Durante su Sesión de Tablas, la Cámara de Diputados otorgó sanción inicial, por mayoría de votos, a un decreto del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Transaccional firmado entre el Gobierno de la provincia y la empresa Tysa Lamcef UTE, cuya tarea es la recolección de residuos patológicos y patogénicos, y su disposición final.

El despacho de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que fuera votado favorablemente por mayoría, se refiere a la ratificación del Decreto 1691 (23/09/2022), en el cual se avala el Acuerdo Transaccional firmado entre la provincia y la empresa, en el marco de lo dispuesto por la Ley 9234, sobre Acuerdos Transaccionales, Judiciales o Prejudiciales.

Al tratarse en comisión, se indicó que esta empresa tiene como tarea “la recolección de residuos patológicos y patogénicos”, la cual es de “carácter de servicio público”. Esos desechos también son tratados por la empresa en “hornos pirolíticos”, para luego depositar el resultado en “piletones de Capdevilla, cerca de Minetti, en Las Heras”.

De acuerdo a los considerandos del Decreto, se detalla que “la empresa TYSA LAMCEF UTE, es concesionaria del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos y farmacéuticos en la provincia de Mendoza”. En tal sentido, agrega que “la empresa ha efectuado diversos reclamos por redeterminación de tarifas”, consignados en el acuerdo transaccional.

Según se explicó, en el pliego de concesión se establece una incidencia de los costos que tiene la empresa, como combustible, personal, impuestos, por lo que podían pedir actualizaciones en la tarifa, a lo que se suma la incidencia de la pandemia en donde “se incrementó sustancialmente la cantidad de residuos que tuvieron que trabajar”.

A fines del 2021 se determinó proceder a una conciliación por vía de la Ley, con intervención de Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado y la comisión específica que trata las actualizaciones. Esta propuesta tiene una validez de 90 días desde la firma del convenio, “por lo que se requiere la aprobación para que se pueda producir el pago en el corto plazo”, se sostuvo en LAC.

Precisamente en 2021 se dictó el decreto 2239, donde se fija la tarifa aplicable al servicio y encomendando al Asesor de Gobierno y al Fiscal de Estado dar inicio al proceso transaccional previsto en la Ley 9234, a fin de “dar finiquito a todas las reclamaciones administrativas pendientes de resolución por parte de la provincia en diferentes etapas de trámite”, se remarcó.

De igual forma, añade que “en las sucesivas presentaciones realizadas por la empresa con motivo del Acuerdo Transaccional, se propone la condonación de la deuda mantenida por los efectores de salud del subsector privado, lo que debe interpretarse como un importante beneficio para el Estado, toda vez que – en caso contrario – el Gobierno debió haber acudido a salvar esa deuda por vía del subsidio”.

Asimismo, los considerandos manifiestan que “en las mismas presentaciones se acuerda otorgar una reducción del 50% sobre los intereses aplicables a la deuda mantenida en concepto de servicio de recolección por la Obra Social de Empleados Públicos” y que además, “se solicita la condonación de las deudas mantenidas por la empresa en concepto de Tasas adeudadas por tal concepto ante la Dirección de Protección Ambiental”.

“La propuesta tiene una validez de 90 días desde la firma del convenio, por lo que se requiere la aprobación para que se pueda producir el pago en el corto plazo. Si esto termina en la justicia, sería más perjudicial para la provincia. Necesitamos liberar la concesión de esa planta para volver a licitar nuevamente, para que esta u otra empresa se haga cargo por los próximos 5 años procesando estos residuos, y construya una nueva pileta”, señalaron desde el Poder Ejecutivo al momento de trabajar el proyecto en comisiones. A su vez mencionaron que “con este acuerdo queda toda la deuda saldada con los públicos y privados hasta la fecha del convenio, y la empresa suspende cualquier juicio a la provincia salvo para el caso que a posterior no pague por los servicios”.

Entre la información vertida durante el análisis en comisión, se expresó que actualmente, sólo el 40% del predio total de Capdevilla está ocupado y que en el proyecto original ya estaba prevista una segunda pileta. La que funciona hoy, la construyó el mismo concesionario y tras lo sucedido en la pandemia, se encuentra saturada.

Al momento de hacer uso de la palabra en Sesión, la diputada Daniela García (UCR), explicó que “este expediente tiene el objeto de ratificar el Decreto 1691, que es un acuerdo transaccional entre la empresa concesionaria del servicio público que realiza el tratamiento, recolección y transporte de residuos patogénicos y farmacéuticos con la provincia de Mendoza. Este acuerdo se da dentro del marco de la Ley 9234 que aprueba los procedimientos transaccionales en estos casos”.

Sintetizó García al mencionar que “la provincia tiene 90 días para pagar este acuerdo. Es urgente la construcción de una nueva pileta de contención, y por otra parte se necesita realizar la nueva licitación pública”.

En tanto, Mercedes Llano (PD) adelantó su voto negativo considerando que el hecho de que “la fijación de las tarifas no hayan sido sometidas a audiencia pública derivan en este dinero a pagar”.

Por su parte, Adrián Reche (UCR), ponderó que en este caso se “ha cumplido todo lo que respecta a un marco normativo que está vigente, por la ley  7.778 que determinó el servicio público del tratamiento de los residuos patogénicos”.