La Cámara de Diputados otorgó media sanción a una iniciativa de Emanuel Fugazzotto (PV) que promueve modificar la Ley de Arraigo prorrogando los plazos previstos hasta diciembre de 2023.

Esta modificación que plantea el proyecto, establece que el artículo 1 de la Ley 9297 quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1 - A los efectos previstos por el artículo 39 de la Ley 6.086, amplíese hasta el 31 de Diciembre de 2.023 la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera fuera su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia”. La prórroga prevista en la legislación vigente expiraba  en Diciembre de 2022,  de allí la necesidad de establecer un nuevo plazo.

En la fundamentación del expediente se sostiene que “en noviembre de 1.993 fue sancionada la Ley 6.086, comúnmente conocida como de “Arraigo de Puesteros”, y reglamentada por el Decreto 594 del 31 de Mayo de 1.996. Dicha norma en su artículo 39 establecía la “suspensión por dos (2) años de todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del Estado o de particulares, incorporados o que se incorporen en el futuro al programa previsto en la presente ley, cualquiera sea su estado, aún cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia”.

Hasta la fecha, no se ha podido “regularizar la situación dominial de muchos puesteros que poseen en precario la tenencia de las tierras a las que las que la ley refiere”, señala el Fugazzotto, por lo que “los plazos que establece ese artículo han sido prorrogados en sucesivas ocasiones”, siendo su última prórroga la establecida por la Ley 9297.

Al momento de expresarse en Sesión, el diputado Jorge Difonso (UP-FR), que preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), remarcó que “este expediente se viene discutiendo hace varios meses. Tuvimos al autor del la iniciativa, y con anterioridad recibimos a personas de Malargüe con esta situación”. Sostuvo que “decidimos oportuno avanzar en el mismo”, y agregó que se modificaron algunos plazos previstos en la letra original, buscando además, que no se deba “seguir recurriendo a distintas prórrogas”.

A su turno, Emanuel Fugazzotto (PV), agradeció el trabajo de la comisión. Subrayó: “Valoro que hayan recibido a puesteros y puesteras de Malargüe y que hayan podido comprender la realidad, y que podamos estar tratándolo y llegar a este acuerdo en lo que hace a los plazos”.

Agregó el legislador que aprecia el “compromiso importante del Poder Ejecutivo” para trabajar sobre “el fondo de la ley” que data de los años ´90. “Precisan seguridad jurídica”, indicó y valoró que el despacho de la comisión haya sido votado de manera unánime. “Estamos contentos por haber logrado los consensos. Esta ley está siendo muy celebrada en Malargüe y el Valle de Uco”, ponderó Fugazzotto y sintetizó que “es una actividad centenaria en la provincia y nos parece importante preservarla y protegerla”.

Desde el FdT-PJ, Bruno Ceschín sostuvo en Sesión que “acompañamos afirmativamente; entendemos que es importante tener esta prórroga, que el acceso a la tierra en la ruralidad es un problema estructural que necesita una solución definitiva”.

Reflexionó también en que “esta ley de arraigo nos obliga a pensar la nueva ruralidad, son los legítimos poseedores de esas tierras, tienen un rol fundamental, están en frontera, hacen a la soberanía nacional”. Agregó que son alrededor de 5 mil familias las que se dedican a esta práctica con actividad ganadera, fundamentalmente, y que también se debe pensar en que “tengan acceso a préstamos, tecnología, asistencia técnica”.

Por su parte, Emiliano Campos (UCR), manifestó que “el gobierno está trabajado en soluciones de fondo para que no tengamos cada año o dos tener que prorrogarla”. Además aclaró que “esta Ley de Arraigo establece excepciones jurídicas importantes a los puesteros y crianceros. La ley trae un procedimiento, que muchas veces no ha sido completado en su totalidad”, por ello esta es la décima prórroga, y se la ha acortado a un año.

Campos consideró, a su vez, que “un año de prorroga es prudente, ya que podemos tener una normativa que sea posible”.

Finalmente, José Luis Ramón (Protectora), sostuvo que “este proyecto va a dar un año más de seguridad jurídica”, agregando que “hay fuerzas políticas que tenemos interés en los lugares más alejados de la provincia”.