Junto a las autoridades del Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (UP), analizó un proyecto con media sanción del Senado por el cual se modifica el Régimen para la fabricación y comercialización de productos agroquímicos, en lo relacionado a la receta agronómica.

Diego Fernández, titular del CIAM, indicó al respecto que la Ley 5665, que establece dicho Régimen, “fue una Ley pionera en el país y ya planteaba que era necesaria la receta agronómica. Hoy hay 13 provincias que ya la aplican y es que un profesional visite un campo, hace un diagnóstico y dice qué es lo que se necesita aplicar, y debajo dirá cómo lo tiene que aplicar, similar a la medicina. Se dice el diagnóstico, se hace la receta y luego se archiva”.

La media sanción en estudio, plantea una modificación al Artículo 13 de la Ley 5.665, estableciendo que “los profesionales Ingenieros Agrónomos matriculados serán quienes deberán emitir la prescripción técnica con receta agronómica archivada, de todos los agroquímicos y productos domisanitarios clasificados como clases toxicológicas I a y I b (banda roja) – Extremadamente y Altamente peligrosos, respectivamente”.

Además, dispone que “los Ingenieros Agrónomos que dependan de las empresas de venta, uso y movimiento de agroquímicos, deberán prescribir sin costo alguno, la receta agronómica a los productores agropecuarios que demanden estos productos. La autoridad de aplicación definirá en la reglamentación un cronograma de implementación del presente artículo priorizando la inmediatez en función de la clase tóxica. Inicialmente coexisten dos formas de emisión técnica, el formato denominado físico o en papel y el formato electrónico o digital.”

Según se señaló durante la reunión, existen distintas “bandas” de colores vinculadas con el grado de peligrosidad: “verde, azul, amarilla y roja”, por lo que si bien pidieron por esta modificación, señalaron que lo ideal sería seguir trabajando “sobre otros puntos, para ir más allá”. Y agregaron “que el Estado haga el contralor y que la legislación sea adaptativa”.

De acuerdo a la fundamentación del proyecto, “si bien está vigente la Ley provincial de Agroquímicos, Ley Nº 5.665, sancionada en el año 1991, se hace necesario, luego de más de una década, adaptarla a la época que vivimos con todos los cambios científicos y  tecnológicos que en esa materia se ha desarrollado”.

Para continuar analizando la temática, desde la comisión acordaron invitar próximamente a funcionarios del ISCAMEN como así también a representantes de cámaras de la producción, para que opinen al respecto.