La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto del Ejecutivo, por el que se ratifican los Decretos Nº 1.006 (19-05-2023) y Nº 1.191 (09-06-2023), relacionados a excepciones a la Ley que dispone topes salariales en la administración pública.
El primero de ellos, se refiere a exceptuar “de la aplicación de la Ley Nº 8.727, a los profesionales que se mencionan en el anexo” del mismo decreto; y en segundo lugar el decreto 1191 en el cual se incorpora en el Anexo del Decreto 1006/23 “a los profesionales que se desempeñan como recurso humano crítico en efectores de salud de la Provincia de Mendoza”.
En los considerandos de las iniciativas se indica que la solicitud que se realiza “encuentra su fundamento en la necesidad de asegurar la continuidad de la prestación de servicios” en distintas especialidades, “considerando a sus profesionales recurso humano crítico” y a su vez, “teniendo en cuenta también que (estos profesionales) revisten en cargos con Bloqueo de Título, condición que implica el carácter de exclusividad en la prestación de servicios o con Adicional por Mayor Dedicación Profesional cumpliendo hasta 55 horas semanales, en los efectores sanitarios de la provincia de Mendoza”.
Cabe recordar que la Ley 8727, es la que establece topes a las remuneraciones de funcionarios, empleados o contratados, que presten servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central. Las excepciones previstas por estos decretos, incluye a más de veinte de profesionales médicos de distintos centros asistenciales.
Debate
Enrique Thomas, del Bloque PRO, afirmó que “se busca ratificar los decretos 1006 y 1191, que plantean la excepción a la Ley Nº 8.727, que establece límites a los sueldos de los funcionarios de Mendoza. Esta excepción que se pide en estos decretos, cumple con los requisitos que se establecen en el artículo 4º de la mencionada Ley, donde se fija que se puede dar una excepción, luego de realizar un análisis exhaustivo e individual de profesionales que por su labor de función crítica, pueden ser autorizadas a superar el límite del sueldo del gobernador”.
Asimismo destacó que “se busca con este proyecto que 24 profesionales de la salud, tengan un sueldo acorde a su trabajo, que es especializado, que tienen bloqueo de título, o entre 45 y 55 horas semanales, y es personal considerado crítico en los centros sanitarios donde trabajan”, subrayó Thomas.
También dijo que “en la comisión de Hacienda este proyecto fue aprobado por unanimidad, este personal tiene hasta 15 años de perfeccionamiento y se busca que tenga una recompensa adecuada a su esfuerzo”.
Jorge Difonso (FR), destacó que “se apunta a generar una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda mejorar los honorarios de estos médicos, que como se ha dicho son especialistas que trabajan en la función crítica de los centros de salud”.
“Hay una situación grave que está sucediendo en Mendoza, y es que los profesionales de la salud, terminan yéndose de la provincia, los profesionales se van, porque no se mejoran las situaciones laborales”, consideró Difonso.
Germán Gómez, titular del bloque Frente de Todos, destacó que estos profesionales cuentan con una calidad humana y profesional evidentemente muy buena”.
“No dudo de las condiciones profesionales de estas personas, que han sido debidamente formadas, si bien el hombre es bueno, es bueno que se lo controle, y creemos que este decreto tiene muy pocas herramientas de control, para saber que estos profesionales deberán estar abocados a estas funciones específicas”.
También indicó que “una vez ratificado el mismo, presentaremos un proyecto, para que se establezca que se informe con periodicidad el cumplimento de las funciones de estos profesionales a modo de controlar el cumplimiento de sus tareas”.
Desde la UCR, el diputado Daniel Llaver indicó que “nadie cuestiona, con buen tino, que el mayor sueldo debe ser el del gobernador, con las escasas excepciones que fija la ley 8727 y para algunos casos excepcionales que sean debidamente justificados”. Remarcó que los decretos a refrendar se refieren a “profesionales altísimamente calificados. Estamos hablando de profesionales de altísimo renombre y muchos de ellos actúan en la salud pública de los hospitales públicos”.
En tanto, la diputada Verónica Valverde (FdT-PJ), sostuvo que desde su bloque acompañarían la propuesta pero que “Mendoza está con un nivel de salarios inferior a otras provincias. Desde nuestro bloque hemos presentado una iniciativa que tiende a modificar la redacción de la Ley 8727 que habla de los topes salariales”, no obstante, indicó que “nos parece importante que el Estado tenga topes”.
Por su parte, la diputada Mercedes Llano (PD), manifestó que “vamos a acompañar este proyecto por tratarse de funciones críticas para la prestación del servicio de salud de nuestra provincia. Entendemos que los salarios que hoy ofrece el Estado estarían por debajo de los que estaría ofreciendo el mercado y esto generaría un serio problema de retención de personal en esa área tan fundamental”.
A su vez, añadió Llano que “también queremos plantear que este tipo de política salarial no tiene que seguir el ritmo de las presentaciones judiciales que hagan los sindicatos respectivos, sino que deberían ser producto de una política salarial y en general de gestión del personal impulsada por el Ejecutivo”.