Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios de ambas Cámaras, recibieron a Cecilia Saint´André, titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, quien se explayó en la pauta presupuestaria prevista para su área en 2023.

Se indicó en la presentación que el total previsto asciende a 2.686.389.485 pesos, de los cuales en Personal están previstos 2.614.983.627 de pesos (97.34%), y unos 71.405.858 de pesos (2.66%), respecto del funcionamiento (tasas de justicia). Representan alrededor del 5% del presupuesto del Poder Judicial.

La funcionaria judicial se explayó sobre las funciones que desempeña su cartera, indicando al respecto que “es un Ministerio nuevo, creado como una unidad organizativa autónoma del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, por la Ley Provincial N° 8.928 del año 2016 y puesto en funcionamiento en el año 2017, con una planta inicial de 297 empleados”.

Agregó que “en la actualidad la planta de personal se ha visto reducida en un 4 %, siendo integrada por 285 agentes que garantizan a través de la asistencia técnico jurídica el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y la protección de la persona y de los bienes de los Niños, Niñas y Adolescentes, y Personas con Capacidades Restringidas”.

Sobre la previsión presupuestaria para personal en su área, Saint´André indicó que “nosotros somos abogados de todos los fueros. Nos dedicamos básicamente a representar a las personas en el proceso judicial y es un trabajo que solamente puede hacer una persona”, por eso el mayor gasto en personal. 

De acuerdo al funcionamiento ministerial, la abogada detalló que se encuentran organizados por materias en distintas dependencias: Pupilar (Asesorías), Familia, Civil, Penal Juvenil y Penal; y con presencia en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.

Cecilia Saint´André comentó que desde que asumió el cargo realizó junto al equipo en el Ministerio de la Defensa y Pupilar, un análisis de las necesidades que tenían. Sobre este punto indicó que “llegamos a la conclusión de que el área que merecía una atención urgente era Familia; entendiendo a la familia como pilar de la sociedad merece toda la atención nuestra y la urgente respuesta”.

Respecto al rol de las Asesorías de los niños, niñas y adolescentes, y de Personas con Capacidades Restringidas, señaló que “originariamente fueron de creación simultánea con los Juzgados de Familia, con una estructura Unipersonal”, aunque conforme “creció la demanda en el fuero de familia, se siguieron creando a través de leyes de presupuesto, distintos juzgados a lo largo de toda la provincia, con sus respectivas Asesorías, las cuales no fueron dotadas de cargos ni presupuesto, razón por la que actualmente, existen 5 Asesorías menos que Juzgados de Familia: en Lavalle, Luján, San Rafael, Tunuyán y San Carlos”.

Respecto del funcionamiento del fuero de Familia, remarcó que son 30 Codefensores, “que son abogados especializados en derecho de familia”. “A este cuerpo de abogados, que son 30 en toda la provincia, se accede a través de la línea telefónica (0800), solicitando turno para una causa nueva”, también puede acudir personalmente, es decir, que las y los abogados reciben a las personas de manera personal y telefónica, además de derivaciones de: juzgados, derechos humanos, Dirección de la mujer, Defensorías civiles y penales; Asesorías; y Consulta de trabajadores sociales de organismos penitenciarios.

A modo ilustrativo, Cecilia Saint´André comentó que “según datos estadísticos de febrero a junio de 2022; únicamente en la 1° Circunscripción Judicial, se otorgaron con la línea 0800 un total de 1.606 turnos para casos nuevos, dando un total de 11.966 personas asesoradas”.

En otro orden, la funcionaria sostuvo que se proyectan para 2023 adelantos y mejoras que tienen que ver con “la gestión de las estructuras organizativas del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar con la consecuente optimización del recurso humano”, además de equipamiento; y el acceso a la justicia en zonas retiradas, el recambio de equipos informáticos, mejoras edilicias y de mobiliario, entre otras.

También mencionó los objetivos de transparencia y publicidad de los actos de gobierno, a partir de la publicación del material en el “website y portales informáticos”; la asesoría en materia penal con asiento en el Poder Judicial; la figura del co-asesor/a; además de la visita a dependencias de toda la provincia, la creación de manuales de funciones para unificar criterios,  la creación de un área de capacitación y un referente que sirva como nexo con la Defensoría General.