La Auditoría Ética Pública, órgano técnico e independiente con autonomía funcional, financiera y presupuestaria presentó una  pauta de gastos  para el 2023 que asciende a poco más de 38 millones de pesos, y que representa el 0.0041% del presupuesto total de la provincia.

Este organismo está dividido en la Dirección de Registro de Informática, Dirección de Investigaciones Administrativas y Subdirección de Acceso a la Información Pública.

El responsable de la Auditoria de Ética Pública, Gabriel Balsells Miro, dijo a los legisladores que “tomamos estas reuniones, no sólo como presentación de presupuesto sino también como una rendición de cuentas, porque es importante mostrar los avances que ha tenido esta oficina de ética pública, que ha sido creada hace 4 años”.

El funcionario solicitó “un especial pedido”  a raíz de que “nuestra oficina tiene Ley de creación, la 8993 y además una Ley posterior que puso en cabeza de esta oficina el  acceso a la información pública y tenemos personal en comisión de Fiscalía de Estado y Senado”. En este sentido expresó que “es importante que no estemos eternamente en comisión, que se regularice esta situación para que estas personas pasen a ser planta de la oficina, además es pase, lo que significa que  no necesitamos nuevo  presupuesto”.

“Nuestro organismo funciona como unidad de gestión en Senado, es un organismo técnico independiente y como tal mandamos presupuesto al Senado y hay diferencia con el presupuesto que presentó Hacienda”, esgrimió.

El funcionario, explicó que “hoy tenemos más de 6 mil declaraciones juradas registradas, en algún momento que hemos hecho una comparación con otras provincias nosotros somos la única provincia que registra a los tres Poderes y a las entidades autárquicas, a los municipios y a los Concejos Deliberantes”.

Manifestó que “San Juan aún no tiene Ley de acceso a la información pública, Mendoza tiene adherido a los 18 departamentos, uno de ellos ´por ordenanza, lo que era una decisión voluntaria de los municipios, ese es un paso institucional muy importante para nuestra provincia”.

Resaltó  además la reforma de la Ley 8993 que “nos da una pauta de pedido de Declaraciones Juradas. El  31 de diciembre  como fecha de corte, a partir del 1 de enero al 1 de marzo los funcionarios públicos podrán actualizar sus declaraciones juradas”.

También señaló que “hay 282 dirigentes gremiales que  han presentado sus declaraciones juradas, también hay personas de organismos de control, de proveedores de contrataciones directas. Está todo publicado en la web”.

Balsells Miró planteó además, como desafío para el 2023  de la Dirección de Registro de Informática, el rediseño de los sistemas de cargas, para mejorarlo y tener un recurso de trazabilidad, lo estamos trabajamos con el Tribunal de Cuentas para que no haya incompatibilidades que generen un daño al patrimonio del Estado”.

En cuanto al  trabajo que se hace a través de la Dirección de Investigaciones Administrativas, aseguró que “los expedientes están al día. Estamos aplicando un criterio preventivo. En algunos casos hemos hecho mediaciones” y recalcó  que “hemos pasado los 700 dictámenes, hemos marcado algunas pautas administrativas, en temas de licitación, contrataciones, desde una oficina nueva y trabajando en tándem con Fiscalía de Estado”.

Con respecto a la Subdirección de Acceso a la información Pública dijo que “se registró una situación  particular, las denuncias fueron bajando y sube el pedido de acceso a la información, los entes dirigen la información a sus páginas web. Hemos superado los 3010  pedidos de  acceso a la Información Pública  con una  tasa de resolución del  98 por ciento. Estamos con un estándar muy alto en la contestación al acceso. Trimestralmente vamos actualizando lo que los entes contestan”.

Indicó que las metas 2023  para esta Subdirección son: diseñar y aplicar capacitación específica a Concejos Deliberantes. Fortalecer y sistematizar las instancias de Auditoría sobre transparencia Activa, Ajustar los procedimientos específicos de gestión de pedidos de información, estableciendo parámetros de mayor rigurosidad en las instancias de prórroga, denegación, reenvío y respuestas de vistas a Recursos por Incumplimiento, como así también consolidar la aplicación de los principios de lenguaje y diseño claro, y datos abiertos, en la publicación en línea de información pública.