La comisión de Cultura y Educación, que preside Natalia Vicencio (FdT-PJ), mantuvo un nuevo encuentro en el que se analizaron una serie de expedientes que la comisión tiene en el índice de trabajo. Dos iniciativas obtuvieron despacho, mientras que las demás pasarán al archivo por resultar extemporáneas, algunas serán enviadas a diferentes reparticiones para recepcionar opiniones y otras serán consultadas con los autores y autoras para delinear su redacción final.

Los proyectos que obtuvieron despacho se refieren a la “promesa de lealtad a la Constitución Nacional” para alumnos y alumnas; y a celebrarse convenios para brindar “capacitaciones mediante talleres, jornadas educativas y/o simulaciones de juicios por jurado para estudiantes del último nivel secundario”. Los mismos tienen como autoras a María José Sanz (UCR) y a Paola Calle (FdT-PJ), respectivamente.

El proyecto de Sanz sostiene en el articulado la adhesión a la Ley Nacional nº 27.505 que establece “la promesa de lealtad a la Constitución Nacional”, y por lo tanto, propone que se instituya una ceremonia escolar para efectivizar esa promesa. A su vez, se manifiesta en el texto que este acto de promesa será complementado “por una instancia previa de aprendizaje, reflexión y evaluación en materia constitucional”.

En la fundamentación, el proyecto indica que la propuesta es generar el compromiso con “nuestras raíces institucionales”, por ello “es que se está valorando una promesa a la Constitución Nacional, en el espíritu de que, ya adultos los promesantes, no involucren sus actos en rupturas institucionales ni tampoco tuerzan los valores que cada uno de los artículos de la Constitución Nacional y el cuerpo jurídico que de ella depende se altere o modifique sustancialmente”.

Asimismo, solicita el acompañamiento a esta iniciativa puesto que “desde la infancia y adolescencia se comienzan a alimentar valores, convicciones y acciones en defensa de nuestra nacionalidad, que nacen al conocimiento y respeto por la Constitución Nacional”.

La ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional se propone que se realice “el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional”, y sería efectuada por los alumnos y alumnas de tercer año de las escuelas secundarias de gestión pública y privada, en un acto académico con la presencia de la Bandera Nacional.

Por su parte, la iniciativa de Paola Calle (FdT-PJ), que recibió despacho favorable, se refiere a la posibilidad de “instrumentar un convenio entre la Dirección General de Escuelas y el Poder Judicial de la provincia, con el objetivo de brindar capacitaciones mediante talleres, jornadas educativas y/o simulaciones de juicios por jurado, para los alumnos y alumnas del último nivel secundario, acerca del rol que desempeña el ciudadano o la ciudadana que es convocado a participar como jurado popular en un juicio oral y público, según lo establecen la Constitución Nacional y la ley provincial 9.106 correspondiente a Juicios por Jurados Populares”.

Esta propuesta legislativa fue modificada a proyecto de Declaración y recibió el voto favorable de la comisión.

Calle indica en los fundamentos que “el nuevo rol de jurado popular desemboca en la imperante necesidad de que se proporcione a las nuevas generaciones de ciudadanos ciertas capacitaciones donde se les brinde la información que sea pertinente para que en un futuro cercano puedan desempeñar con mayor idoneidad la carga que se les solicite”.

Agrega también que “si bien el camino por recorrer es arduo y extenso en lo que en términos de juicio por jurados se refiere, la implementación del mismo es de significativo avance y progreso tanto a nivel jurídico como sociológico, por lo cual nos encontramos ahora en el desafío de educar a las mentes más jóvenes”. En este sentido, “hombres y mujeres de diecisiete y dieciocho años que transitan la finalización de sus estudios nivel secundario”, lograrán conocer más detalladamente “uno de los deberes que se ha incorporado en los últimos años a nuestra sociedad y que en la actualidad es de suma relevancia para la vida pública”.

En la mesa de trabajo de la comisión se argumentó la modificación del proyecto para que finalizara como Declaración puesto que al ser una política pública implementada por el gobierno de la provincia, no correspondía que fuese por Ley.