La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside Jorge Difonso (UP-FR), otorgó despacho favorable a una iniciativa de Emanuel Fugazzotto (PV) que establece modificar la Ley de Arraigo y se prorrogan los plazos previstos hasta diciembre de 2023. La votación del despacho resultó de forma afirmativa unánime.

Esta modificación que plantea el proyecto, establece que el artículo 1 de la Ley 9297 quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1 - A los efectos previstos por el artículo 39 de la Ley 6.086, amplíese hasta el 31 de Diciembre de 2.023 la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera fuera su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia”.

En los aspectos formales, la fundamentación del expediente sostiene que “en noviembre de 1.993 fue sancionada la Ley 6.086, comúnmente conocida como de “Arraigo de Puesteros”, y reglamentada por el Decreto 594 del 31 de Mayo de 1.996. Dicha norma en su artículo 39 establece la “suspensión por dos (2) años de todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del Estado o de particulares, incorporados o que se incorporen en el futuro al programa previsto en la presente ley, cualquiera sea su estado, aún cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia”.

Hasta la fecha, no se ha podido “regularizar la situación dominial de muchos puesteros que poseen en precario la tenencia de las tierras a las que las que la ley refiere”, señala el diputado, por lo que “los plazos que establece ese artículo han sido prorrogados en sucesivas ocasiones”, siendo su última prórroga la establecida por la Ley 9297.

El autor de la iniciativa, indica que el espíritu de la Ley de Arraigo, “busca legitimar jurídicamente la posesión y tenencia de esas tierras y sanear los títulos de propiedad que pudiesen acreditar sus actuales habitantes. En su mayoría, se trata de familias de crianceros radicados en cercanías de Malargüe y San Rafael”.

La prórroga prevista en la legislación vigente “expirará en Diciembre de 2022, generando una situación en la que los puesteros se encontrarán nuevamente en una situación de vulnerabilidad con el riesgo de perder sus tierras”, señala, agregando que por ello la necesidad de posponer nuevamente los plazos.