La comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, que preside Paula Zelaya (UCR), analizó dos iniciativas de María José Sanz (UCR) que abordan la temática de la perspectiva de género en la justicia. El objetivo es que de ambos proyectos surja un solo despacho, unificando los textos.

Para la oportunidad, fue invitada a participar de la reunión la doctora Marina Sánchez Herrero, quien es presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón y ex integrante del Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados.

Qué dicen los proyectos

La propuesta en estudio busca modificar el Código Procesal Penal – Ley 6730 –. Por un lado, en su artículo 241, que habla del “Tratamiento especial” se propone agregar un párrafo que disponga que “no gozarán de tratamiento especial, y estarán obligados a comparecer cuando los delitos investigados impliquen violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos”.

En tanto, como texto del artículo 419 promueve que: “El actor civil, Ministerio Publico y el imputado, conjuntamente o por separado, manifestarán su deseo de aplicar el procedimiento abreviado y acreditarán el cumplimiento de los requisitos de ley. El Fiscal de Instrucción o el Fiscal de Cámara en su caso, formulará la acusación, que podrá ser reformada, y que contendrá una descripción de la conducta atribuida y su calificación jurídica, y solicitará la pena por imponer”.

Además, sostiene que “se escuchará a la víctima, y cuando los hechos investigados configuren delitos contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, su criterio será vinculante y deberá garantizársele patrocinio letrado especializado en Derechos de las

Mujeres. Si existiere actor civil, el mismo podrá optar por la jurisdicción de tal fuero”.

Por otra parte, la otra iniciativa, tiene por objeto “dar respuesta efectiva a todas y a  cada una de las denuncias por violencia de género que se realicen, determinando la actuación obligatoria de los jueces y/o del Ministerio Público Fiscal ante cada denuncia que se presente o se peticione presentar”.

En ese sentido, propone modificar el inciso 1 del artículo 26 del Código Procesal Penal, relacionado a la posibilidad de que el representante del Ministerio Público Fiscal pueda solicitar la suspensión de la  persecución penal. En ese inciso, se agrega una salvedad para cuando se “afecte el interés público, o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él, o en los casos en que el o los delitos investigados impliquen cualquier forma de violencia de género, ajustándose a los términos de la Convención Belém Do Pará y de las leyes vigentes”.

También se busca modificar el artículo 30, indicando que “no procederá la suspensión a prueba en los casos en que el o los delitos investigados impliquen cualquier forma de violencia de género”, e incorpora el artículo 59 bis, disponiendo que “en los casos de denuncia por violencia de género, el agente fiscal en turno deberá consultar en el Sistema de Gestión a fin de corroborar la existencia de otros procesos en trámite o archivados que existan en la Unidad Fiscal, respecto del agresor, debiendo acumularse en un solo agente fiscal todas las causas en trámite o archivadas de violencia de género, seguidas contra el mismo victimario, previo tomar las medidas urgentes que garanticen la integridad física de las personas agredidas”.

Finalmente, propone incorporar el inciso g en el artículo 108, subrayando que “en los procesos vinculados con violencia de género, el Fiscal interviniente deberá mantener una entrevista personal con quien resulta víctima de violencia de género, no pudiendo en ningún caso eximirse de esta obligación, bajo ningún fundamento, reconociendo el derecho de la víctima a ser oída”.

“El proyecto es muy claro conceptualmente”

Para Sánchez Herrero, “es el mejor proyecto en lo que tiene que ver con acertar el punto de efectividad de qué es lo que queremos. No se va en vueltas, es muy claro conceptualmente respecto a qué trabajar, y profundamente novedoso”.

Según explicó la diputada Sanz durante la reunión, las iniciativas surgen del trabajo realizado por la invitada a través del Observatorio de Género de la Universidad de Mar del Plata. “Ella dio el puntapié y lo tomamos algunas diputadas, adaptándola al Código Procesal Penal de cada provincia”.

En esa línea, Sánchez Herrero sostuvo que “cuando hablamos de perspectiva de género siempre estamos hablando de violencia porque es lo que urge, lo que nos desarma, pero la perspectiva de género es mucho más amplia”.

Como ex integrante del Consejo de la Magistratura, dijo que observó que “el 90% de las denuncias contra jueces y juezas – no estigmatizamos sino que hay que romper paradigmas – todas tenían que ver con una falla procedimental, con algo que no se hizo, que se podría haber pensado”, y agregó que “el hombre no nos tiene miedo ni a nosotras  ni al sistema. No hay miedo porque no hay consecuencia. Y no hay consecuencia porque hay inacción. Si no reconocemos la realidad difícilmente podremos salir de ella”.

Tras subrayar que “algo peor a la inacción es la acción ineficiente, la que pretendiendo responder, no responde”, destacó que “esto me llevó a pensar qué podemos hacer. Y más allá del Observatorio, la idea final que luego pudo llevarse adelante en todo el país, se discutió en una mesa federal”, de la que Sanz participa.

Sobre la propuesta de la diputada mendocina, la especialista afirmóo que “adopta decisiones”. El Estado, añadió, “ni aunque quisiera puede ser omnipotente ni omnipresente, porque no puede evitar todo. Pero acá estamos pidiendo que cumplan con sus deberes, más allá de que sea su responsabilidad. Este proyecto es marcar pautas que no debiéramos pero parece que sí, por eso se distingue, de lo que debiera hacer la justicia cuando hablamos de una cuestión de violencia de género”.

Sánchez Herrero explicó que “cuando se llega a hacer una denuncia hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, todo lo que pasó la víctima para animarse a hablar, la desesperación total, acudiendo a quien tiene que darle una respuesta, es un grito de ayuda. La mayoría de las denuncias no tienen prácticamente tratamiento. Es cierto que hay un caudal de denuncias infinito, pero cuando vemos las estadísticas, la mayoría se archiva sin hacer nada. Y en ese porcentaje están las que mueren o sufren una pésima calidad de vida”.

Afirmó al respecto que “en todos los casos públicos que hemos tenido, el Estado falló en su respuesta. No puede hacer que no nos peguen, pero sí tiene que dar respuesta ante las denuncias. Hoy hay una realidad que dice que tenemos que prestarle atención a todas estas cuestiones y resolverlas. ¿Cómo? Cambiando los paradigmas”.

De acuerdo a su visión, “para el violento el costo es nada. Desde Insultar, denigrar, pegarle a una mujer. Hacer dos o tres meses de trabajo comunitario, es nada. Porque ya no está inserto en la sociedad, es una persona a la que ya no le importa nada”.

Otro punto que destacó de los proyectos “es la ruptura del concepto de privilegio. Me sorprendió gratamente. Todos somos iguales ante la ley y nadie puede ampararse cuando hablamos de género. Porque la ponemos en valor por sobre cualquier privilegio o garantía de ejercicio de la función”.

“Lo del juicio abreviado es importante y también el artículo que impide al fiscal cesar en la investigación penal cuando se trate de violencia de género”, subrayó.

Si bien realizó algunas sugerencias en cuanto a la “cuestión normativa para ser más contundente con la cuestión de género”, dijo que “es un proyecto que se festeja, sería el primero en ser sancionado de todo este trabajo”, más allá de que se han presentado iniciativas similares en otras provincias.