Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados dio sanción final a la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración de la mina de cobre Cerro Amarillo, ubicada en el departamento de Malargüe.

El objetivo, es evaluar las características geofísicas y el potencial geológico del yacimiento de cobre, uno de los minerales con mayor demanda en el mundo  por sus múltiples aplicaciones, siempre en el marco de la legislación provincial y nacional vigente.

La votación en el recinto resultó 30 votos por la afirmativa, 10 por la negativa, 5 abstenciones y dos ausentes.

El diputado Guillermo Mosso (DF), presidente de la comisión de Economía y miembro informante de esta  iniciativa del Poder Ejecutivo, hizo un repaso por la historia del proyecto y del proceso administrativo, desde 2006 a la actualidad.

Hizo referencia a los 14 informes técnicos de organismos públicos, los cuatro dictámenes del Instituto de Ambiente de la Facultad de ingeniería de la UNCuyo, así como de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, y dictamen sectorial de irrigación y del departamento de Malargüe.

“Ha cumplido con toda la normativa ambiental que la provincia requiere para este tipo de proyectos. Se enmarca en la 7722 y en el decreto 820/06, que regula el procedimiento ambiental minero”, señaló-

Tras recordar que “esto es exploración” y que el proceso “cumple con todas las normativas”, subrayó que “el objetivo es determinar la existencia de mineral en la zona. Cada proyecto de exploración incorpora la posibilidad enorme de acceder a conocimiento científico que de otra manera no se podría conseguir”.

“Esta DIA, si bien data de 2014, en ese momento no estaba la certeza del inventario de glaciares. Por eso no prosperó hasta tanto conocerse el inventario que ocurre en el 2017. Incluso en 2020 hay una actualización, y se ve que no hay afectación de cuerpos glaciares: de los 9 pozos hay 6 que están por debajo de la cota de glaciares y los otros 3, directamente no están en zona de glaciares”, añadió.

Por otra parte, otras voces se manifestaron a favor y en contra. Entre ellas, Emanuel Fugazzotto (PV), anticipó su voto negativo al afirmar que es un paso hacia la “entrega de soberanía ambiental, es avanzar ante el poder de las multinacionales mineras”.

“El texto habla de ubicaciones tentativas, más cerca de las posibilidades que de las certezas. Viola la legislación y la esencia de la 7722”, agregó.

En la misma línea se expresó Valentina Morán (FdT), quien dijo votar negativamente “por dudas respecto al manejo y funcionamiento” y porque “genera confusión, y el rol nuestro es facilitar instancias de participación y acceso de información a la ciudadanía”.

Verónica Valverde (FdT), quien se abstuvo a la hora de votar, sostuvo que “hay que ser prudentes con las actividades económicas por su afectación del recurso hídrico. Las DIA deben actualizarse cada dos años porque el ambiente es vivo, cambia con el transcurrir del tiempo, si no, no hablaríamos de cambio climático”.

También José Luis Ramón (Protectora), adelantó su rechazo al proyecto señalando que “esta ley está saliendo de espaldas a la sociedad. Se necesita de audiencia pública. Hay 192 fojas de información dada por distintos organismos que dicen que es inviable porque violenta la ley de glaciares, que son un bien común para la humanidad”.

“Es un proyecto económico en donde las ganancias las tendrán las empresas. Todos queremos progreso y en campaña tenemos que promover proyectos serios. Hablamos de minería pero no puede ser contaminante porque afectamos el agua”.

De igual modo, Bruno Ceschín (FdT), manifestó que “para este tipo de proyectos se necesita licencia social y es importante para ello la participación de todos aquellos actores que necesitan, quieren y deben expresarse en este sentido”, mientras que Roxana Escudero, del mismo bloque, expuso que “en Mendoza el tema minero genera mucha sensibilidad, por lo que al no tener participación ciudadana y con un tratamiento exprés, hace que no sea posible mi acompañamiento”.

Por la negativa se expresó igualmente Jorge Difonso (UP-FR), afirmando que “es pasar por encima de la Ley. Estamos inmersos en una sequía, gente que no puede regar su finca, barriadas completas con problemas de agua para consumo humano y nosotros estamos discutiendo esta Ley. Es momento de discutir cómo garantizamos el agua para todos”.

En otro orden, Mercedes Llano (PD), acompañó con su voto la iniciativa. Indicó que hay que alentar el “desarrollo económico por parte de privados. En la situación de pobreza, en un contexto de estancamiento de la actividad económica, hay que darle fuerte apoyo al desarrollo de la actividad minera”.

“Es un proyecto de exploración, de bajo impacto, compatible con el ambiente y bajo la 7722. Debemos contribuir a consolidar y desarrollar un sistema de alto control técnico para la transparencia del accionar público”, acotó.

Además, dijo que sobre “el proceso de impacto ambiental no tiene que pronunciarse la Legislatura porque es técnico y la Legislatura no está preparada para evaluar algo así”.

Asimismo, Gustavo Cairo (PRO), dijo que “si hubiere mineral y en la cantidad necesaria, vendrá otro proceso con audiencia pública, todo un lío para ver si desarrollamos algo en la provincia de Mendoza. Se niegan, pero después van a San Cayetano a pedir trabajo. Tenemos complejo de niño rico”.

Germán Gómez (FdT), quien acompañó el proyecto, esgrimió que todos “deberían ser claros en su posición y decir que no quieren minería y pedir la derogación del Código Minero nacional en el Congreso Nacional”.

“Para quienes decidimos defender una posición, hay que decir que no se ha violado ninguna disposición distinguiendo los procesos de manera diferente”, sintetizó.