La comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que preside Verónica Valverde (FdT-PJ) continuó con el análisis de los proyectos que apuntan al tratamiento y disposición final de los residuos electrónicos y eléctricos.
El objetivo es establecer medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes, así como regular su gestión por parte de agentes privados para mejorar la protección del medio ambiente.
Para ir conociendo la posición de los distintos municipios de la provincia respecto de la temática, participó de la reunión de tablas el director de Ambiente de la Municipalidad de Lavalle, Jorge Gisber.
El funcionario señaló que los residuos conocidos como RAEE o E-scrap “son la fracción de residuos que más crece a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. La situación está directamente relacionado con el mejor consumo y la velocidad de recambio de los aparatos eléctricos y electrónicos”.
“Esta situación tiene un gran impacto sobre la naturaleza y la salud, ya que se fabrican a partir de recursos naturales no renovables y en algunos casos contienen sustancias peligrosas”, indicó.
Según su opinión “la adecuada gestión de los RAEE permitirá reducir los riesgos de liberar las sustancias peligrosas y permitirá recuperar materiales que podrán reinsertarse en la industria”, acotando que las tasas de reciclaje en América del sur “son del 0,7 por ciento, mientras que en Europa es del 42,5 y el América del norte, 15 por ciento”.
RAEE en Lavalle
Gisber informó que en Argentina se producen 8 Kg. de residuos eléctricos y electrónicos por año por habitante y que considerando que Lavalle tiene una población de 45 mil habitantes, anualmente se generan 360 toneladas de RAEE. “El costo, en la única recicladora que tiene Mendoza, es de 200 pesos por Kg. lo que significa que el municipio debería utilizar 71 millones de pesos, que es el 4 por ciento de su presupuesto para reciclar este producido”, manifestó.
“Lo que hemos podido hacer entre diciembre de 2021 a noviembre de 2022 es reciclar 2,1 Tn con un costo total para el municipio de 400 mil pesos”, agregó.
El funcionario lavallino hizo hincapié en la necesidad de que “exista un marco normativo que regule la problemática de una manera efectiva”, y que haya “controles y fiscalización de abusos empresariales por obsolescencia prematura y/o imposibilidad de reparaciones de los productos”.
Minería Urbana
Detalló además que el E-scrap “es 300 por ciento más rico en cobre y otros metales que el promedio de las mejores vetas de la minería” y que “reciclar produce una fracción de la contaminación que produce la minería”.
Gisber dijo que como “hay ausencia de mecanismos de control que categorice los productos (durabilidad más facilidad de reparación), habrá que considerar los costos ambientales en los costos totales de producción”.
Habló también de la implementación de un enfoque de economía circular que requiere de la participación de múltiples actores: las empresas que diseñan y fabrican productos más sustentables (eco diseño) con procesos productivos respetuosos del ambiente (eco eficiencia); las administraciones públicas que articulan instrumentos necesarios, normas, incentivos económicos, infraestructuras, gestión de la innovación, etc., para posibilitar la implementación de tal sistema; las personas instituciones y empresas que consumen en forma responsable, separan los residuos que generan y los disponen de la manera adecuada, y las industrias usuarias de los materiales recuperados.
E-scrap, en una palabra que alude a los equipos electrónicos que, en breve, se convertirán en basura electrónica. Cualquier computadora, TV, proyector, reproductor multimedia, fotocopiadora o dispositivo móvil se vuelve e-scrap luego de años de uso. Hoy el mundo tiende al reciclado de estos productos para disminuir la cantidad de residuos tóxicos como el plomo, cromo o cadmio.
Los legisladores integrantes de la comisión de Ambiente, continuarán con la ronda de consultas a responsables de las áreas ambientales de los municipios mendocinos.