El Fiscal de Estado, Fernando Simón, y colaboradores de la repartición, presentaron ante legisladores de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios de ambas Cámaras los alcances de la pauta presupuestaria prevista para el año próximo.
Desde el organismo indicaron que la pauta prevista asciende a 2.308.868.178,49 pesos. De ese total, 783 millones de pesos se asigna al funcionamiento del organismo, mientras que alrededor de 1.525 millones, para juicios contra el Estado.
“Fiscalía de Estado hace una solicitud de monto para los juicios basada estrictamente en las sentencias, y ahora también en las transacciones que se celebran hasta el 31 de agosto de este año. Se le pide a Hacienda la incorporación en el presupuesto”, argumentó Simón, y destacó que este año “ese pedido fue de 2.212 millones de pesos y Hacienda previó 1.525 millones de pesos. Esta práctica se ha hecho habitual todos los años y se suele ir reforzando esta partida para cumplir con todas las sentencias”.
Al mismo tiempo, destacó el funcionario que “un dato relevante es que con la Ley de Registración, se pagan los juicios estrictamente en el orden que surjan las sentencias que quedan firmes. Pero en algunos casos, la ley autoriza a los jueces a evadir el Registro de sentencias y pagarlos anticipadamente. Los casos son taxativos, cuando tienen más de 70 años, o problemas de salud, y en algún caso cuando el juez considera que corresponde, con lo cual, muchas veces con la partida que tenemos nos aparece juicios de 20, 30 o 40 millones en el medio que nos hace que terminemos ejecutando más del 100% de lo previsto”.
Como la previsión para este año para la partida de juicios fue de 300 millones de pesos, y para 2023 se proyectan 1.500 millones de pesos, Simón comentó que “este año nos toca pagar una expropiación que es la del PASIP, que fue decidida por esta Legislatura en el año 1999, o sea, llevamos ya 23 años con esa expropiación, y finalmente tuvimos sentencia firme y la provincia tiene que pagarlo. Son 4 millones de metros cuadrados en la zona de Palmira”. Agregó que “este año nos va a tocar pagar los 220 millones de capital más unos 580 millones de intereses estimados, por ese juicio. Lo que representa el 36% de la partida”.
Continuó Simón al detallar que un 26% de la partida también tendrá destino de pago de acuerdo a las primeras sentencias sobre los juicios de médicos y enfermeros “por el tema del reescalafonamiento” al pasar de los regímenes 15 a 27, que tienen origen en las paritarias del año 2015 y 2020.
En definitiva, Simón resumió: “Entre estos dos juicios excepcionales, podríamos decir así porque no son juicios que todos los años tengamos, representan el 60% de la partida de juicios”; y manifestó que “el otro dato que resulta distorsivo sobre esta partida son los intereses”.
Adentrándose en términos referidos a los intereses que debe pagar Fiscalía de Estado respecto a los juicios, comentó Simón que “este año nos toca pagar prácticamente todos los juicios completamente con intereses a tasa UVA, que es lo que esta Legislatura dispuso en enero de 2018, y la tasa UVA está implicando al día de hoy un interés de 651% desde su entrada en vigencia”.
Sobre este tema, algunos legisladores consultaron al funcionario sobre la posibilidad del cambio de tasas, a lo que Fernando Simón respondió: “La tasa UVA objetivamente hablando, refleja en forma bastante aproximada la inflación”; y reflexionó: “El problema no es la tasa UVA, el problema es la inflación”.
Para el caso del Personal con el que cuenta la Fiscalía de Estado, sostuvo que “Fiscalía se mantiene con un proceso de reducción de personal”, y en los cuadros comparativos compartidos se observó que ha disminuido un 16% la planta de personal desde 2015 a la fecha (se redujo de 144 a 119 cargos). Además, explicó que el organismo realizó 8 concursos (3 de ingreso y 5 de ascenso), todos a clase 9, y que para 2023 se proyectan 3 cargos de ingreso por concurso, profesionales iniciales.
“La intención que tuve al momento de asumir no fue tanto incorporar personal como sí, frente a las jubilaciones, hacer redistribución de ese dinero en adicionales y suplementos, reforzando al personal que está de carrera. Esa ha sido la línea que hemos sostenido”, dijo.
Sobre el “volumen de trabajo” que se ha desarrollado en la Fiscalía, Simón indicó que tienen “tres grandes áreas que son Asuntos Administrativos, Asuntos Judiciales, y Asuntos Ambientales”. En general, en Dictámenes Administrativos Emitidos, Fiscalía de Estado aportó los siguientes datos: En 2020, un total de 1407; en 2021, un total de 1740; y en lo que va del 2022, asciende a 1749. Asimismo, en la presentación se indicó que los expedientes judiciales activos, sin sentencia definitiva ni archivados, totalizan 10.737.