La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (UP), continuó en el tratamiento de un proyecto con media sanción del Senado por el cual se modifica el Régimen para la fabricación y comercialización de productos agroquímicos, en lo relacionado a la receta agronómica.

En esta oportunidad, participaron del encuentro Oscar Astorga, en representación del Iscamen, y Mauricio Marín, de la Cámara de Comercio de San Rafael, a quienes se sumó Diego Fernández, titular del CIAM.

Astorga señaló sobre la temática que “hablar de agroquímicos es un tema sensible, porque lo que está en el podio es el ambiente”, por lo que “el tema histórico es la receta, realizada por un profesional matriculado”, que representaría “un paso hacia una trazabilidad”.

“Hoy por hoy el mundo de agroquímicos se maneja sin esa trazabilidad, más allá de todo los controles y de lo implementado por el Iscamen. Pero necesitamos lo más fuerte que es la modificación de este artículo de la Ley, para implementar la receta agronómica” que “viene a cubrir un bache importantísimo en el manejo de estas herramientas”.

“Los agroquímicos van a seguir estando, independientemente que sea un mercado pequeño, se trata de productos tóxicos, por ello la necesidad de ponerle un orden”, acotó.

Tras manifestar su acuerdo con el proyecto en estudio, sostuvo que “tendrá cero costo extra al productor porque culturalmente el productor se mueve con agroquímicos con los ingenieros que están en las agroquímicas”.

En relación a la trazabilidad, indicó que “frente a este bache se hicieron muchas resoluciones en el Iscamen que están vigentes. Esos productos tienen una trazabilidad desde que ingresan a la provincia hasta que llega al productor”. Esto hace a las “buenas prácticas agrícolas, pero falta la receta, herramienta de contralor profesional, que jerarquiza la profesión y desde el punto de vista del control, lo vuelve más eficiente”, más allá que en lo que hace al manejo de los “altamente peligrosos, están bajo el sistema informático de Iscamen, donde queda registrado todo el circuito desde que ingresa a la provincia”. 

Al ser consultado sobre el uso de estos agroquímicos en los distintos sectores dijo que el mayor problema se presenta con “el sector hortícola. Porque la palabra de los colegas, lo que hace Iscamen, lo que puede hacer alguna empresa es muy poco frente a la cadena comercial. Si los grandes comercializadores (como los supermercados)  no les exigen a los proveedores un mínimo certificado ambiental, es como un diálogo de sordos. La cadena comercial no le exige. Se enojan cuando fiscalizamos. El sector más vulnerable es el hortícola”.

La media sanción que se encuentra bajo análisis, plantea una modificación al Artículo 13 de la Ley 5.665, estableciendo que “los profesionales Ingenieros Agrónomos matriculados serán quienes deberán emitir la prescripción técnica con receta agronómica archivada, de todos los agroquímicos y productos domisanitarios clasificados como clases toxicológicas I a y I b (banda roja) – Extremadamente y Altamente peligrosos, respectivamente”.

Además, dispone que “los Ingenieros Agrónomos que dependan de las empresas de venta, uso y movimiento de agroquímicos, deberán prescribir sin costo alguno, la receta agronómica a los productores agropecuarios que demanden estos productos. La autoridad de aplicación definirá en la reglamentación un cronograma de implementación del presente artículo priorizando la inmediatez en función de la clase tóxica. Inicialmente coexisten dos formas de emisión técnica, el formato denominado físico o en papel y el formato electrónico o digital.”

De acuerdo a la fundamentación del proyecto, “si bien está vigente la Ley provincial de Agroquímicos, Ley Nº 5.665, sancionada en el año 1991, se hace necesario, luego de más de una década, adaptarla a la época que vivimos con todos los cambios científicos y  tecnológicos que en esa materia se ha desarrollado”.

La comisión continuará estudiando el proyecto con nuevas consultas que se desarrollarán en la reunión de LAC del próximo martes.