Se trata del Decreto por el cual se aprueba el Acuerdo Transaccional firmado entre el Gobierno de la provincia y la empresa Tysa Lamcef UTE, cuya tarea es la recolección de residuos patológicos y patogénicos, y su disposición final.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (UP-FR) dio despacho en mayoría al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se ratifica el Decreto 1691, del 23 de setiembre de 2022, en el cual se ratifica el Acuerdo Transaccional firmado entre la provincia y la empresa, en el marco de lo dispuesto por la Ley 9234, sobre Acuerdos Transaccionales, Judiciales o Prejudiciales.
Para ello, el coordinador de Jefatura de Gabinete, Claudio Romano, participó de la reunión explicando los alcances del convenio “que tiene aprobación por decreto y se pide ratificación legislativa”, dijo.
El funcionario explicó que la empresa en cuestión tiene como tarea “la recolección de residuos patológicos y patogénicos”, tarea que tiene “el carácter de servicio público y que además hace el tratamiento posterior en hornos pirolíticos y luego se deposita en piletones de Capdevilla, cerca de Minetti, en Las Heras”.
En los considerandos del Decreto se detalla que “la empresa TYSA LAMCEF UTE, es concesionaria del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos y farmacéuticos en la provincia de Mendoza”. En tal sentido, agrega que “la empresa ha efectuado diversos reclamos por re determinación de tarifas”, consignados en el acuerdo transaccional.
Según explicó Romano, en el pliego de concesión se establece una incidencia de los costos que tiene la empresa, como combustible, personal, impuestos, por lo que podían pedir actualizaciones en la tarifa, a lo que se suma la incidencia de la pandemia en donde “se incrementó sustancialmente la cantidad de residuos que tuvieron que trabajar”.
A fines del 2021 se determinó proceder a una conciliación por vía de la Ley, con intervención de Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado y la comisión específica que trata las actualizaciones, “cumpliendo con todo el proceso”. Esta propuesta tiene una validez de 90 días desde la firma del convenio, “por lo que se requiere la aprobación para que se pueda producir el pago en el corto plazo”, sostuvo.
Precisamente en 2021 se dictó el decreto 2239, donde se fija la tarifa aplicable al servicio y encomendando al Asesor de Gobierno y al Fiscal de Estado dar inicio al proceso transaccional previsto en la Ley 9234, a fin de “dar finiquito a todas las reclamaciones administrativas pendientes de resolución por parte de la provincia en diferentes etapas de trámite”.
De igual forma, añade que “en las sucesivas presentaciones realizadas por la empresa con motivo del Acuerdo Transaccional, se propone la condonación de la deuda mantenida por los efectores de salud del subsector privado, lo que debe interpretarse como un importante beneficio para el Estado, toda vez que – en caso contrario – el Gobierno debió haber acudido a salvar esa deuda por vía del subsidio”.
Asimismo, sostiene que “en las mismas presentaciones se acuerda otorgar una reducción del 50% sobre los intereses aplicables a la deuda mantenida en concepto de servicio de recolección por la Obra Social de Empleados Públicos” y que además, “se solicita la condonación de las deudas mantenidas por la empresa en concepto de Tasas adeudadas por tal concepto ante la Dirección de Protección Ambiental”.
“La propuesta tiene una validez de 90 días desde la firma del convenio, por lo que se requiere la aprobación para que se pueda producir el pago en el corto plazo. Si esto termina en la justicia, sería más perjudicial para la provincia. Necesitamos liberar la concesión de esa planta para volver a licitar nuevamente, para que esta u otra empresa se haga cargo por los próximos 5 años procesando estos residuos, y construya una nueva pileta”, señaló Romano.
“Con este acuerdo queda toda la deuda saldada con los públicos y privados hasta la fecha del convenio, y la empresa suspende cualquier juicio a la provincia salvo para el caso que a posterior no pague por los servicios”, subrayó.
Romano dijo que actualmente, sólo el 40% del predio total de Capdevilla está ocupado y que en el proyecto original ya estaba prevista una segunda pileta. La que funciona hoy, la construyó el mismo concesionario y tras lo sucedido en la pandemia, se encuentra saturada.