido mucho desarrollo, sabemos que la economía social no debe ser sinónimo de lo chiquito, de la subsistencia de una economía de pobres para pobres, sino justamente de la posibilidad de encadenar. Esta es una Ley de avanzada por todos los consensos que ha habido y que será espejo seguramente de leyes que vendrán a nivel nacional”.

Al respecto, Meschini afirmó que “no es una iniciativa del Poder Ejecutivo porque la hemos construido entre todos, por eso la idea de que ustedes la reciban para que siga el curso legislativo”.

A su turno, la ministra Nadal resaltó “todo el trabajo que la Subsecretaría ha realizado en este tema porque aún durante la pandemia, nunca dejó de trabajar la economía social ni de recibir el apoyo del Ministerio. Es un tema sumamente importante para trabajar porque desde aquí generamos fuentes de trabajo,  promoción social y económica de la provincia. Creo que es una buena oportunidad de espacio de discusión y promover la economía social como herramienta de crecimiento”.

Lombardi, por su parte, explicó cuál es el procedimiento para la presentación de proyectos pero además agradeció la “confianza en la Cámara de Diputados, pero sobre todo, por el trabajo que han hecho”.

“Esperemos sacar una Ley que nuevamente sea pionera en la República Argentina y que la tomen el resto de las provincias también”, agregó.

De igual forma, el vicegobernador Mario Abed ponderó las experiencias de la economía social en el departamento de Junín, “y todo el trabajo realizado con las cooperativas” en esa comuna, sumando en ese sentido que “es mucha la importancia que tiene este momento de trabajar todos juntos en la elaboración de una Ley. Es un paso gigante hacia adelante”.

Entre las organizaciones que adhieren a la propuesta, se encuentran las integrantes del Foro de Economía Social, como ACERM; Cooperativa La Terre; UST, Campesina y Territorial (Unión de Trabajadores Sin Tierra); la Red de Apoyo para la Inclusión; la Cooperativa de Jóvenes Recuperadores Pascuala Coral; la Cámara de Emprendedores de la Economía Social de Mendoza; La Colectiva Mendoza, así como la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular y el Colectivo de Medios Comunitarios  de Cuyo, entre otras.

Además de la modificación a la Ley 8435, el documento entregado en mano a la diputada Astudillo contempla también una adecuación de las compras públicas, incluyendo al sector, a través de la modificación de la Ley de Administración Financiera – Ley Nro 8706 -.