La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, remitió en segunda revisión al Senado un proyecto por el cual se crea “el comité provincial para la integración Socio Urbana de Barrios Populares Mendoza”, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional 27.453 y leyes modificatorias. El proyecto contaba con media sanción de la Cámara Alta pero volvió en revisión tras ser modificada.

La iniciativa sostiene en el articulado que “el Comité será un órgano participativo de gestión y coordinación conjunta para el debate, diseño, planificación, control e implementación de políticas públicas en materia habitacional e integración social y urbana en barrios populares registrados en RE.NA.BA.P. (Registro Nacional de Barrios Populares)”.

Este Comité,  “actuará, vinculado funcionalmente con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública e Instituto Provincial de la Vivienda, u organismo  que en el futuro lo reemplace”. A su vez, las disposiciones previstas en la letra legal, “serán interpretadas y aplicadas de conformidad con lo prescripto por la Ley Nacional 27.453 de régimen de regularización dominial para la integración socio urbana”, y  leyes modificatorias.

El Comité previsto será conformado por 18 personas: 2 por el Ministerio de Planificación e Infraestructura; 2 por la Subsecretaría Desarrollo Social; 2 representantes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV); 6 representantes del Poder Legislativo Provincial (3 Diputados/as y 3 Senadores/as), y 6 representantes de la Sociedad Civil (3 miembros de la Unión de Trabajadores de  la Economía Popular (UTEP) y 3 miembros de la Mesa Provincial de Barrios Populares.

Entre los objetivos que menciona la normativa, se encuentran el de propiciar la gestión participativa para la toma de decisiones en torno a la aplicación de la Ley 27.453, así como coordinar decisiones y acciones entre actores participantes y otros implicados.

En otro orden, prevé capacitaciones que deberán realizarse “en las temáticas que atañen a la Ley Nacional 27.453 en la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados, empresas prestatarias de servicios públicos y quienes lleven a cabo acciones orientadas a la integración socio urbana de los barrios populares de la Provincia de Mendoza”. Los destinatarios de las mismas serán “los/as funcionarios/as implicados directa o indirectamente en la temática”, quienes “están obligados a realizar la capacitación sobre los lineamientos del régimen de integración socio urbana de los barrios populares”.

Jorge López (UCR) destacó que es un despacho de acuerdo. “El haber arribado al consenso en esta Cámara es una buena noticia y quiero ponerlo en valor”, argumentando al respecto que “la adhesión a la ley nacional en Mendoza no se había dado, porque es una ley nacional  y por lo tanto se debe cumplir; en segundo lugar porque, de hecho en la práctica se está cumpliendo”.

Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV) dijo: “Estoy contento de que podamos llegar a esta instancia y de que podamos buscar soluciones a una problemática de miles de familias mendocinas”.

En otro orden, José Luis Ramón (Protectora), indicó: “Hoy para las organizaciones sociales, para los movimientos que gestaron el nacimiento RENABP es una fiesta” y puso en valor el trabajo realizado por legisladores de distintas bancadas.

Desde el PRO, Gustavo Cairo manifestó el apoyo de su bloque a la iniciativa. Indicando que “en Mendoza un caso paradigmático, es el Bajo Luján”, en la que “había una propuesta de mejorar las viviendas y los vecinos pidieron trasladarse” mientras que Jorge Difonso (UP-FR) manifestó que “se hace alusión a experiencias concretas y en San Carlos con la situación de viviendas, con la posibilidad de tener un lote, el municipio avanzó   en la Consulta, Pareditas y Chilecito trabajando en conjunto con cooperativas y uniones vecinales”.